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Al frente de una provincia insolvente, Alicia Kirchner debe mostrarse "market friendly": ¿la ayudará Macri con un aval?

La Casa Rosada debe otorgarle el permiso para obtener fondos frescos del exterior porque actúa como garante y tiene que responder en caso de incumplimiento
26/04/2017 - 11:08hs
Al frente de una provincia insolvente, Alicia Kirchner debe mostrarse "market friendly": ¿la ayudará Macri con un aval?

Prestarle plata a las provincias argentinas está entre los negocios más redituables del momento.

En un mundo de tasas bajas, acceder a un rendimiento del 8,95% a 10 años -como pagó Tierra del Fuego en su reciente colocación de u$s200 millones- o de 7,75% -como pagó Chubut por sus u$s650 millones- resulta más que atractivo.

Los bonos provinciales son los activos de renta fija más riesgosos del mercado, pero -o, acaso, por eso mismo- también los más seductores.

Ofrecen retornos superiores a la deuda soberana y también a las obligaciones negociables en dólares. Por eso, cada salida al mercado suele despertar interés.

Sin embargo, el de Santa Cruz parece un caso especial: a diferencia del resto de las jurisdicciones -que aprovechando el regreso de la Argentina al mercado internacional salió decididamente a hacerse de fondos para financiar obras y aliviar las exhaustas cajas- la provincia patagónica se topó con problemas.

A pesar de que suele decirse que las finanzas no tienen ideología ni prestan atención a los colores políticos, en este caso parece ser diferente.

Es que el hecho de que el kirchnerismo sea el que la administre hace que los inversores tengan un resguardo especial a la hora de poner allí su dinero.

Hace pocos días, la gobernadora Alicia Kirchner intentó colocar títulos en dólares para recibir dinero fresco desde el exterior. No pudo hacerlo, a pesar del atractivo interés que ofrecía, porque los financistas consideraron que se trataba de una operación muy riesgosa.

Además, se exigía litigar bajo la ley argentina, en lugar de la de Nueva York, Francia, Suiza o Inglaterra, como suele hacerse en los papeles que el país coloca en el exterior.

De esta forma, quedó descartada la emisión, ya que la tasa debería superar largamente el 10% anual en dólares. Si bien la provincia nunca caerá en default externo, porque la Nación saldrá en su ayuda, sí contraerá deudas en el plano local. Esta se irá cancelando de a poco, a través de menores giros por coparticipación y adelantos.

Claro que no todas las jurisdicciones son iguales, ni en recursos naturales ni en influencia política. Y esto es lo que complica las chances de la hermana del ex Presidente a la hora de salir a los mercados de deuda.

"No es lo mismo la situación del Gobierno nacional que la de las diferentes provincias. Y eso se tiene en cuenta en el precio de emisión y en el interés que se debe pagar", expresaron desde Delphos Investment.Un aval nacional para la provincia insolventeEsa situación, sumada a la urgencia con la cual la gobernadora debe conseguir fondos para paliar la grave crisis social, ha puesto sobre el tapete un tema clave, que será objeto de negociación en los próximos días.

Concretamente, el Ejecutivo debe dar su aval y encontrar la forma de que la provincia pueda tener acceso al mercado financiero internacional.

Este punto implica una serie de problemas. Para empezar, hay resistencia por parte de los propios socios de Mauricio Macri en Santa Cruz.

En especial, de aquellos que se perfilan como sucesores o, al menos, contendientes del kirchnerismo en las elecciones a gobernador en 2019, como el diputado radical Eduardo Costa.

Para el legislador, no hay una crisis de fondos sino que esos millones que la provincia "debería usar para pagar los salarios, negociar paritarias y calmar los reclamos sociales, el kirchnerismo los está usando para otra cosa".

Concretamente, para "armar un fideicomiso de garantías, con el fin de tomar deuda por $10.000 millones en el exterior y así financiar la próxima campaña en el conurbano bonaerense", afirma Costa.

De hecho, la gobernadora mantuvo una puja con Cambiemos respecto del permiso para el endeudamiento de la provincia. Protestó por la demora por parte del Ministerio del Interior en las tratativas para preparar las carpetas técnicas.

Alicia se quejó de que, si se hubiese acelerado los tiempos, podría haber conseguido una tasa similar a la de Chubut, pero que ahora está resignada a que el mercado no le preste por menos del 9%.

Hasta dejó una frase sugestiva: "Yo no quiero endeudarme, estoy buscando incluso otras alternativas. No quiero endeudarme porque después pasa lo que nos está pasando ahora, que tengo que pagar los sueldos que no se pagaron en gestiones anteriores".

No obstante, la toma de créditos a esta altura parece inevitable, luego de los sucesos violentos por el atraso con las remuneraciones.

Es probable que, aun a pesar de las objeciones, Macri decida otorgar los avales necesarios para que Santa Cruz consiga el préstamo por u$s350 millones con los cuales oxigenar las exhaustas arcas provinciales y recuperar algo de la paz social.

