En un año marcado por la cuestión electoral, esta podría ser la única reforma que el gobierno de Mauricio Macri logre sacar adelante este año, ya que despierta menos polémica. Sin embargo, para los inversores, la reforma al mercado de capitales sería una de las más importantes, con el potencial para transformar la capital trasandina en una plaza financiera relevante.

"Con toda su comodidad e internacionalismo, Buenos Aires tiene buenas posibilidades de convertirse en la Nueva York de América Latina" señaló la semana pasada Financial Times.

Tras su llegada al poder, en diciembre de 2015, una de las primeras medidas que instruyó Macri fue reducir las exigencias de permanencia para los capitales extranjeros.

Ahora, el proyecto presentado al congreso a fines del año pasado, incluye cambios mayores, con el objetivo de eliminar el "exceso de control y fiscalización" y alentar así la inversión extranjera.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, está confiado en que la iniciativa puede quedar resuelta este año y, según cálculos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), gracias a ella la actividad "se podría multiplicar por cinco en el caso de los bonos y por cuatro en acciones", Actualmente, el stock de productos regulados por la institución es de u$s50.000 millones, de los cuales u$s22.000 millones corresponden a acciones y el resto a bonos y fideicomisos.

De este modo, el Ejecutivo busca también aumentar la importancia de la bolsa de Buenos Aires, actualmente bastante pequeña para la economía del país. Con apenas 156.000 operaciones diarias, es casi la mitad de la de Santiago y está muy lejos de los 20,2 millones de Sao Paulo.

Las claves del proyectoLa nueva ley autoriza a la banca privada internacional a operar en el país desde el exterior bajo la figura del "asesor financiero", con determinados ahorristas. Ahora, solo puede hacerlo instalando una sede en la nación.

A su vez, elimina la doble tributación para los fondos comunes de inversión cerrados, del instrumento y del titular, dejando que el peso recaiga sólo en los inversionistas.

En el capítulo orientado a las pyme, obliga a las grandes empresas que tengan proveedores pequeños a pagar en un máximo de 20 días, o en el caso contrario a emitir un cheque de pago diferido, pagarés y otros títulos que se puedan cotizar en el mercado de capitales.

Menos EstadoPara atraer más inversionistas, sin embargo, la reforma aborda también una de las principales críticas de los inversores, sobre un exceso de regulación y supervisión.

Por eso, el proyecto restringe los poderes de la CNV. Actualmente, según la ley aprobada en el gobierno de Cristina Fernández, la institución puede intervenir en las empresas que cotizan en bolsa cuando "fueron vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores".

Para ello puede remover a los miembros del directorio y designar veedores con poder de veto. Según el proyecto, estas son "facultades exorbitantes que atentan contra la seguridad jurídica".

A la vez, modifica el modo de financiamiento de la institución, que ahora obtendrá un porcentaje de las operaciones y del retorno por inversión y no contará con un presupuesto oficial.

Sin embargo, según Diario Financiero, podrá imponer multas más altas, con un mínimo de $100.000 (u$s6.500) y un máximo de 100 millones, desde $5.000 y 20 millones actualmente.