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Fuerte gesto del Congreso: el Senado sancionó la limitación del 2x1 para lesa humanidad

10-05-2017 Fue sancionado por unanimidad en la Cámara Alta, con 56 votos afirmativos. La iniciativa establece la restricción de ese beneficio a represores condenados. El debate duró unas cuatro horas y todos los bloques apuntaron contra el fallo de la Corte Suprema en el caso Luis Muiña
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El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto para limitar la aplicación del beneficio del 2x1 en el cómputo de la pena a autores de delitos de lesa humanidad.

En menos de 48 horas, ambas cámaras del Congreso avanzaron en una iniciativa que se planta contra la decisión del máximo tribunal, que falló a favor en el caso del represor Luis Muiña.

La Cámara alta sancionó por unanimidad -56 votos positivos- el proyecto que fue consensuado este martes entre el oficialismo y la oposición en Diputados, y aprobado en una sesión histórica por amplia mayoría.

La ley modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 –hoy derogada- para especificar que el 2x1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

En concreto, establece que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.

Al abrir el debate, que se extendió por más de cuatro horas, el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV) expresó que el fallo de la Corte Suprema “pone nuevamente sobre el tapete la discusión sobre el período más oscuro que ha vivido el país”. Explicó que esta ley será una “pauta interpretativa” para impedir que “en lo sucesivo, a quienes utilizaron el aparato del Estado para secuestrar, torturar y asesinar, puedan gozar de ese beneficio”.

Desde su banca, el presidente provisional, Federico Pinedo (Pro), recordó el “hecho desgraciado” que significó para la Argentina la Ley 24.390 -hoy derogada-, y afirmó que la iniciativa para frenar el 2x1 a represores “ratifica la mirada” del país en base al “compromiso” de condenar los delitos de lesa humanidad.

A su turno, el legislador Fernando “Pino” Solanas mencionó que el juicio a las Juntas Militares fue “ejemplar” y “único en el mundo”. “Ningún país en América Latina se animó a juzgar a los genocidas”, agregó.

En referencia al fallo del máximo tribunal, lo consideró “absolutamente cuestionable”. “Apoyamos decididamente esta reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino”, manifestó.

Por su parte, el radical Alfredo Martínez subrayó la “reacción intrajusticia” que hubo respecto al fallo. “Con esta ley, lo que estamos diciéndole es ‘muchachos respeten la ley que está en vigencia’”, señaló, en referencia a la Ley 27.156, sobre prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra.

"Hay errores y se cometen aberraciones es necesario que los otros poderes reaccionen. Las políticas en derechos humanos no se negocian”, añadió el santacruceño.

El mendocino Julio Cobos remarcó que “este fallo nos sorprendió”. “Va en contramano de lo que venimos haciendo a lo largo de la historia democrática de nuestro país, en política de derechos humanos y también de seguridad”, dijo.

El exvicepresidente instó a que la Corte Suprema tenga “la capacidad” de “consensuar una resolución que dé marcha atrás en la decisión dividida” que emitió la semana pasada.

La riojana Teresita Luna (PJ-FpV) no dudó en sostener que la medida del máximo tribunal es “una decisión política disfrazada de fallo judicial”. Además, remarcó: “la Iglesia pretendió allanar el camino para este fallo con un falso llamado a la reconciliación”.

Por su parte, la kirchnerista Virginia García recordó su rechazo a los pliegos de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, designados en un principio por decreto, quienes se inclinaron a favor. “Es un fallo político que acompaña un proceso político: la designación de jueces por DNU, hablar de guerra sucia, trasladar el 24 (de marzo)”, enumeró.

La presidente del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado, celebró la “rápida respuesta que desde Cambiemos le dimos a esta ley”. Reivindicó la condición de representantes del pueblo de los legisladores, y consideró que “la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no venganza es que la ley sea pareja para todos”.

Recordó además que lo sucedido con la Corte ya había ocurrido en 2013, cuando el Tribunal Supremo rechazó un recurso dejando firme el 2x1 para el coronel Simón, “en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, destacando que no recordaba que hubiera habido reacción alguna del gobierno de entonces.

En cambio, realzó la actitud del Gobierno de Cambiemos. Y para los que piden el juicio político ahora, señaló que no lo hicieron en su momento contra los jueces que en 2013 votaron el citado fallo, señaló Parlamentario.com.

“El contexto histórico de hoy no es muy distinto del de 2013”, insistió, destacando que “este nunca más durante la gestión del presidente Mauricio Macri hoy va a ser realidad; lamento que no haya ocurrido lo mismo en 2013”.

