Situación extraña para la Argentina de hoy: todos parecen estar de acuerdo en el diagnóstico sobre los graves hechos ocurridos en Santa Cruz el fin de semana.

Tanto el kirchnerismo como el Gobierno se mostraron alarmados por la escalada de violencia que llegó a poner en riesgo la integridad de la ex presidenta Cristina Kirchner, la gobernadora Alicia Kirchner, tres empleadas de la gobernación y la pequeña nieta de CFK.

Sorpresivamente, también hay consenso respecto de cómo se llegó a esta situación: el colapso financiero provocado por la superpoblada plantilla de dependientes estatales, que llega a niveles récord.

Concretamente, casi 90.000 empleados en una provincia que apenas supera los 300.000 habitantes. Para colmo, Santa Cruz tiene una dependencia excesiva de la industria petrolera, ahora en declive por la caída de los precios internacionales.

La ironía mayor de estas últimas horas fue que se reflotó el concepto de la "pesada herencia". La propia Cristina -que rechaza este término cuando es utilizado por los macristas para referirse a la situación en la que encontraron la economía nacional-, ahora lo enarboló para describir el escenario provincial K que debió atender su cuñada.

El Gobierno nacional coincide con esa visión. No podría desmentirla ante la contundencia de los números. Al asumir Alicia, el déficit presupuestario era del orden de los $5.000 millones.

Se trata de un rojo casi íntegramente explicable por salarios y jubilaciones, dado que la obra pública -tras tocar un máximo de 36% del presupuesto provincial en 2007-, disminuyó gradualmente hasta representar un escuálido 4%.

En definitiva, el diagnóstico compartido es el de un colapso producto de una pesada herencia que deja a la provincia de los Kirchner al borde de la inviabilidad.

El mensaje que todos transmitieron, desde Cristina hasta los ministros macristas, desde los sindicatos hasta los medios, es que "algo hay que hacer" en un jurisdicción donde los empleados y jubilados cobran mal y tarde, la propuesta a los docentes es un ajuste salarial de 3% y el fantasma del estallido violento está a la vuelta de la esquina.

Hasta hay consenso respecto de que el Gobierno nacional debe asistir financieramente a Santa Cruz para socorrerla en su emergencia, según se desprende de las declaraciones del ministro del interior, Rogelio Frigerio.La pelea por el costo político

Pero ahí termina el ámbito de los consensos y empieza el verdadero nudo del problema: quién debe pagar el costo político de la crisis.

Porque Cristina y Alicia sostienen el clásico discurso del empleo público como espacio de contención social y de refugio en una provincia donde, al decir de la ex Presidenta, si se echa a un estatal se lo condena a la miseria.

Juega a favor de ese argumento el escenario recesivo del que todavía varias regiones del país no logran escapar, como es claramente el caso de Santa Cruz, con su muy poca diversificada economía.

En consecuencia, la visión K es que -lejos de cualquier solución que implique un recorte de gastos- la dotación de empleados debe ser mantenida con la asistencia financiera de Macri.

En la vereda de enfrente, el diagnóstico gubernamental es totalmente diferente. Frigerio, aunque no de modo explícito, dio a entender con bastante claridad lo que se espera de la gobernadora Alicia Kirchner: que asuma el costo político de echar gente.

"Los gobernantes de Santa Cruz tienen que hacer lo que corresponde. Hay que ir ordenando gradualmente el desequilibrio fiscal que tienen y trabajar en el fortalecimiento de sus instituciones, tal como nos exige la ciudadanía a nosotros y a ellos también", aseguró el ministro.

Ante la acusación de que se pretende asfixiar a Santa Cruz para perjudicar políticamente al kirchnerismo, Frigerio respondió con números: el Gobierno nacional ya le envió $1.500 millones sólo en lo que va de este año. 

A esa cifra se le suman transferencias automáticas por coparticipación federal del orden de los $20.000 millones, entre 2016 y 2017.

Frigerio pronunció una frase muy sugestiva, dirigida a la gobernadora santacruceña: "Se tiene que dejar ayudar".

¿Qué significa "dejarse ayudar" en este contexto? No hay mucho espacio para la interpretación: el macrismo aumentará su flujo de fondos a cambio de que la provincia (que ya le adeuda $8.000 millones) le garantice que se está haciendo algo concreto por detener la sangría fiscal.

Santa Cruz, desde la llegada de Cristina al poder nacional, aumentó su nómina de empleados un 54%. De modo tal que todos entienden claramente que no se puede sostener la cantidad actual.

¿Cuánto es el "sobrante"? Si bien nadie lo dice con exactitud, hay algunas pistas: la relación de trabajadores estatales respecto de la población provincial es más del doble en comparación con el promedio nacional.

