El Gobierno nacional busca despegarse del fallo de la Corte Suprema que otorga el beneficio conocido como “2x1” a militares detenidos por su actuación durante la última dictadura y ya tiene listo el proyecto que presentará en el Congreso para frenar un pedido masivo de genocidas y represores similar al que hizo Luis Muiña, que había sido condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas en el Hospital Posadas y que se vio beneficiado por la decisión del alto tribunal.

El objetivo es delimitar el alcance de la derogada ley 24.390, que estuvo en vigencia entre 1994 y 2001.

El proyecto, avalado por el Ministerio de Justicia que dirige Germán Garavano, será presentado por el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y varios senadores de Cambiemos. También lleva la rúbrica del jefe de la bancada del FPV-PJ Miguel Pichetto y de otros senadores peronistas, como el entrerriano Pedro Guastavino y el bonaerense Juan Manuel Abal Medina.

La iniciativa consta de tres artículos, uno de forma; y busca, según dijo a Télam el propio Pinedo "impedir que el 2x1 se aplique indiscriminadamente para los delitos cometidos antes del año 94". "Lo que hicimos fue una ley interpretativa del 2x1", remarcó. 

Pinedo consensuó el proyecto con otros especialistas de Cambiemos en materia judicial, como el diputado Pablo Tonelli, y legisladores de otros partidos. Pero siempre con el aval del Gobierno, que instruyó a sus espadas en el Congreso ni bien advirtió que la medida del alto tribunal podía impactarle en la opinión pública.

La idea de abrir el juego a la oposición es que tenga el mayor consenso posible para enviar "un mensaje fuerte a los jueces desde la política".

El artículo 1 del proyecto ataca directamente casos como el de Muiña, quien se vio beneficiado por el 2x1 pese a que no estuvo en prisión preventiva durante la vigencia de la ley.

"El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7 de la ley 24.390 (texto original), será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante su vigencia", establece. 

De esta manera, la mayoría represores detenidos luego de la derogación de la ley de obediencia debida y punto final, quedaría excluida de esa posibilidad, indicó el diario Clarín.

En tanto, el artículo 2 busca delimitar aún más el alcance de la derogada ley del 2x1: "La interpretación del artículo anterior deberá considerarse interpretación auténtica del artículo 7 de la ley 24.390 (texto original) y será aplicable a las causas en trámite", dice.

En los fundamentos del proyecto, Pinedo considera que "en nuestro criterio la llamada ley del 2 x 1 es una norma con una finalidad desviada, en el sentido de que con apariencia de lograr un objetivo se llegaba a otro muy diferente". Y que "con la finalidad de impulsar una mejora en la administración de justicia, se llegaba a una decisión ajena a esa finalidad, como la de liberar a los delincuentes más peligrosos".

Y se pregunta: "Una ley que dispusiera que mientras no hubiera lugar adecuado en una cárcel los jueces procederían a liberar a todos los delincuentes nuevos, ¿generaría un derecho subjetivo de los delincuentes a no ser privados de su libertad? Esa solución interpretativa, ¿estaría de acuerdo con las valoraciones de la sociedad y su realidad sociológica?; ¿estaría de acuerdo con la dimensión de Justicia que busca el estado de derecho?".

El propio Pinedo la contesta: "La respuesta negativa a dichos interrogantes quedó patentizada por la modificación de la ley 24.390 y ello exige la necesidad de dictar una ley interpretativa de la ley 24.390, que fije los alcances del dictado y aplicación debida del mismo".

El senador señala que "la situación anterior se agrava en los casos de delitos contra la humanidad, que por normas de rango constitucional, deben ser penados, sin poder evitarse el cumplimiento de esas penas por institutos como los de la prescripción, la amnistía o el indulto, según lo tienen dicho fallos de la Corte Suprema de Justicia".