Legales
De cara a las elecciones, el macrismo y la oposición pugnan por instalar su agenda legislativa
28-04-2017 El Gobierno quiere avanzar con propuestas sobre “transparencia”, mientras le piden comenzar a debatir proyectos que reimpulsen el empleo y la industria. El caso Micaela García provocó que el Congreso retome propuestas sobre femicidios y libertad condicional
Por Sebastian Albornos
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Como suele suceder en la Argentina, los años electorales provocan una disminución en el trabajo de los legisladores, que piensan más en la campaña y en el armado de las listas para los comicios de agosto y octubre. 

La oposición más radicalizada, como el kirchnerismo y la izquierda, considera que el macrismo quiere tratar sólo los proyectos que no le provoquen un gran costo político o que le permitan instalar temas que le sirvan como estrategia proselitista.

Es que el oficialismo se encuentra en una situación incómoda porque debe negociar -y mucho- para lograr aprobar sus propuestas sin tener que ceder en demasía, teniendo en cuenta que tiene apenas 90 diputados sobre 257 y 16 senadores de 72.

Pero en otras propuestas, Cambiemos no deberá poner "palos en la rueda" a través del veto si quiere tener un año "tranquilo", teniendo en cuenta que su objetivo como espacio político es incrementar su representatividad en el Congreso para luego imponer su agenda.

Un interrogante que se le plantea a los analistas es saber si la denominada oposición “responsable” (que suele mantener un diálogo fluido con aquellos que son cercanos a Macri) hace lugar a los pedidos del Gobierno para priorizar debates sobre propuestas que ratifiquen la actual política económica o buscan ponerle un límite a la discusión.

A fines del año pasado comenzaron a verse los primeros encontronazos. Si bien el Gobierno pretendía sancionar un paquete que consideraba imprescindible, las negociaciones por la modificación del Impuesto a las Ganancias concentraron el debate, por lo que quedaron de lado la mayoría de las propuestas incluidas en el temario de las sesiones extraordinarias.

Este año, una de las incipientes señales la dio el Bloque Justicialista en Diputados, liderado por Oscar Romero y Diego Bossio, que quiere que se sancione una nueva ley de Compre Nacional, mientras se demora el envío del proyecto oficial por parte del Poder Ejecutivo.

Las comisiones de Obras Públicas y de Pymes, presididas respectivamente por Sergio Ziliotto y Pablo Kosiner, ambos del bloque mencionado, recibieron apoyo de dos referentes de peso de otros partidos opositores: los economistas Marco Lavagna (del Frente Renovador) y Axel Kicillof (del Frente para la Victoria).

El proyecto consiste en una reforma a la Ley 25.551, que regula el régimen de adquisiciones por parte del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos, con modificaciones en los artículos 1, 2 y 10, sobre adquisición, locación o leasing de bienes de origen local y sanciones.

“En este momento difícil resulta imprescindible generar un marco de protección a las pymes, la industria y al trabajo argentino, dándoles preferencia a bienes de producción propia. Si el mismo Estado no privilegia nuestros productos ¿quién lo va a hacer?”, se preguntó Kosiner en la reunión.

Desde Cambiemos admitieron que el proyecto oficial –que se dará a conocer en los próximos días- no coincide en algunos puntos con el de la oposición, pero aseguraron que el tema se va a debatir en el corto plazo. “Alguno va a salir”, indicó.

Pero el Gobierno –al mismo tiempo- quiere imponer sus iniciativas sobre “transparencia” por lo que impulsará reuniones en comisión para debatir lo elaborado por el Ministerio del Interior para regular el lobby, llamado "Ley de Gestión de Intereses".

Esta propuesta intenta "regular la actividad publicidad de la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional". 

Se establece la obligatoriedad de los funcionarios de los tres poderes a llevar un registro público de sus audiencias, citando nombre, cargo de los visitantes y los temas allí tratados.

Para la oposición no es un tema que los desvele ni mucho menos. De acuerdo con lo expresado a iProfesional por distintos sectores peronistas, se deberían debatir -de manera inmediata- aquello que ayude crear puestos de trabajo y a evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Mientras tanto en el recinto
El asesinato de la joven Micaela García en Entre Ríos a manos de Sebastián Wagner, quien estaba beneficiado por salidas transitorias de la cárcel mientras cumplía una condena por violación, hizo que se reactiven varios proyectos.

