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Avanza una investigación que complica el futuro de Gils Carbó
13-04-2017 El juez Ercolini ordenó cuatro allanamientos por la presunta compra irregular de un edificio para la Procuración. Habilita otra vía para el juicio político
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El juez federal Julián Ercolini ordenó allanar cuatro dependencias de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, para obtener registros de la compra de un edificio realizada en 2013 por casi $44 millones, unos u$s8 millones de la época.

Los procedimientos se extendieron a la inmobiliaria que intervino en la operación, Jaureguiberry y Asociados, y a la casa de un intermediario, que cobró una comisión de casi 3 millones de pesos y que es medio hermano de un funcionario de la Procuración General de la Nación que estaba en el área de contrataciones.

La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.

Gils Carbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno, y que espera su tratamiento en el Congreso.

Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada esta investigación, allanó el edificio de la Procuración de Perón 667 (el mismo cuya compra se investiga) para buscar en las oficinas de la Procelac -que es la procuraduría a cargo de los delitos económicos-, los registros informáticos que hubiera realizado Guillermo Bellingi, el número dos del área de contrataciones, el sospechoso ligado a la operación inmobiliaria.

También fueron allanados la casa del medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, en Los Hornos (La Plata), y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Entre ambos se repartieron los $7,7 millones de comisiones por la operación.

Thill aparece en medio de la operación como asesorando a la inmobiliaria que intervino en la venta que hizo la firma Arfinsa. Pero el contrato por ese asesoramiento que permitió el pago se firmó antes de que se supiera que existía la licitación. Se cree que Thill tenía información privilegiada, indicó el diario La Nación.

La procuradora, cuando asumió el cargo tras el alejamiento de Esteban Righi en el kirchnerismo anuló una licitación previa y llamó a una nueva para comprar un edificio.

El de Perón al 600 aparecía para la Procuración como el mejor, porque era el más barato, el más grande, el que ofrecía características que les convenían y que estaba a buen precio, porque es un edificio histórico protegido que no se puede modificar. Se pagaron $43,8 millones y el fiscal Taiano pidió ahora que la Unidad de Información Financiera (UIF) haga la trazabilidad de ese dinero y del que se pagó en comisiones.

En la Procuración festejaban esta decisión porque dicen que el estudio librará de toda sospecha a Gils Carbó como interviniente en la operación.

El 1º de marzo de 2013, Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora para la venta. Pero el 4 de marzo, Jaureguiberry contrató a su vez a Thill, agregó el matutino.

Lo sospechoso del contrato entre los dos intermediarios es que fue firmado aunque la licitación pública aún no había sido formalizada, hecho que recién ocurrió el 6 de marzo mediante la resolución administrativa 317/2013 rubricada por Gils Carbó. Hubo cinco ofertas, pero ganó la de Jaureguiberry y Thill. Arfinsa cobró del Estado y pagó $7,7 millones de comisión.

Gils Carbó está imputada en el expediente donde se presentó con su abogado, Alejandro Rúa -el mismo que defiende a Cristina Kirchner en el caso por el pacto con Irán-, y explicó su actuación en la licitación. El expediente de la compra ya está en la causa penal.


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