Economía

Se politiza la crisis de SanCor: Macri quiere usarla como caso líder para acelerar cambio en convenios colectivos

04-05-2017 El Presidente insinuó que un motivo de la crisis en la empresa láctea fue un convenio laboral que hizo inviable el funcionamiento de la empresa. Condicionó la ayuda financiera estatal a que se llegue a un acuerdo gremial. Los sindicatos denuncian un avance contra las paritarias y van al paro
Por Juan Manuel Barca
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La crisis en SanCor abrió en estas últimas horas un nuevo capítulo, con un conflicto que amenaza con extenderse a toda la industria.

El gremio lechero Atilra inició este miércoles una huelga nacional, en rechazo al intento por modificar las condiciones laborales no sólo en esta compañía sino en la actividad en su conjunto.

Las profundas dificultades que afronta la principal cooperativa del país ya sobrepasaron los límites de la empresa propiamente dicha.

Su situación pasó a ser considerada por el Gobierno como un caso testigo sobre cómo la industria nacional puede ser víctima de la pérdida de competitividad y del aumento de costos.

El propio Mauricio Macri adelantó cuáles deberían ser las condiciones para que el Gobierno diera su ayuda. Insinuó que el problema central es que el convenio laboral pone en riesgo el futuro de la firma y aprovechó para criticar la actitud sindical.

Con sus dichos, el caso SanCor terminó por politizarse del todo. Y hasta las paritarias quedaron envueltas en el tironeo.  

"El problema es que van por el convenio colectivo, pretenden que no haya paritaria. Eso se puede negociar en SanCor pero no en el resto de la actividad", señalaron a iProfesional fuentes del sindicato encabezado por Héctor Ponce.

Desde el Gobierno, no descartaron esa posibilidad y reconocieron que la pauta salarial "es un tema a conversar".

El endurecimiento sindical coincide con la presión creciente para que el gremio ceda beneficios en toda la actividad a cambio de un préstamo estatal de $450 millones para la cooperativa en crisis.

Entre ellos figura el aporte de $3.300 por empleado que las empresas hacen al gremio desde 2009. Aunque ya existe un descuento para la obra social, el bono extra es destinado a ese rubro ante la demora del Estado en hacer los correspondientes reintegros, argumentan en Atilra.

Parte del conflicto es que el aporte fue acordado con el Centro de la Industria Lechera (CIL). En cambio, la cámara que nuclea a las Pyme (Apymel) Apymel nunca lo aceptó e inició una demanda en la Justicia, sin éxito hasta ahora. Con 4.200 empleados, Sancor dejó de pagarlo en septiembre pasado y la deuda con Atilra ya asciende a $140 millones.

El Presidente Macri apuntó contra el convenio lechero y advirtió que si Atilra no llega a un acuerdo habrá que "salir a buscar un socio" para la láctea.

"Es un pésimo convenio laboral, con un Estado que no actuó en equilibrio en las negociaciones, y se generó a partir de los avances de Atilra una industria inviable a futuro", aseguró el Presidente luego de que las negociaciones volvieran a trabarse.

Durante el fin de semana, Ponce aceptó diferir el aporte mensual por seis meses, reducirlo luego según el tamaño de la empresa y que se fije por litro de leche. 

Pero el Centro de la Industria Lechera (CIL) pedía bajar el aporte patronal a entre $500 y $750 por trabajador y la cámara que nuclea a las Pyme (Apyme) propuso un tope de $1.200, lo que empantanó el acuerdo.

La principal diferencia es que los empresarios quieren establecer una suma fija, mientras que el sindicato prefiere que sea un porcentaje para que la cifra se actualice frente a la inflación.

Con el fracaso de las negociaciones, las tratativas volvieron a foja cero. El Gobierno frenó la autorización del crédito previsto para la láctea y la situación se tensó nuevamente.

En medio de la parálisis que afecta a SanCor, el macrismo aprovechó para atar su "rescate" a un plan más ambicioso, que comprenda a toda la actividad.

"Queremos que esos puestos de trabajo tengan continuidad, pero eso requiere que se reviertan muchos errores cometidos en los últimos 10 años", sentenció Macri.

Así, lo que comenzó como una negociación específica (por la que se otorgaría ayuda estatal a cambio de un plan de reestructuración), pasó a convertirse en el punto de partida elegido por las autoridades para impulsar un acuerdo similar al de Vaca Muerta en el rubro petrolero.

Concretamente, el Ejecutivo apunta a lograr un convenio que tenga como uno de sus ejes la reducción de los costos laborales en el sector lechero y, por otro lado, que se replantee el rol de los gremios en esta actividad.

La ofensiva oficial va en línea con la estrategia de confrontación con los líderes sindicales que adoptara el Gobierno luego de la marcha oficialista del 1° de abril.

"Para que se otorgue la ayuda, una de las condiciones es que se flexibilicen los convenios", indicó Ponce.

Sin el triunvirato de la CGT como aliado firme y con las elecciones a la vuelta de la esquina, Macri optó por salir a denunciar a la "patota" y despegarse de buena parte del sindicalismo peronista.

