En los últimos dìas se conoció de manera extraoficial la imagen de la carátula de una demanda penal iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en contra de 17 agentes de Bolsa por presunta manipulación del mercado.

La demanda, que fue presentada ante el fuero penal económico en diciembre pasado, recién trascendió en estos días, cuando por un problema de competencia entre juzgados se filtró entre los agentes de Bolsa parte de la información.

De acuerdo con el texto, una cantidad de agentes podría haber violado el artículo 309 del Código Penal, que apunta a operaciones que puedan hacer subir o bajar "el precio de valores negociables, valiéndose de noticias falsas, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio".

La Procelac, la unidad especial de investigación dependiente de la Procuración General de la Nación, inició una investigación luego de que en julio pasado se registraran en el mercado movimientos sospechosos con acciones, sobre todo, con la de Petrolera del Conosur (PSUR, en la jerga).

La operadora de las estaciones de servicio Sol, controlada por la estatal venezolana Pdvsa, registró en julio pasado una suba del 653% en apenas siete ruedas, ante especulaciones de venta. Pero luego perdió más de la mitad de su valor en tres jornadas, cuando su controlante informó en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no había hecho relevante alguno que fundamentara la suba.

En la denuncia de la Procelac están incluidas varias sociedades de Bolsa pequeñas, pero también grandes casas de bolsa de bancos públicos y de bancos privados extranjeros.

"No hay interés de perseguir penalmente cualquier cosa, sino de ser extremadamente prudentes en la elección de los casos. Ante la sensibilidad que plantea el mercado de capitales hay que tomar todos los recaudos, para eso se usan las herramientas de la ley. No somos denunciadores seriales", dijo a este diario el titular de la Procelac, Gabriel Pérez Barberá.

En rigor, admiten fuentes al tanto de la investigación, que serían todos agentes que operaron ese papel durante el periodo investigado. No en todos los casos se estaría presumiendo un delito, pero, explicaron, la Procelac debió judicializar la investigación para así poder avanzar en los pedidos de información sobre los inversores detrás de esas operaciones. Por el secreto bursátil, la Procelac no tiene competencias para acceder a esta información, sí la Justicia.

Más casos

Pero el caso de PSUR no es el único en la mira. De las 20 causas que había en la Justicia en diciembre de 2016 por delitos del mercado, 19 fueron presentadas por la Procelac (sólo 11 el año pasado). La mayoría, por presumir que existió manipulación del mercado, por uso y suministro de información privilegiada o por intermediación bursátil no autorizada.

Y, anticipan, este año la cifra podría crecer más. La Procelac, por lo pronto, estaría siguiendo de cerca el caso de Corneille Bursátil, recientemente suspendida por la CNV. 

En los últimos años, según La Nación, muchas de las investigaciones de la Procelac -que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó- fueron cuestionadas por su contenido político.

Pero la nueva gestión, que asumió en mayo pasado, asegura no tener condicionamientos. "Negamos enfáticamente influencia política -dijo, tajante, Pérez Barberá-. Nos hemos enfocado en darle un perfil técnico a la unidad, sobre todo, para darles confianza a los fiscales. Tenemos un 85% más de pedidos de colaboración de fiscales que un año antes", aseguró.