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Forma parte de la iniciativa oficial y beneficiará a las Pymes que fabrican productos industriales. Se aceleran las licitaciones de obras públicas
20/04/2017 - 00:07hs

La reactivación de la construcción es una de las prioridades del Ejecutivo, que busca mostrar algunos números positivos en este año electoral.

Ahora, para dinamizar más el sector, se planea anunciar un acuerdo con Aluar, el único fabricante de aluminio en el país, para bajar el precio de los barrotes de de este metal.

La medida beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas industriales que los compran para fabricar productos elaborados, como perfiles, ventanas y puertas, entre otras cosas.

Los detalles del acuerdo entre Aluar y el ministerio de Producción todavía están en discusión, según comenta La Nación. Aunque se señala que el anuncio llegaría durante esta semana.

"Asumimos el compromiso cuando se anunció el acuerdo con la construcción de buscar reducir los precios de los insumos. En ese marco, se anunciarán baja de precio de los barrotes de aluminio, a partir de un acuerdo con Aluar. Todavía se está definiendo en cuánto", explicaron voceros del ministerio de Producción que conduce Francisco Cabrera.

De acuerdo con los últimos datos publicados por el INDEC, la actividad en el sector de la construcción cayó un 3,4% en febrero con respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), durante el primer bimestre del 2017 hubo una disminución del 2,9% comparado con el mismo período en 2016.

El Gobierno, no obstante, espera que esto se revierta en estos meses. Por lo pronto, las licitaciones de obra pública se están acelerando, lo que anticipa un mayor dinamismo para la construcción de la mano del Estado.

Un relevamiento de la consultora C&T Asesores Económicos, revela que en diciembre pasado se llamaron a licitación 381 obras públicas. El relevamiento toma en cuenta todas las obras públicas en el nivel nacional -viales, civiles, hidráulicas, de arquitectura o de ingeniería-, de más de $15 millones, e incluye al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, y las empresas estatales, señala La Nación.