Enrique Blaksley Señorans sufrió esta semana su primera derrota judicial, al menos, en un frente.

El empresario es presidente y socio mayoritario en un 97% de Hope Funds, la firma financiera responsable de visitas internacionales como las de Roger Federer y Usain Bolt.

Hoy, Blaksley está acusado de lavado de dinero por la AFIP y la Procelac, además de estafar a casi 300 acreedores que invirtieron en contratos de mutuo en un esquema similar al cometido por el estadounidense Bernie Madoff, con una causa en su contra en el Juzgado Federal de María Romilda Servini.

En febrero pasado, Señorans intentó una jugada para descomprimir sus problemas judiciales. Fue, precisamente, en el fuero comercial, donde junto a Hope Funds enfrentaron al menos 27 pedidos de quiebra.

La jugada misma estaba contemplada en la Ley 25.589 de Concursos y Quiebras, un recurso perfectamente lícito conocido como APE, o acuerdo preventivo extrajudicial.

La mecánica del APE es simple: si dos tercios del total de acreedores de una empresa aceptan firmar el acuerdo y reestructurar su deuda, entonces la empresa sigue a flote y evita una quiebra, señala Política Judicial.

Así, Blaksley apuntaba a neutralizar a su gran caudal de inversores, jubilados, amas de casa y jóvenes con pequeños ahorros, que, tentados por una oferta de tasas anuales de intereses de más de un 12%, pusieron su dinero: la gran mayoría asegura no haber visto un solo peso de vuelta.

Los viejos brokers de Blaksley, vendedores que se dedicaron durante años a captar a estos clientes hoy en pie de guerra, llamaban a los pequeños acreedores para convencerlos de firmar el APE con frases poco felices.

“A los que hacen juicio, Enrique Blaksley les va a pagar el Día de la Escarapela. Va a priorizar a los pequeños inversores que firmen los acuerdos”, oyó un joven empleado de callcenter que había invertido sus ahorros de u$s7.400 y que terminó por firmar el acuerdo.

El APE se tramitó ante el Juzgado Comercial N°30, a cargo del doctor Sebastián Sánchez Cannavó.

Los abogados de Hope Funds presentaron el acuerdo el 24 de febrero último, un documento firmado por el contador Sergio Orencel; era el presunto listado de todos los inversores que firmaron el acuerdo y de todas las personas y entidades a las que Hope Funds les debe dinero, al menos hasta el 15 de diciembre de 2016.

El APE, por ley, obligaba a Hope Funds a una situación incómoda: decirle a la Justicia cuánta plata debe.

En total, 277 personas firmaron el acuerdo, según detalló Infobae. Este número luego ascendió a 393.

El presunto número de deuda fue de $449 millones, 18 de ellos en deudas laborales, 34,4 en impuestos impagos a la AFIP, otros 395,5 en contratos de mutuo impagos y proveedores.

Sin embargo, fuentes cercanas al expediente instruido por Servini encontraron el contenido del acuerdo por lo menos llamativo. Por ejemplo, el documento solo hablaba de Hope Funds y no de otras firmas que tomaron mutuos e imputadas por Servini, como la offshore Marketsite.

También figuran como acreedores una pariente del contador Orencel y varios nombres fuertes de Hope Funds: están Federico Dolinkué, socio minoritario de la firma, por tres millones y Verónica Vega, cuñada de Enrique Blaksley, por $700.000.

No serían los únicos: fuentes que conocen la empresa aseguran que 61 de los 277 firmantes serían vendedores y ex vendedores de la empresa que siguieron leales a Hope Funds. Muchos de ellos habrían puesto dinero en los mutuos, para no recuperarlo. Seguir en el barco era la única opción.

Infobae publicó los contenidos y las contradicciones del acuerdo de Hope Funds en abril. Blaksley tenía dos obstáculos para que su jugada prosperara: que los acreedores se opusieran y que el juez se negara a homologarla. Ambas cosas ocurrieron.

Luego de la divulgación del informe hubo 1.159 presentaciones en contra de Hope Funds en el Juzgado N° 30, que llevó a abultar el expediente con 140 cuerpos y a complicaciones de tráfico en el sistema judicial informático Lex 100.

A comienzos de esta semana, luego de casi cuatro meses de evaluación, el juez Sánchez Cannavó decidió anular la estrategia de Blaksley.

El acuerdo fue rechazado, con costas impuestas para el empresario financiero e informes elevados a la AFIP, la Procelac y la UIF.

También Sánchez Cannavó le generó un nuevo problema al empresario: envió una denuncia por posibles nuevos delitos a la Cámara del Crimen porteña para que sea sorteada a un juzgado, en paralelo a lo que ocurre en el despacho de Servini. Los términos en el escrito del juez fueron lapidarios.

Sanchez Cannavó apuntó: “En el caso quedó acreditado que mediaron declaraciones insinceras, contradictorias, reticencia en la información, ocultamiento del activo y del pasivo e inexistencia de la mayoría exigida para la homologación judicial”.

Blaksley hizo una primera presentación ante Sánchez Cannavó junto a un primer acreedor, una suerte de avanzada.

Mencionó dos raíces para sus problemas: las dificultades en el lanzamiento del country Verazul en Pilar, cuyo desarrollo está bloqueado por los jueces Sandra Arroyo Salgado y Adrián González Charvay.

El empresario también le echó la culpa a la prensa. “Añadió que a ello se le suma una campaña de desprestigio mediático que originó la promoción de acciones judiciales en su contra y que afectaron su credibilidad y solvencia”.

Blaksley aparentemente no mencionó, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Valores le prohibió operar en noviembre pasado con una orden en su contra.

Blaksley, a sus acreedores, según el documento firmado por Sánchez Cannavó y por varias fuentes alrededor del caso, les ofreció pagarles, irónicamente, con plata generada por Verazul, señala Política Judicial.

“Por otro lado están los que se opusieron a la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial”, apuntó el juez.

“La gran mayoría refirió que no fueron incluidos en el listado de acreedores presentado por la apista, medió ocultamiento del pasivo y del activo, no se presentan las mayorías previstas y se verificaron irregularidades en la contabilidad y en las certificaciones presentadas por la deudora”, agregó Cannavó.

Otros acreedores pidieron, directamente, intervención de la CNV y el Banco Central.

Los contadores de Blaksley se demoraron en traer los libros: se detectó el último registro de sueldos correspondiente a diciembre de 2012, se encontraron páginas anuladas en los libros de actas de asambleas, entre otras irregularidades que no fueron explicadas, se quejó Sánchez Cannavó.

Hope Funds apenas indicó un solo automóvil en su activo presentado: otra causa en trámite en otro juzgado comercial indica que la firma tendría, al menos, tres.

Hubo otro hueco que también llamó poderosamente la atención del juez: “Hope Funds participa en sociedades y emprendimientos que supuestamente en conjunto facturarían por año u$s72.500.000 y $275.300.000”, apuntó Sánchez Cannavó.

Sin embargo, la empresa no informó ser titular de cuentas bancarias, a pesar de haber ofrecido depósitos de hasta u$s268.000 ante los pedidos de quiebra presentados.

 “Por último”, aseguró Sánchez Cannavó, “no puede dejar de observarse que el propio directorio de Hope Funds le reconoció al contador interviniente que podrían existir otros activos que podrían no estar identificados a la fecha de elaboración del informe. Cuando se le requirió a la deudora que identifique cuáles serían esos activos, nada precisó”.

Por último, el juez dudó fuertemente del pasivo presentado en el APE por un motivo bastante lógico. Hope Funds habló de 393 acreedores: al juzgado se presentaron más de mil.

El rechazo del acuerdo y el envío a sorteo de una nueva denuncia a la Justicia penal son una señal para los abogados alrededor de la causa instruida por Servini en Comodoro Py.

Víctor Varone, socio del estudio Iezzi & Varone, es uno de los querellantes. “No creo que Blaksley haya previsto que el juez Sánchez Cannavó extrajera testimonio para la Justicia Penal ni que le carguen costos y honorarios. Es importante que todos los damnificados se presenten en la causa que tramita en el Juzgado Federal N° 1 para dar real dimensión de la estafa”, asegura Varone.

El doctor Hernán Vega, abogado del mismo estudio que trabaja en la causa, completa: “El juez consideró que Enrique Blaksley y su empresa habían incurrido en la comisión del delito penal de estafa, que se configuraría con la conducta desplegada al intentar homologar el APE con información y documentación falsa o engañosa”.

Los testimonios ya comenzaron a ser tomados en el juzgado de Servini. Sin embargo, Blaksley, con respecto a los cargos de estafa, no fue llamado a indagatoria hasta el momento, mucho menos detenido.