En un congreso nacional CREA, que tuvo lugar el año pasado, se expusieron datos crudos. Como por ejemplo que el Concejo Deliberante de Río Gallegos, que en 1993 -con Néstor Kirchner como gobernador- tenía 49 empleados, hoy cuenta con 600 integrantes.

En ese encuentro, el economista Félix Piacentini, experto en finanzas regionales y que hoy forma parte del equipo de Nicolás Dujovne, estimó en un 34% el exceso de empleo público provincial en todo el país.El uso político de la crisis

Santa Cruz se transformó ahora el nuevo centro de la eterna batalla: la de la imposición del "relato" en la opinión pública.

A primera vista, todo indica que el paso del tiempo favorece al Gobierno y perjudica al kirchnerismo, expuesto al malhumor social y la violencia en una provincia que es sinónimo del apellido Kirchner.

Es probable que en los comités de análisis políticos macristas haya, por estas horas, cierto regodeo.

La noticia de que Patricia Bullrich puso a disposición de Cristina y Alicia un helicóptero para trasladarlas en caso de emergencia -algo que en otro país sería un dato obvio- adquiere en la Argentina una significación fuerte.

A nadie escapa lo irónico de la situación, luego de los pronósticos k sobre final anticipado de Macri al estilo De la Rúa.

Por otra parte, las imágenes de protestas sindicales contra el kirchnerismo y el pedido de Cristina sobre el control policial ante los desmanes quitan legitimidad al discurso "anti mano dura" que la oposición desplegara en las últimas semanas.

Pero también resulta claro que el Gobierno nacional no gana mucho si deja que se tense la situación. Para empezar, porque la gravedad en Santa Cruz es de tal índole que no se puede descartar un final trágico si se repiten los enfrentamientos callejeros.

Pero, además, porque a nadie le sirve la salida de Alicia Kirchner de su cargo.

Lo que ocurriría al día siguiente es una intervención federal de la provincia, lo que pondría al macrismo en el antipático rol de tener que realizar el ajuste que no hizo el kirchnerismo. Justamente lo que quiere evitar.

En consecuencia, se buscará un acuerdo que implique la ayuda financiera para la provincia pero que el Gobierno nacional no dará "gratis", en términos políticos. Buscará por todos los medios mostrar las consecuencias que trae un desgobierno kirchnerista como el de esa provincia.

Esa estrategia, de hecho, ya empezó. Tras los desmanes, Mariana Zuvic, la diputada santacruceña del Parlasur y "heredera" política de Elisa Carrió, disparó munición gruesa contra el kirchnerismo: "El problema en Santa Cruz no es que falta plata, es que sobran ladrones".

"Percibió 46.000 millones en obras públicas, pero no hay rutas, no hay escuelas, no hay aguas, no hay cloacas, no hay infraestructura básica. Se robaron la plata, se la robaron toda", disparó.

Según la diputada, la ayuda del Ejecutivo debería alcanzar para cubrir el gasto corriente, que estimó en no más de $800 millones mensuales.

La crisis también dará pie para traer nuevamente al tapete nacional el reparto de la obra pública durante los 12 años de la era K: como se puso de manifiesto en la investigación sobre corrupción que involucra a la empresa de Lázaro Báez, Santa Cruz resultó adjudicataria del 12% del total de obras viales durante la gestión kirchnerista.

El monto aportado quintuplica el promedio provincial y pone una nota de duda respecto de cómo esa jurisdicción llegó a la actual descalabro económico.Cristina, agotando la teoría conspirativaDel otro lado de la "grieta", Cristina Kirchner es una clara perdedora de esta situación, cualquiera sea el resultado.

Si hay crisis con estallido social, quedará expuesta a las consabidas chicanas políticas sobre cuál habría sido el estado del país si el kirchnerismo hubiese triunfado en las urnas en 2015.

Si hay un arreglo que implique recorte de gastos, entonces deberá asumir el costo de refrendar una política antipática, de alto impacto social y que le restaría autoridad a sus críticas respecto del ajuste macrista a nivel nacional.

Por otra parte, empieza a ser evidente el desgaste de la teoría conspirativa. Su acusación al macrismo como organizador del intento de asalto a la casa de la gobernadora es un arma de doble filo, que hasta la expone a la burla en las redes sociales.

Desde sus antiguas denuncias a banqueros, empresarios del "círculo rojo" y poderosos gobiernos extranjeros hasta la del movilero de TN, Daniel Malnatti, hay una larga distancia recorrida.

Y, además, un recordatorio sobre los efectos colaterales de cultivar la "grieta" como estrategia política, algo que puede parecer coherente en los ensayos del filósofo Ernesto Laclau pero que entraña un peligro cuando se corporiza en la forma de una pedrada contra la casa donde hay una bebé de 18 meses.