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Stolbizer apuntó contra 57 funcionarios K que siguen en el Gobierno

Los acusa de tener “conflicto de intereses” y de perjudicar la gestión pública. Además, propone varias medidas para organizar el empleo público
17/04/2017 - 15:39hs
Stolbizer apuntó contra 57 funcionarios K que siguen en el Gobierno

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, apuntó contra 57 funcionarios nombrados durante la gestión de Cristina Kirchner que permanecen en el Gobierno.

A través de un informe, la diputada sostuvo que secretarios, subsecretarios y directores nacionales continúan en las carteras en las que se desempeñaron durante el kirchnerismo.

La líder del GEN advierte que el gobierno de Macri no movió a los funcionarios nacionales nombrados por la ex presidenta, y que ese motivo, sumado a los múltiples conflictos de interés de los funcionarios de Cambiemos, perjudican la gestión pública.

Según publicó un matutino porteño, entre los mencionados se encuentran ocho integrantes del ministerio de Agroindustria, que conduce Ricardo Buryaile. 

También se señaló a funcionarios de las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que dirige Lino Barañao, en donde se detectó la continuidad de 14 funcionarios. 

A su vez, en el ministerio de Cultura, que conduce Pablo Avelluto, el informe llama la atención sobre dos funcionarios.

A ellos se suman el ministerio de Defensa encabezado por Julio Martínez, con cuatro cargos.

Otros tres casos fueron mencionados están en el Ministerio de Transporte, encabezado por Guillermo Dietrich.

También hay altos funcionarios nombrados durante la gestión anterior en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (cuatro), Turismo (siete), Interior (dos) y Jefatura de Gabinete (tres).

En el Ministerio de Trabajo se suman tres funcionarios y cuatro en la cartera de Producción.

El documento también apunta contra tres directores dependientes de Presidencia de la Nación. La diputada propone varias medidas para organizar el empleo público: un régimen que reglamente la situación del personal estatal en las transiciones presidenciales, un sistema de ingresos que priorice el mérito, la “jerarquización y profesionalización” del empleo público, la revisión de los contratos que se hayan realizado a través de mecanismos extraordinarios, la reducción de las categorías existentes a fin de unificarlas y la sanción de una ley sobre violencia y acoso en el ámbito de la administración pública.