A casi un año y medio del inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri se vuelve una tarea necesaria hacer un repaso sobre las decisiones tomadas en este lapso.

Una de las que respondió a la impronta del cambio y de los nuevos tiempos fue la creación del Ministerio de Comunicaciones, desde entonces a cargo del radical Oscar Aguad.

Desde esa cartera debía establecerse una diferencia tajante con la administración anterior: paz con los medios de comunicación y medidas tendientes a alentar las inversiones en uno de los sectores que, se supone, es uno de los más dinámicos de la economía, tal como lo es el de las telecomunicaciones.

La primera medida, en ese sentido, fue emitir el decreto 267/2015 que introdujo grandes modificaciones en la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida, como "ley de medios".

Disolvió los entes de control a cargo de los temas del sector, como las autoridades Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), habilitó las modificaciones de las participaciones societarias dentro de las empresas, estableció nuevas reglas para la cantidad de licencias de un prestador, llevándolas de 10 a 15.

De este modo, el Grupo Clarín desistió de la escisión a la que estaba obligado a partir de las normas que ahora, en esos artículos, quedaban anulados.

A partir de este decreto se sucedieron una serie de decisiones que apuntaron a ir dándole agilidad al mercado, e impulsarlo a invertir más fuertemente a partir de una mayor competencia. Ambos fueron los postulados que, desde el principio, se bajaron desde la cartera de Comunicaciones.

La tarea no fue -y no es- sencilla. Introducir competencia en un mercado que, durante más de 12 años prácticamente no registró cambios -salvo el lanzamiento de 3G en 2007 y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009-, implicaba -e implica- modificar un estado de las cosas muy férreo.

Para provocar nuevas transformaciones es necesario volver a ejercitar el músculo y tomar decisiones, tanto desde el punto de vista regulatorio como político.

Desde el principio, el mismo Ministerio diagnosticó el mal estado de las telecomunicaciones en la Argentina. El propio Aguad enfatizaba que la situación era peor en las provincias que en el AMBA. Y que se trabajaría para mejorar la calidad del servicio y sus precios.

En este año y medio han habido avances, muchos de ellos cuestionados por los actores del mercado y también por actores de la sociedad civil. Todos, en algún punto, tienen algo de razón. Como también la tiene la cartera cuando habla de lo realizado en este año y medio.

Para Aguad, los logros de su gestión son

- Intentar hacer competitivo un mercado en status quo (ya hay cuarto operador)

- Duplicar la cantidad de espectro

- Avanzar con el plan federal de internet

- Establecer reglas de juego claras

- Hacer protagonistas del sistema a pyme y cooperativas

Con salvedades, podrían tomarse como ciertas las primeras cuatro metas. La última aún no logra activarse. Hay intenciones declaradas y ratificadas pero, lo cierto, es que las pyme aún no tienen participación real en el mercado.

Aunque son recibidas y escuchadas, aún no tienen licencia para ingresar en el mercado de telefonía móvil a través de la figura del Operador Móvil Virtual (OMV), y tampoco cuentan con frecuencia, pese a los pedidos realizados por algunas compañías independientes en particular.

El ministro también hace autocrítica. Y enumera las metas no logradas:

-No haber logrado bajar los precios de internet

-No haber logrado aumentar la velocidad de banda ancha

"Es lo que tenemos que mejorar", aseveró. Esto lo dijo, claramente, en la disertación que realizó en las Jornadas de Internet organizadas por la Cámara de Empresas de Internet (CABASE). Admitió que aún faltaban cosas por hacer pero también que había que reconocer lo realizado.

Uno de los temas que quedó inconcluso en este tiempo fue la redacción de una nueva ley de telecomunicaciones. De hecho, fue un compromiso asumido hace algo más de un año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a que se conformó la comisión redactora de la ley de comunicaciones convergentes, a cargo de Silvina Giudici, se trabajó durante un año sin resultados a la vista. O conocidos públicamente.

A lo largo de 2016 fueron convocados a elevar su propuesta diversos actores de la sociedad civil. Cuando en marzo de este año debía estar listo el anteproyecto, para elevarlo al presidente Mauricio Macri, se tomó la decisión de volver a prorrogar el tiempo de su discusión. Otros 180 días, es decir, hasta finales de octubre.

Fue una decisión política. Si bien hasta ahora no se conocen detalles sobre lo que se redactó entre marzo de 2016 y marzo de 2017 -y hasta existen dudas sobre si se llegó a confeccionar un texto en común, consensuado por la totalidad de los integrantes de la comisión redactora- en estos días el ministro también admitió que una ley de esas características debe discutirse en tiempos de paz. Aludía a los tiempos electorales a los que cualquier iniciativa estará sometida en este año.

Uno de los problemas más serios que enfrenta el sector -y, por ende, las acciones que se encaren desde este Ministerio- es la judicialización de los distintos temas sobre los que debe regular. Que haya espectro sin poder usarse porque existen diversos recursos judiciales de parte de distintos actores es un perjuicio general para el mercado, más allá de las razones que llevaron a cada uno a tomar esas medidas.

Pero también es serio que desde el Ministerio no se cuente con las herramientas necesarias para poder resolver estas cuestiones. No obstante, se debe reconocer que ese organismo está cumpliendo con razonabilidad en su intención de poner disponible mayor espectro en el mercado. Prueba de ello es la convocatoria que, por estos días, se está realizando para que los operadores móviles soliciten banda de 2,5 Ghz a demanda.

Es en este marco que se destaca que en la resolución de esta convocatoria a asignación a demanda estableció que los que resulten adjudicatarios de estas frecuencias deben renunciar a realizar cualquier tipo de reclamo, sea por la reatribución de espectro o por la modalidad elegida para distribuirlo.

Los logros, sin embargo, no impiden que se marquen pendientes urgentes. Por ejemplo, que se resuelvan rápidamente las cuestiones relativas a los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El conflicto con la banda de 700 mhz en la zona del AMBA -espectro pagado y no adjudicado- lleva a las operadoras móviles a no presentar la oferta de referencia para que nuevos jugadores puedan ingresar bajo esa figura en el mercado y provocar mayor competencia.

Aunque desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que depende del ministerio, están multando a las empresas por no cumplir con la normativa, es tan exigua la multa que pagan -$600-000- que les conviene seguir con esas sanciones antes que hacer el esfuerzo por enfrentar nueva competencia.

Llevar a las comunicaciones a rango de ministerio fue una de las decisiones certeras tomadas por el actual gobierno. La necesidad de poner a este sector al nivel de cualquier otro orientado a promover la construcción de infraestructura responde a las necesidades que posee la Argentina para salir del atraso en que está inmersa. Donde las telecomunicaciones, aún con los avances, son una muestra de todo lo que aún queda por resolver.