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La diputada habla de un “oscuro patrimonio” y destaca que el titular del máximo tribunal vive en un departamento de Puerto Madero que no está a su nombre
07/04/2017 - 15:47hs

El pedido de juicio político de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti solicita la destitución del magistrado por supuestas irregularidades en la contratación del personal, del manejo de fondos presupuestarios y de bienes decomisados a narcotraficantes, entre otros puntos. La diputada de Cambiemos también apuntó al patrimonio y a las relaciones comerciales de Lorenzetti.

En el pedido de casi cien páginas redactado por la diputada Paula Oliveto y el abogado Juan López, entre otros, se denuncia que durante la gestión de Ricardo Lorenzetti entre 2010 y 2012 creció la planta de personal en 407 empleados, entre permanentes y temporarios. 

La forma de contratación mediante empleos temporarios es la que llama la atención, pues la falta de estabilidad en un lugar tan importante como el Máximo Tribunal permite discrecionalidades, arbitrariedades y presiones que van acompañada con la precariedad del trabajo”, agrega.

Además, subraya que “familiares directos de funcionarios y miembros de la Corte como es el caso de la esposa, Mara Perren, y la cuñada del Presidente de la Corte, Ana Marcela Perren, o el hijo de del Administrador y amigo de Lorenzetti, Marchi, Facundo Juan, para desempeñarse en la Secretaría del Tribunal, designado el 22 de diciembre de 2016”.

Más adelante, destaca que Lorenzetti “concentra muchas facultades que no tienen los demás ministros” como, por ejemplo, el fondo anticíclico creado en el 2013 que hoy tiene 11 mil millones de dólares.

Para Carrió con esa medida “el Consejo de la Magistratura se desfinanció y empezó a vivir únicamente con el presupuesto del ejercicio” y basa su denuncia en declaraciones a Perfil y Clarín del ex administrador de éste último organismo e hijo de la jueza federal María Servini de Cubría, Juan Carlos Cubría.

Otro punto es el decomiso de los bienes incautados al narcotráfico que deberían repartirse entre la Corte, la SEDRONAR y la Unidad de Información Financiera (UIF), indicó el diario Clarín. 

La Corte "incumplió" las normas de colaboración e información con la SEDRONAR, “arrogándose la facultad plena de administración y disposición de los bienes secuestrados al narcotráfico” y no informó a la comisión mixta cuáles son “los bienes secuestrados sobre los que aún no ha recaído sentencia condenatoria, incumpliendo lo signado por sus representantes en el mencionado Convenio”. 

Esto fue ratificado por la Auditoría General de la Nación en su informe de 2008 sobre la SEDRONAR, agrega. 

Pone como ejemplo, que de 277 automóviles secuestrados a los narcos, 198 fueron distribuídos entre miembros de la Corte y otros sectores de la Justicia.

El patrimonio del juez

En cuanto a los bienes de Lorenzetti, la diputada habla de un “oscuro patrimonio” y destaca que vive en un departamento de Puerto Madero que no está a su nombre. Luego precisa que en la declaración jurada de 2011 el miembro de la Corte indicaba que a mediados de ese año “poseía 718.551 dólares en cuentas bancarias de los Estados Unidos (547.533,60 "donados a sus hijos", según aclaró) y otros 265.000 dólares en cuenta en Argentina (en total poseía 983.551 dólares)”.

En sus cuatro cuentas bancarias en pesos en Argentina “sólo declaró un monto de 39.222 pesos. En total, Lorenzetti declaró en mayo de 2011 un patrimonio de 4.408.905 de pesos”.

Además, declaró poseer “dos casas en su Rafaela natal y la mitad de un tercer inmueble. Todas estas propiedades sumaban un monto de 78.824 pesos, conforme tasación fiscal. ¿Cómo obtuvo los fondos para adquirir esas propiedades? Según el presidente de la Corte, fue a través de "donaciones"”.

Otro punto se refiere a los vaivenes del llamado a licitación para comprar un software que sortee la asignación de jueces a las nuevas causas, a fin de reemplazar el viejo y sospechoso sistema que permitió, por ejemplo, el ex juez Norberto Oyarbide se quedó con la mayoría de las denuncias contra los K.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó “está vinculada a Eloy Gómez Gutiérrez, propietario de Transtool S.A y de Base 100”. “Gómez Gutiérrez, mantendría un férreo vínculo con el ex Secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.