Un Informe del Gobierno que marca descarnadamente el complicado punto de partida "encontrado" en materia de empresas públicas, incluida la "corrupción", refiere que durante 2017 esas mismas empresas le costarán al Tesoro una tercera parte del impacto que generaron en 2014 (1,5% del PIB) y califica los resultados de la gestión de 2016 como "positivos".

El Gobierno detalla que se encontró con "un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, el escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas, además, reinaba la corrupción", añade.

Hacia el futuro, el Informe asegura que "las empresas públicas pueden tener un rol en el crecimiento de la Argentina, ayudar a la expansión de los servicios públicos y participar en obras de infraestructura".

Y también sostiene que, "mejor gestionadas y con objetivos comerciales más concretos, algunas de ellas pueden convertirse en fuentes de ingresos para el Tesoro".

El Informe precisa que el Estado tiene intereses en un centenar de empresas públicas: algunas, en las que tiene el control o una participación mayoritaria (YPF, Enarsa, BNA); otras, como socio minoritario (AA2000, Papel Prensa, Central Puerto) y un tercer grupo, el de las compañías donde posee participaciones accionarias que participan del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

Según se señala en el Informe, el foco de trabajo durante 2016 "estuvo puesto en avanzar en cuatro frentes":

1) La mejora de la gestión, para reducir todo lo posible las transferencias del Tesoro.

2) El aumento de las inversiones y mejora de la calidad del servicio.

3) La centralización de la supervisión y la estrategia de las empresas.

4) El comienzo de un proceso de más transparencia y buen gobierno para incrementar la eficacia y prevenir la corrupción.

Según dice el Informe, tras la creación del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas que, "siguiendo estándares internacionales, aconseja sobre los grandes lineamientos y la estrategia de las empresas y monitorea su desempeño", ya se observan "resultados positivos".

Así, se añade que durante el año 2016, el déficit operativo de las empresas "cayó 46 por ciento", mientras sus inversiones "crecieron 60 por ciento".

También menciona que "las transferencias del Tesoro para gastos corrientes, que en 2014 habían alcanzado un pico de 1,5% del PIB, bajaron a 0,73% del PIB" durante 2016 y se compromete a que, durante 2017, las empresas públicas "le costarán al Tesoro todavía menos: alrededor de 0,5 por ciento del PIB".

Por último, el Informe señala que "pese a la difícil situación inicial, los resultados son positivos: se consiguieron mejoras financieras, se eliminaron oportunidades para la corrupción o el abuso político y se les dio una estrategia a empresas que llevaban años pidiendo un rumbo".

Y asegura, además, que "decenas de directivos y ejecutivos con vocación de servicio público se sumaron a sus equipos gerenciales".