Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, aseguró que el juez Claudio Bonadio tiene pruebas para procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus dos hijos.

"El juez (Claudio) Bonadio hizo lo que hizo porque tiene las pruebas" al evaluar que "no se dicta un procesamiento" si no se tiene "mucha evidencia", sostuvo Alonso, y agregó que "es importante poner en valor determinadas decisiones. Cuando un juez toma estas decisiones es porque tiene mucha sospecha y mucha evidencia de que eso que está pensando es verdadero".

Además, consideró que el procesamiento no está vinculado con la cercanía de los comicios legislativos de octubre al afirmar que "un juez aplica la ley, no se está fijando cuándo son las elecciones. Ellos se deben manejar con pruebas y procedimientos. Un juez es un operador judicial, opera con el Código Procesal Penal".

Al ser consultada en un programa del canal América sobre si la ex mandataria debería estar presa, la titular de la OA respondió: "Yo no voy a responderte eso porque no me corresponde", y sumó que "si el juez considera que una persona tiene que estar detenida, o que hay un riesgo para la investigación y debe dictar prisión preventiva, sea quien sea, lo tiene que hacer, porque tiene de su lado las pruebas suficientes como para hacerlo".

La supuesta "banda" a la que hace alusión Bonadio habría utilizado la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como Cristobal López y el detenido Lázaro Báez.

El de este martes fue el tercer procesamiento en contra de la ex jefa de Estado desde que dejó el gobierno: antes Bonadio la procesó por irregularidades en la operatoria con dólar futuro y el juez Julián Ercolini por el presunto direccionamiento de la obra pública.

La ex mandataria y sus hijos fueron procesados por "por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita", aunque el juez procesó a otras 17 personas entre empresarios, contadores y escribanos, a los que consideró parte de la maniobra.

El magistrado sostuvo que la firma Los Sauces se conformó con "el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente".