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El cara a cara de Lula y el juez del Lava Jato conmocionó a Brasil

10-05-2017 El exmandatario declaró ante el magistrado anticorrupción Sergio Moro, quien busca determinar si recibió un departamento como parte de un pago ilegal. La expectativa en el país vecino es total. La decisión del juez podría abortar las pretensiones del dirigente del PT de volver a la presidencia  
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La declaración del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso conocido como Lava Jato o Petrobras, conmocionó este miércoles a Brasil

Lula, quien pretende volver a la presidencia en 2018, declaró durante cinco horas ante la Justicia Federal de Curitiba en un caso que podría abortarle sus pretensiones de volver al poder.

El ex jefe de estado (2003-2010), de 71 años, ingresó al recinto rodeado por un importante despliegue de seguridad, entre vítores de cientos de partidarios que fueron a respaldarlo

La audiencia se lleva a cabo a puertas cerradas y su filmación debería liberarse unas horas después de finalizada.

Tras finalizar la su declaración, Lula habló a los manifestantes que se habían congregado en su apoyo.

"Si no fuese por ustedes, no soportaría lo que ellos están haciendo conmigo", dijo el expresidente brasileño desde el palco.

"Habrá un momento en que se conocerá que nunca antes en la historia de este Brasil alguien fue tan perseguido y masacrado", dijo Lula en relación a la cobertura mediática que recibe su caso.

Moro busca determinar si Lula es propietario de un departamento tríplex en el balneario de Guarujá, en San Pablo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de "ventajas indebidas".

El exsindicalista y cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), vestido de traje oscuro y corbata con los colores de Brasil, saludó a sus partidarios, que coreaban: "¡Lula guerrero del pueblo brasilero!".

El ingreso estaba incluso vedado para los residentes de esta zona de Curitiba, denominada ya la "capital de la Operación Lava Jato", por el nombre de la investigación que desveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.

La sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días, aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes.  

El expediente, conocido como el "apartamento de Guarujá", es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a las elecciones de octubre de 2018 si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año.

El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una persecución para impedirle volver al poder. Los sondeos dan a Lula ampliamente ganador aunque también muestran que es uno de los políticos con mayores índices de rechazo.

"El expresidente está preparado para dar su testimonio al juez Sergio Moro. Y va con la fuerza de la verdad", dijo el martes por la noche su abogado defensor, Cristiano Zanin Martins.

Pese al consenso generalizado entre analistas de que Lula será condenado en esta primera instancia, Martins sostiene que aún no han probado una sola de las acusaciones, aunque la fiscalía general incluso lo señala como el "comandante máximo" de la red de sobornos en Petrobras.

Lula "no tuvo ninguna participación en un esquema ilícito en Petrobras. Nada demuestra que eso pasó. Al contrario, las pruebas demuestran su inocencia. Y ahí es donde se constata que es un asunto político", agregó el abogado.

Polarización
Los medios de comunicación brasileños, como la revista Veja, no dudaron en presentar el encuentro judicial de este miércoles como si se tratara de un combate pugilístico de dos peso pesado. 

De un lado, se encuentra el expresdiente, de 71 años, que es uno de los dirigentes polìticos más populares de Brasil; del otro, Moro, de 44 años, considerado un ícono de la lucha contra la corrupción.

La batalla entre sus partidarios y adversarios arreciaba en las redes sociales, a través de las etiquetas "#LulaEuConfio" (Confío en Lula) y "#MoroOrgulhoBrasileiro" (Moro, orgullo de Brasil).

En el primero de ellos se expresó Dilma Rousseff, heredera política de Lula, destituida en 2016 bajo la acusación de manipular las cuentas públicas, que viajó a Curitiba para arropar a su mentor.

"Ya estoy en Curitiba para expresar mi solidaridad total al presidente Lula (...). La verdad se impondrá", tuiteó la expresidenta.

"Para mí, (Lula) es inocente. Si hubiese algo concreto en su contra, ya estaría preso. Lo que aquí se plantea es una lucha de clases", dijo a la AFP Gerson Castellano, un militante sindical del sector petrolero de 50 años.

La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (u$s1,16 millones al cambio actual) de OAS, incluyendo el departamento de Guarujá y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.

Uno de los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, sostiene que aún no han probado una sola de las acusaciones, aunque la fiscalía general lo señale como el "comandante máximo" de la red de sobornos en Petrobras.

