La fiscal general Gabriela Boquín acusó el pasado viernes a la cúpula del Correo Argentino de impulsar el vaciamiento de la compañía durante el último año y medio para beneficiar al Grupo Macri y perjudicar al Estado nacional y otros acreedores.

Según el dictamen que presentó en los tribunales comerciales, Boquín responsabilizó a los ejecutivos del Correo -que integra el holding empresario de la familia Macri- y a la jueza del concurso, Marta Cirulli, por los 16 años que ya consumió el expediente sin que se homologue un acuerdo o se dicte la quiebra.

Y planteó que la compañía debe devolver los fondos al mismo tiempo que pidió que se alerte a las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que investiguen si se cometieron diversos delitos.

La fiscal presentó su dictamen, de 88 carillas, mientras transcurren los 120 días que el Gobierno pidió a la Justicia para dictar decretos que regulen los potenciales conflictos de interés y que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente que protagoniza la familia Macri.

Durante esos 120 días, además, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín asumió la representación del Estado en el concurso en reemplazo del Ministerio de Comunicaciones. Y se encaminaba a elevar a la Justicia su propio informe, que se anticipaba que sería crítico para el Gobierno pero fue desplazado de su cargo antes de que lo enviara, indicó el diario La Nación.

Boquín enumeró una extensa lista de presuntas "irregularidades en la tramitación del concurso", en las que no ahorró críticas a los ejecutivos y abogados del Correo, la jueza de primera instancia, y síndicos que intervinieron en el expediente del concurso desde 2001.

Tanto desde el Gobierno como desde el Correo objetan y critican la actuación de la fiscal general. Le atribuyen militar en la agrupación cercana al kirchnerismo, Justicia Legítima, y una sintonía con los intereses y objetivos de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, enfrentada con la Casa Rosada.

Pero Boquín niega esas acusaciones, aunque sí se reconoce cercana al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante los primeros dos años del kirchnerismo, Ricardo Nissen.

Éste es el tercer dictamen crítico de Boquín en el concurso del Correo. En el primero, que presentó en febrero, afirmó que el acuerdo alcanzado por el grupo Macri con el Gobierno era abusivo, perjudicial para el Estado e implicaba "una condonación de la deuda" por más de $4277 millones. En el segundo, acusó al Correo de demandar al Estado en condiciones más agresivas que las que se le reclamaba a la propia empresa.