En medio de la profunda crisis política que vive Santa Cruz, donde las clases aún no comenzaron, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Alicia Kirchner afronta una denuncia penal por manejos irregulares en el Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alicia Kirchner.

Ese dinero pertenecía a los fondos destinados a "Eventos y jornadas sociales" por un monto de 3.327.740 pesos.

Las facturas fueron declaradas apócrifas por la unidad de auditoría de la cartera bajo la actual gestión de Carolina Stanley. La denuncia está en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral.

María Cecilia Velázquez fue Jefa de Gabinete de Asesores de la Unidad Ministro, denunciada ante la justicia por "haberse excedido en las facultades otorgadas por su mandato en perjuicio del patrimonio del Estado”.

Persona de confianza de Alicia Kirchner, en la actualidad dirige el CPE en Santa Cruz con el ciclo lectivo sin iniciar. Famosa recientemente por su particular saludo al asumir hablando de “jóvenes y jóvenas”, Velázquez es investigada en los Tribunales de Comodoro Py por emitir facturas presuntamente fraudulentas para justificar gastos por más de $3 millones en 2015, a meses que Alicia Kirchner termine su gestión en el gabinete de su cuñada y asuma la gobernación de Santa Cruz.

La Unidad de Auditoría Interna del ministerio que dirige Stanley detectó irregularidades en un conjunto de facturas emitidas entre junio y julio de 2015, cuya autenticidad fue cuestionada por los proveedores. Los expedientes auditados -todos firmados por Velázquez- corresponden a la rendición de gastos por un monto total de $3.327.740, cifra que representa el 41,23% del concepto "Eventos y Jornadas Sociales".

El primer conjunto de facturas “apócrifas o adulteradas” para la rendición de gastos fueron emitidas a nombre de “La esquina del deporte”. Se trata de seis facturas que contabilizan $1.911.000, emitidas entre junio y julio de 2015. Según la documentación aportada por el proveedor, la totalidad de las facturas “no corresponden al ministerio, sino que fueron emitidas a nombre de consumidores finales, por otros importes y durante el año 2014”, señala Clarín.

Algo similar ocurrió con el proveedor “AHP TV SRL – Audio y Video” a nombre de quien se generaron cuatro facturas por $287.400 en junio y julio de 2015. El proveedor informó que las facturas “no fueron confeccionadas por la empresa al Ministerio de Desarrollo Social”. Asimismo, consignaron que “no corresponde ni la numeración, ni el punto de venta, ni el importe, ni la fecha”.

A nombre de “LMR Materiales Deportivos” se realizaron -en la misma fecha de los casos anteriores- cuatro facturas, por $1.129.007. La empresa respondió que la Factura 0001-00016999 no fue emitida a nombre del ministerio “sino a nombre de otro comprador, por un importe de $1.234 y con fecha 05/05/2014”. También, aclararon que las restantes facturas “no fueron emitidas por dicha empresa”.

Maria Cecilia Velázquez no sólo estaba entre las responsables de rendir las facturas que analizó la Unidad auditora, también estuvo entre quienes retiraron los fondos que habrían sido aplicados a la cancelación de dichas facturas.

Los fondos se utilizaron, supuestamente, para jornadas solidarias de iniciación deportiva y recreativa. “Quien tenía la obligación de rendir cuentas de los montos erogados a tales efectos era la Sra. María Cecilia Velázquez”, quien según consigna la denuncia, “se habría excedido en las facultades otorgadas por su mandato perjudicando de forma evidente el patrimonio del Estado”.

Además, cada expediente administrativo de las jornadas deportivas y recreativas cuenta con un informe final de rendición del evento correspondiente firmados por la funcionaria santacruceña que “da cuenta que los servicios fueron efectuados", considerando que si las facturas eran apócrifas y los servicios no fueron prestados por los comercios que supuestamente se contrataron, “existe un lucro indebido en cabeza de la nombrada en clara contraposición de los deberes e intereses que le fueron legalmente confiados”, sostiene la denuncia de la Oficina Anticorrupción.