Por su parte, ante la delicada stiuación social, el juez Moro había instado a sus admiradores a permanecer en sus casas para evitar enfrentamientos.

Pero no todos siguieron sus consejos y algunos grupos se manifestaban con un muñeco gigante que figuraba a Lula vestido de presidiario, al grito de "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión".

En este contexto, el presidente conservador Michel Temer, acusado de "golpista" por el PT, llamó el miércoles a superar la polarización del país, en recesión desde hace dos años y con un índice récord de desempleo 13,7%, o 14,2 millones de desocupados.

Los brasileños tienen que "eliminar cierta rabia", dijo Temer en Brasilia. "Necesitamos pacificar el país. Necesitamos tener más tranquilidad. No podemos permanecer en nuestra posición de permanente enfrentamiento entre brasileños", declaró, sin referirse expresamente al proceso de su predecesor, que durante años fue también su aliado.

Las cinco causas contra Lula
Para que Lula pueda cumplir su deseo de volver a la presidencial de Brasil en 2018 primero deberá sortear cinco juicios que podrían llevarlo a la cárcel.

Apartamento tríplex
La fiscalía señala que Lula recibió un soborno de 3,7 millones de reales (u$s1,16 millones al cambio actual) de OAS, que pagó un total de 87,6 millones por debajo de la mesa a políticos y funcionarios.

Según la denuncia, la empresa le habría ofrendado un tríplex en Guarujá, un balneario de San Pablo, cuando aún era presidente, y financió el almacenamiento de sus bienes personales entre 2011 y 2016, incluyendo el acervo de sus años como jefe de Estado.

Leo Pinheiro, expresidente de OAS, confesó a la Justicia que el apartamento fue reservado -y luego lujosamente reformado- para Lula y su esposa Marisa Leticia (fallecida en febrero), tras el fin del mandato. Pero el expresidente sostiene que la fiscalía miente y que la confesión fue obtenida mediante apremios.

"Para probar que soy el propietario, tienen que tener un recibo, un registro notarial, una escritura. Si no lo pagué, no tengo la llave y la empresa lo usó como garantía de varios préstamos que efectuó, entonces no puede ser mío", afirmó al canal SBT.

Instituto Lula 
Se trata de otro caso en manos de Moro, quien investiga si Odebrecht ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en San Pablo donde sería erigido el Instituto Lula -que divulga su legado político-, como parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT.

La transferencia finalmente se frustró pero según la fiscalía prueba que el PT tenía "una cuenta corriente informal de la corrupción" con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por simple la propuesta y la aceptación del soborno. El instituto niega cualquier irregularidad.

La denuncia sostiene que Odebrecht también habría pagado un apartamento contiguo al que habita Lula en San Pablo y que una tercera persona se lo alquiló como maquillaje a su exesposa: "Hay indicios de que, de hecho, es del expresidente Lula, que lo habría recibido, según la denuncia, como un soborno del Grupo Odebrecht", afirma la denuncia.

Aviones de combate
En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado brasileño de aviones de combate suecos Gripen por u$s5.000 millones, que se concretó durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), su protegida política.

Según la denuncia, Lula recibió 2,25 millones de reales a través de la empresa de su hijo Luis Claudio "para influenciar a Dilma Rousseff en la compra de cazas Gripen de la SAAB".

Los delitos fueron definidos como de una "complejidad fuera de lo común, que involucraron negociaciones multimillonarias del gobierno federal en Brasilia, (y) actos políticos de la más elevada autoridad de la República".

En esta causa, Lula también fue denunciado por supuestamente interceder en favor de automotrices en la concesión de beneficios fiscales.

Compra de silencio 
Este proceso investiga la denuncia del exsenador del PT Delcidio do Amaral, que afirma que el exmandataro participó de un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal.

Junto con el prominente banquero André Esteves (expresidente del BTG Pactual), el empresario ganadero y amigo de Lula José Carlos Bumlai y el propio Amaral, Lula habría intentado acallar al exdirector del área Internacional de Petrobras Nestor Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la estatal.

Angola
En este caso es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015.

Lula "influenció la política de financiación internacional de BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht", según la denuncia.

La contraprestación fue cuantificada en 20,6 millones de reales en la forma de una participación en los negocios a Exergia Brasil, empresa de uno de sus sobrinos.


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