Además del presidente Michel Temer y del senador Aécio Neves, la delación de Joesley Batista, dueño de la empresa JBS, alcanza a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, junto a ministros de la gestión actual y gobernadores de distintos estados.

En el caso de los ex presidentes, el empresario Joesley Batista y el ejecutivo Ricardo Saud admitieron realizar transferencias hacia cuentas en el exterior tanto para Lula como para Dilma.

El saldo de esas cuentas habría llegado en 2014 a los u$s150 millones.

El ex ministro Guido Mantega sería el intermediario de los pagos que eran realizados mediante esquemas criminales en el banco público BNDES y en fondos de pensión.

En 2010, por intermedio del ex ministro Antonio Paloccio, había sido realizada otra transferencia de más de u$s9 millones para la campaña de Dilma.

El presidente del Senado, Eunício Oliveira, fue acusado por Ricardo Saud. Según el relato, Oliveira recibió u$s1,5 millones por la actuación en una medida provisora que disciplinaba créditos de PIS/Cofins.

En el caso de los ministro del gobierno de Temer, Gilbero Kasab fue citado como beneficiario de un soborno por Wesley Batista, hermano de Joesley, y también por el ejecutivo Ricardo Saud.

En relación a Marcos Pereira, Joesley contó a los investigadores haber pagado "coima" a cambio de la aprobación de un préstamo de la Caixa Económica para para JBS.

Por el lado de los gobernadores, aparecen involucrados los mandatarios de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte y el de Santa Catarina, por haber recibido sobornos a cambio de autorizar privatizaciones o facilitar préstamos de bancos públicos.El ministro de Lula

La posición de Lula también se ve cuestionada por "delaciones premiadas" que llegan desde su propio campo. La semana pasada el exministro brasileño Antonio Palocci decidió negociar con los fiscales de la Operación Lava Jato un acuerdo judicial.

El condenado por corrupción advirtió a su abogado defensor, el criminalista José Roberto Batochio, que tendrá que alejarse de su caso inmediatamente.

La negociación del acuerdo será hecha por dos abogados de Curitiba, Adriano Bretas y Tracy Reinaldeti. Los dos ya habían sido contratados por Palocci pero, sin mayores explicaciones, el ex ministro rompió el pacto inicial.

En la semana el exfuncionario retomó las conversaciones con Bretas y Reinaldeti y decidió que aceptaría la confesión premiada. En los dos procesos en su contra, teme que las condenas puedan sobrepasar los 30 años de prisión.

El diario Folha de Sao Paulo constató que el alejamiento del abogado Batochio fue una exigencia de los investigadores del Lava Jato, porque el criminalista se opone a ese tipo de acuerdo.

El próximo paso para el ministro de Hacienda de Lula da Silva y jefe de la Casa Civil de Dilma Rousseff será desistir del pedido de hábeas corpus para ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que en menos de una semana ordenó liberar a cuatro presos del Lava Jato: el exministro José Dirceu, los empresarios Eike Batista y José Carlos Bumlai y el ex tesorero del Partido Progresista (PP) João Cláudio Genu.

Pesó en la decisión del exfuncionario la operación que la Policía Federal emprendió este viernes en torno a las transferencias de 8.100 millones de reales del BNDES al grupo de frigoríficos JBS. 

Palocci está señalado en las investigaciones como uno de los intermediarios de las financiaciones que generaron supuestas coimas para el Partido de los Trabajadores (PT). Una de las hipótesis investigadas por la Policía Federal y los fiscales es que el partido se quedaba con parte de los traspasos del BNDES.

Otra influencia en su decisión fue la confesión de Odebrecht. Los documentos incautados por la Policía Federal, después incluidos en la declaración del empresario, apuntan que el ex ministro fue responsable de administrar transferencias por valor de 128 millones de reales entre 2008 y 2013.

Palocci era llamado "El Italiano" en las comunicaciones internas de Obebrecht sobre los traspasos para el PT. 

El ex ministro negó por meses que lo apodaran así, pero eso fue confirmado por Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora que lleva su apellido. Fue arrestado en septiembre de 2016 en un operativo del Lava Jato llamado Omertá, que quiere decir "ley del silencio" en el lenguaje de los mafiosos italianos.

Esta delación es vista como un potencial explosivo para el sistema financiero porque él era el principal interlocutor del PT con los bancos y algunos de los mayores empresarios de Brasil, como Joesley Batista, del grupo JBS, y Abílio Diniz.