La iniciativa del macrismo también se alinea con uno de los objetivos de las grandes competidoras de SanCor: mejorar la competitividad a través de la quita de beneficios a Atilra y a los trabajadores del sector.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, en el Gabinete hay algunos interesados en que la cooperativa venda algunas de sus unidades más rentables.

El ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, alimentó esa sospecha al señalar que el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, tiene "un conflicto de intereses".

Señaló que es accionista y uno de los fundadores de la láctea Pampa Chesse -que opera en la cuenca lechera santafesina- y recordó que fue director de Milkaut entre 2002 y 2003, antes del desplome de esa cooperativa.

"Él se tiene que retirar (de las tratativas con SanCor) por una cuestión ética, no puede ser juez y parte", advirtió Contigiani. Ahora, los legisladores de Santa Fe y Córdoba se reunirán para acordar acciones que protejan las fuentes laborales amenazadas.

El convenio en la mira
Así las cosas, SanCor pasó a ser la punta del iceberg de una discusión mucho más abarcativa, que comprende la "adecuación" de los convenios colectivos.

Hasta ahora, el Gobierno pudo implementar reformas laborales de este tipo en Neuquén y también en Chubut, donde se arribó a un acuerdo similar al de los petroleros en Vaca Muerta.

El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, ratificó la intención oficial de avanzar por este camino. Señaló que el objetivo del Gobierno es que "la lechería en la Argentina sea sustentable" y, para lograr tal cometido, hizo referencia a la necesidad de adecuar costos y reestructurar operaciones.

El mes pasado, el sindicato aceptó que SanCor difiera por seis meses el pago del 15% de los sueldos a sus 4.400 empleados, y que ese importe sea percibido a los 12 meses a salario actualizado. La medida fue pactada con el fin de evitar despidos.

Para deslindar responsabilidades, desde el gremio sostienen que hay otras firmas -como Danone y Wilner- que "están perfectas y no tienen inconvenientes para pagar el aporte solidario" que recauda la entidad sindical.

"El Gobierno se queja del aporte, pero el problema son los $500.000 que le vienen de gas a empresas con 25 empleados", dijeron fuentes de Atilra.

La prenda de cambio es un crédito de $450 millones del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), a través de un fideicomiso financiero en el Banco Nación.

Con esa suma, la cooperativa pagaría insumos, sueldos y fletes. La gran dificultad, señalan fuentes del sector, es que le alcanzaría sólo para dos meses, ya que la lechera pierde cerca de $200 millones por mes.

Ante la falta de pago, los camioneros ya realizaron medidas de fuerza. El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, denunció que hay un plan para "instalar" la inviabilidad de SanCor.

"Hay una clara maniobra del oficialismo, que se niega a otorgar una ayuda económica. Quiere que la compañía cierre para así poder entregársela a algún inversor amigo. De esa forma, están en riesgo entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo", sostuvo.

Reestructuración sobre la mesa
Una de las opciones que se baraja en los despachos oficiales para resolver la crisis de la empresa es la venta de otra de sus líneas de negocios, como ya sucedió con su rama de productos frescos. La mira está puesta en la línea más rentable, que es la de los quesos.

Aunque los funcionarios niegan que estén apuntando a bajar salarios o a despedir personal, no son pocos quienes consideran que la plantilla es excesiva.

En febrero, SanCor ofreció recortar 1.000 empleos, pero la propuesta generó un fuerte rechazo entre los trabajadores y pueblos del interior, que forzaron pronunciamientos de mandatarios provinciales.

"Es la mayor fuente privada que tenemos en la provincia. Y no sólo eso: es la vida de Sunchales, de Centeno, de San Guillermo, de Gálvez y de tantos pueblos pequeños de Santa Fe y Córdoba", advirtió el gobernador santafecino, Miguel Lifshitz.

"Es la cooperativa de producción más grande de la Argentina y una de las más grandes de todo el mundo", completó el funcionario.

El otro punto en discusión es la conversión en una Sociedad Anónima, un planteo que evalúan en el Gobierno, que es visto con interés entre los posibles compradores pero rechazado por los directivos de SanCor.

Entre los productores que integran la emblemática empresa creen que esa alternativa vendría a ser una "privatización" encubierta.

Por lo pronto, SanCor ya recibió un crédito de $250 millones del Gobierno anterior y que la gestión de Macri refinanció. El año pasado, se le otorgó otro préstamo de $250 millones.

Sin embargo, la firma quiere bastante más que eso: unos $5.000 millones, pedido que hasta ahora le fue denegado.

Mientras tanto, la situación se agrava: las cuatro principales plantas siguen paralizadas y 200 tamberos dejaron de venderle materia prima.

En almacenes y grandes cadenas se observa cómo escasean los artículos de la láctea, desde la crema y la manteca hasta la leche en sachet. También se hace difícil encontrar quesos como el port salut y el cremoso.

Del futuro de SanCor también dependen 70 cooperativas asociadas, más de 1.500 tamberos y cerca de 22.000 trabajadores indirectos.

En el Gobierno, en tanto, ven en la crisis de la empresa láctea un terreno fértil para acelerar el cambio de otro de los convenios colectivos clave de la industria

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