Todos son conscientes de la situación política santacruceña y de los riesgos que se corren.

Por lo pronto, debe pensarse en un esquema que le transmita al inversor seguridad en el cobro.

Esto, a su vez, implica la obtención de avales del Gobierno nacional y, eventualmente, un sistema de fideicomiso que posibilite que los ingresos de la provincia puedan "saltear" la cuenta bancaria de Santa Cruz.

A la hora de ponerle una puntuación al riesgo crediticio de una jurisdicción, son varios los factores que entran en consideración, incluyendo el político.

Así lo han señalado a este medio los analistas de las calificadoras de riesgo más importantes, que aclararon que si bien en los informes siempre figuran datos económicos y financieros, resulta imposible desconocer la influencia de otros aspectos, como por ejemplo el tipo de relación entre el Presidente y el gobernador en cuestión.

En estos casos se estudia, ante un cambio o enemistad con el Gobierno central, de qué manera una disminución de esos fondos discrecionales puede afectar las finanzas locales.

Es que no todos los gobernadores cuentan con el suficiente "blindaje". Si bien algunos cuentan con cierto margen de maniobra cuando el Presidente les da la espalda, otros son muy dependientes, algo que ha quedado bien en claro, por ejemplo, durante la gestión de Cristina Kirchner.

Las agencias de rating crediticio también le prestan atención a otras cuestiones, como los reclamos gremiales, ya que pueden derivar en un incremento del gasto que, en definitiva, afecta la situación fiscal.

En estos casos, cobran relevancia otros puntos. Por ejemplo, si cuentan con algún resguardo "adicional" como puede ser una garantía de coparticipación o de regalías.

Puede ocurrir, incluso, que la calificación de ese título sea mayor que la de la propia jurisdicción.

En esa línea, un documento elaborado por la CIPPEC advierte que la búsqueda de financiamiento en los mercados internacionales puede derivar en un incremento desmedido de los compromisos asumidos si no existen reglas claras para su autorización.

“La inminente salida de varias jurisdicciones a los mercados internacionales renueva la necesidad de establecer mecanismos y procedimientos explícitos para la gestión de la deuda”, asegura Walter Agosto, ex ministro de Hacienda y Finanzas de Santa Fe y actual investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de la CIPPEC.

Además, la mayoría de los pedidos por parte de las provincias, aseguran en el Gobierno, están afectados a la inversión en obra pública, una necesidad latente luego de varios años en los que las administraciones provinciales invirtieron anualmente hasta menos de 5% en infraestructura, en algunos casos.La carrera contrarreloj de AliciaPor lo pronto, Alicia Kirchner trata de conseguir un crédito del Banco Nación para resolver compromisos urgentes. La toma de préstamos fue aprobada a mediados de 2016 en la Legislatura provincial sólo con la presencia del kirchnerismo.

"Ese crédito tendría que darnos una solución temporal mientras se resuelve el tema del bono que necesita del aval de la Nación. Esto se vio demorado por muchas causas a nivel nacional y provincial", dijo la mandataria.

De acuerdo con el macrismo, todas estas operaciones deben darse dentro de pacto llamado “Lineamientos para un Nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

Comenzará a tener vigencia el año próximo, pero en este 2017 las distintas administraciones deben iniciar a recortar sus gastos.

Para las provincias que tienen sus cuentas más o menos ordenadas, como Córdoba, Santa Fe y Capital Federal, que también integra el convenio, el objetivo es de fácil cumplimiento.

Hay otros distritos, como la mencionada Santa Cruz, que están muy lejos de poder concretar lo previsto.

Es que uno de los puntos más importantes del compromiso entre gobiernos provinciales y Nación fue el de no aumentar la planta de personal.

La gobernadora se negó a desvincular empleados de la administración provincial. Sólo podrán incorporar, para el rubro salud y educación, una vez que hayan alcanzado el equilibrio fiscal.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo con Santa Cruz en estado de emergencia.  Si bien se mantiene el envío de fondos desde la Casa Rosada, por ahora no están previstas nuevas transferencias hasta fin de este mes.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Santa Cruz se ubica cuarta en el ranking del reparto de recursos nacionales por habitante: cada uno recibe $57.571. Aquí se incluye el dinero que envía la Nación por coparticipación federal, Fondo Federal Solidario, por transferencias corrientes y de capital.

La gobernadora indicó que los ingresos que obtienen resultan insuficientes para contrarrestar los efectos de la crisis de su provincia, a la que adjudicó a una situación heredada.

Además, remarcó que necesita los denominados Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) para lidiar con varios conflictos, además de un préstamo del Banco Nación y dinero por bonos colocados en el exterior.

Pero también reconoció que esos fondos le constituyen una deuda que en algún momento deberá afrontar, por lo que necesita reactivar la obra pública, que se encuentra frenada.