La situación financiera que atraviesa el gobierno de Santa Cruz no es fácil de resolver. 

Si bien el escenario se tornó más conflictivo en las últimas horas, los problemas presupuestarios de la provincia vienen de largo arrastre. 

De hecho, hace unos meses, la gobernadora Alicia Kirchner le envió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, una carta en la que pedía la entrega de fondos, al tiempo que le reclamó a la Casa Rosada una "actitud federalista".

Las arcas provinciales están en rojo. Se estima que la gobernadora necesita la friolera de $4.600 millones para "emparchar" la crisis, el equivalente a unos u$s300 millones. 

En febrero, la hermana del fallecido ex presidente le había enviado una misiva solicitándole a Frigerio el envío de una primera partida $600 millones para "hacer frente a diferentes obligaciones".

A través de un comunicado, Alicia le exigió a Macri una "actitud federalista, una asistencia igualitaria a todas las provincias sea cual fuere el color político en el cual la población haya depositado la responsabilidad de la gestión".

La carta remitida al ministerio del Interior consignaba además que otras provincias habían recibido ayuda económica, por lo que la mandataria exigió "asistencia igualitaria".

A principios de abril, el Gobierno decidió enviarle $300 millones en concepto de anticipo financiero que le toca a la provincia por la coparticipación. 

Desde el oficialismo habían dejado trascender que estaban dispuestos a incrementar la ayuda si el kirchnerismo aplicaba reformas como las impulsadas el año pasado por la mandataria fueguina, Roxana Bertone. 

En este contexto, fuentes cercanas a la gobernadora aseguraron que estaban pidiendo autorización al Ejecutivo nacional para poder colocar bonos en el mercado. Sin embargo, la respuesta desde la Casa Rosada habría sido negativa.

Frente a estas limitaciones, Alicia Kirchner decidió pagar salarios con un tope y con retrasos porque -asegura- no alcanza para abonar la totalidad de las obligaciones con los recursos que tiene la provincia, lo que desencadenó las protestas. 

Quejas por la herencia recibida

A principios de abril, la gobernadora había asegurado que su Santa Cruz estaba "quebrada", en medio de una crisis económica y social que mantiene virtualmente paralizadas las actividades en las escuelas, los hospitales y los tribunales, mientras los jubilados luchan para cobrar a tiempo sus haberes. 

"No es fácil la situación en la provincia. Tenemos un ahogo financiero y nos dejaron la provincia quebrada", declaró. 

La crisis se refleja en la falta de acuerdo en las paritarias docentes y el resto de los empleados provinciales, la decisión de los jubilados de instalarse en la Caja de Previsión Social por retrasos en el cobro de sus haberes, en la falta de servicio de la Justicia, cuyo personal sigue acampando a la puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y en los hospitales, que funcionan únicamente con la atención de emergencias.

"Más que un reclamo gremial esto se ha transformado en un reclamo social", afirmó días atrás el secretario general del gremio docente Adosac, Pedro Cormack. 

Debido al largo conflicto, los padres de los alumnos afectados por las huelgas se sumaron a las protestas junto a los maestros, agrupados bajo el nombre de Padres Unidos.

"No hay pago de salarios ni reconocimiento de paritarias, más una obra social quebrada", indicó a su turno Juan José Ortega, dirigente de los judiciales de Santa Cruz y de la CTA autónoma.

Este año, al reclamo gremial se sumaron los jubilados provinciales, que desde enero no tienen fecha exacta para cobrar sus haberes, que históricamente cobraban todos los 24. 

"El 7 de abril nos dijeron que no nos pagaban marzo porque no les entraba plata, pero después le pagaron a la Policía y a nosotros no", dijo a Télam Elsa Ilnaho, representante de los jubilados. 

En tanto desde el área de Salud, el secretario del gremio, Hugo Jerez, advirtió que "se intensifica el conflicto, hay más sectores afectados por la falta de gestión y no hay pago en tiempo y forma ni apertura de paritarias".

"No es fácil porque los recursos son limitados y están determinados por el petróleo, las regalías petroleras, y tuvimos un déficit de 6.713 millones de pesos, una disminución en el 86 por ciento de la obra pública, y la eliminación de los reembolsos del puertos patagónicos", afirmó la mandataria.