La entrerriana Sigrid Kunath dijo haber aprendido a tener una mirada de “profundo respeto” hacia quienes “visibilizan en nuestro país estas luchas permanentemente”, en referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La senadora añadió que “los delitos de lesa humanidad no pueden ser juzgados y mirados como delitos comunes”, y aclaró que “este Congreso debe expedirse al respecto”. Celebró asimismo “la rápida reacción que desde la política y desde este Congreso se ha tenido frente a este tema”.

El senador chaqueño Eduardo Aguilar reivindicó haber logrado juzgar a los militares “sin revancha, con la ley en la mano. Este es un logro de nuestra democracia, que nadie tiene derecho a negar”, enfatizó. Respecto de lo que estaba el Congreso por establecer, dijo que “esto debe ser una base”, en cuanto a acordar que “hay cosas que no se pueden hacer”.

Por Peronismo Pampeano, la senadora Norma Durango subrayó que es “inadmisible” la aplicación del beneficio del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad y enfatizó que “la lucha llevada adelante por más de 30 años” en cuestión de derechos humanos “no se lo merece”.

Ruperto Godoy consideró el fallo “injusto, que violenta a la sociedad argentina”, y reivindicó la respuesta de Madres, Abuelas, organismos de DDHH, de constitucionalistas y organizaciones internacionales, que “ponen en evidencia que el Nunca Más, es Nunca Más”.

Agregó que es “un mensaje para el Poder Judicial, para los jueces que se desviaron de la doctrina”. Rechazó de paso la “reconciliación” propuesta por la Iglesia Católica. “No va a haber reconciliación si no hay memoria, justicia y verdad”, consideró. Embistió luego contra el Poder Ejecutivo, al que atribuyó haber generado “un clima” propicio que “pone en duda lo que pasó en la Argentina”.

En tanto, el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora consideró “inexplicable” el fallo , reivindicó el Juicio a las Juntas, y el “magistral” alegato del fiscal Julio Strassera que concluyó con el recordado “Nunca Más, algo que no podemos resignar”. Lamentó que “Argentina vuelva a ubicarse del lado negativo en materia de derechos humanos”. En este contexto consideró que el dato “positivo” ha sido la reacción del Parlamento, y consideró que “esta ley es un paso positivo importante”, que posibilitará “que los argentinos podamos vivir en paz”.

Respecto al fallo, señaló que “es contrario a derecho”, y lo calificó de “abominable”. A su juicio “no corresponde de ninguna manera aplicar el 2x1 a causas de lesa humanidad; esto resulta absolutamente peligroso para la democracia argentina”. Y además, dijo, “la Corte va en contra de su propia jurisprudencia”, en referencia al caso Simón.

Marina Riofrío reivindicó a los jueces de su provincia, San Juan, que decretaron la inconstitucionalidad de la sentencia del máximo tribunal. Recordó que los represores gozaron de libertad durante muchos años, concluida la dictadura, agregó Parlamentario.com.

El senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) destacó la “velocidad” de la sanción de la ley, que permitirá “cerrar definitivamente” la puerta del 2x1 a los genocidas y expresó su “preocupación” ante manifestaciones de “negacionismo” que provienen de funcionarios públicos y aseguró que en Argentina hay “dos consensos históricos” que hay que preservar, como lo son “el respeto irrestricto a la democracia y las políticas de derechos humanos”.

En el cierre del debate, el senador Adolfo Rodríguez Saá apuntó contra la jueza Elena Highton de Nolasco, quien votó a favor del polémico fallo de la Corte Suprema, y dijo que “ha cumplido su mandato”. También cuestionó al Gobierno por “no” apelar la decisión del máximo tribunal.

Qué dice el proyecto
El texto indica además que ese beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001 -es decir, durante el período de la vigencia de la ley-, y por último, se deja asentado que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.

El proyecto establece que el cómputo de las penas establecido en la Ley 24.390 no será aplicable a los condenados por "delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional" y que solo funcionará para quienes hubieran estado detenidos en forma preventiva entre 1994 y 2001, período en el que regía esa ley.

Al mismo tiempo en que las negociaciones avanzaban en Diputados, los senadores nacionales de Cambiemos encabezados por el presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (autor de uno de los proyectos) mantuvieron un encuentro para acordar el llamado a una sesión especial.

En un principio, el bloque del PJ-FPV, con mayoría en la Cámara alta, rechazó la posibilidad de sesionar debido a que varios de sus senadores se encontraban en sus provincias, lo que dificultaría alcanzar el quórum de 37 presentes para dar inicio a una sesión.

Sin embargo, luego de que se consensuara el proyecto en la Cámara de Diputados, las autoridades del Senado acordaron convocar a sesión especial y en el PJ-FPV comenzaron a llamar a los legisladores ausentes.

"Lo que vote Diputados lo acompañaremos", expresó el presidente del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto en declaraciones a la prensa.

 

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