El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura un pedido de autorización para licitar el servicio y mantenimiento de las cinco líneas de subterráneos y el Premetro por un período de 12 años, con vistas a la finalización del contrato con Metrovías a fin de 2017.

La iniciativa propicia autorizar la concesión mediante un proceso licitatorio nacional e internacional para operar el servicio público de subtes, que incluye las actuales líneas A, B, C, D, E y H y el Premetro, así como nuevas trazas o expansiones que se hagan a futuro.

El proyecto busca ampliar, además, a 12 años el nuevo contrato de operación y mantenimiento de los subtes, con la opción de prórroga de hasta tres años más, por única vez.

La regulación del servicio está a cargo del Gobierno metropolitano a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires SA (Sbase) desde 2012, cuando Nación lo transfirió a la ciudad de Buenos Aires.

Metrovías es concesionaria del servicio desde los '90, cuando comenzó a explotar el subte por un convenio firmado con la Nación y continuó a cargo posteriormente cuando pasó a manos porteñas.

La continuidad de Metrovías fue contemplada mediante un acuerdo de "operación y mantenimiento de los bienes afectados a la red de subterráneos y Premetro" celebrado en 2013 por dos años, con una prórroga posterior que caducará el 31 de diciembre próximo.

"Actualmente, el servicio de subte no solo está ante la inminencia del vencimiento de la vigencia del plazo del acuerdo, sino que además se agota la emergencia que declaró la Legislatura" mediante una ley que se aprobó en paralelo con el traspaso, dice la presentación.

Frente a ello, el Ministerio de Desarrollo Urbano que conduce Franco Moccia manifestó que "sin perjuicio de la política legislativa" que se podría asumir frente a la finalización de la vigencia del contrato con Metrovías, "se puede prever que existirá una transición entre el vencimiento del plazo del acuerdo y la entrada en funciones de un nuevo esquema contractual mediante el cual se gestione" el servicio.

Con esta premisa, la cartera porteña envió el proyecto a los diputados para resolver el llamado a licitación antes de fin de año, pese a que es sabido que la Legislatura tendrá menos actividad en los próximos meses debido al período electoral y que parte del personal de planta estará abocado a la campaña.

No obstante, la iniciativa del Ejecutivo comenzó a recibir opiniones de parte de algunos legisladores que conforman la comisión de Obras y Servicios Públicos, espacio donde será debatido antes de llegar al recinto.

El proyecto "plantea la autorización a llamar al nuevo proceso licitatorio, pero observamos que se habla de un llamado nacional e internacional solo en los fundamentos del texto y no en el articulado de la ley", dijo el diputado Diego García Vila, quien preside la comisión e integra el bloque de Confianza Pública, la fuerza política que lidera Graciela Ocaña.

"Entendemos que debe ser una convocatoria lo más abierta posible a distintos operadores, nacionales e internacionales, para garantizar que el servicio se brinde de la manera correcta, si solo es nacional será una licitación direccionada", opinó.

García Vila respaldó la inclusión en el texto de un artículo que obliga al próximo concesionario a "absorber el personal en relación de dependencia" al momento de la adjudicación y a mantener el régimen y los derechos "laborales y previsionales", así como también la "remuneración, categoría y antigüedad computada" de los trabajadores de subterráneros.