A pesar de que este impulso ocurrió a raíz de hechos que conmocionaron a la opinión pública, desde el Congreso remarcan que este tema “estaba dentro de la agenda”. 

En Diputados, las comisiones de Presupuesto, Justicia y Legislación Penal no pudo emitir dictamen sobre la iniciativa de ley que crea el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese), que pretende “dotar a la sociedad de información relacionada con los autores de delitos contra la integridad sexual”.

En tanto, el miércoles el Senado aprobó y devolvió a la cámara baja, con modificaciones, el plan de reforma la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que establece que los autores de delitos graves no podrán contar con el beneficio de las salidas anticipadastransitorias o libertad condicional.

Los cambios reducen la cantidad de delitos cuyos autores no dispondrán de los distintos regímenes de libertad. Se excluyeron los de homicidio simple y contrabando, y quedaron incluidos los de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo.

La Cámara Alta aprobó con modificaciones un proyecto que establece la privación de la responsabilidad parental para los homicidas de sus parejas, involucrando a ambos progenitores, con lo que volverá al Senado para su sanción definitiva.

Los cuatro hechos aberrantes que implican la pérdida automática de la responsabilidad parental serán el homicidio agravado por vínculo, por violencia de génerolesiones gravisimas y abuso del hijo o hija.

Tras una ardua discusión, el texto fue alterado en la cámara baja para que la suspensión de la responsabilidad parental se aplique cuando se dicte el procesamiento, salvo cuando se trate de una mujer que, en legitima defensa, mate a su pareja. Es decir, si el homicidio es cometido por la mujer hacia el hombre pero hubiera existido violencia de género previa.

Y el Senado sancionó una propuesta que equipara la penetración oral forzada con una violación. La iniciativa modifica el artículo 119 del Código Penal con el objetivo de condenar ese hecho (“fellatio in ore”) y la introducción de objetos por vía vaginal y anal (“empalamiento”), los cuales deberán ser considerados como delitos de violación. Ahora, pasa a Diputados.

Además, dio media sanción a una modificación del Código Penal para impedir que la suspensión del juicio a prueba o probation sea admisible cuando medie violencia de género que implique un delito.

Temas en carpeta
El Presidente, en su discurso en la Asamblea Legislativa, pidió que se debata el proyecto que presentó el 20 de octubre pasado, llamado Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 

Dicha propuesta establece una responsabilidad de la empresa más allá de las personas físicas que pudieran haber actuado en casos de corrupción. Estos delitos pueden haber sido cometidos por sus dueños, socios, accionistas, directores, gerentes o empleados.

Además, el Gobierno no se resigna a dejar perecer la iniciativa sobre el Primer empleo y blanqueo laboral. Mientras algunos bloques sugerían modificar la versión del Ejecutivo, otros lo rechazaban de plano, al igual que la CGT. 

Ahora, para tratar de juntar voluntades, el Gobierno buscaría las exenciones de pagos de aportes contribuciones patronales para determinadas edades y por tiempo determinado.

El Senado tiene que discutir la propuesta de sala de 3 años obligatoria, que cuenta con media sanción de Diputados. 

En la Cámara Alta también volvió a debatirse en comisiones las iniciativas para modificar la Ley de Tarjetas de Crédito. En Diputados, Cambiemos avanzó con un proyecto nuevo ignorando el aprobado en la Cámara alta, que repudió ese tratamiento y ahora busca analizar uno distinto, que hace un mix de ambas propuestas. 

La oposición tratará de que Diputados reactive una idea que pone límites a las comisiones y a los reajustes que cobran las inmobiliarias en las locaciones, y extiende a tres años el plazo mínimo de los contratos. 

El sector inmobiliario reprobó el texto y desde el Gobierno nacional indicaron que la propuesta subirá el precio de los alquileres y reconocieron que se prepara una iniciativa distinta, que aún no se presentó.

Plantar bandera con la agenda legislativa será clave. La campaña por las elecciones legislativas, en los hechos, ya comenzó.

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