La abultada deuda que el empresario Cristóbal López mantiene con el fisco, unos $8.000 millones, le seguirán ocasionando problemas judiciales, porque no se ha incorporado a la moratoria de la AFIP. 

Según comunicó el organismo público, "continuará desarrollando todas las acciones jurídicas promovidas hasta el presente por las maniobras fraudulentas llevadas a cabo contra el Estado nacional".

Las "maniobras" de López puestas en cuestión por la AFIP incluirían "el indebido apoderamiento de los recursos públicos por Oil Combustibles".

El privilegio de la moratoria había sido denegado en noviembre del año pasado, cuando creían que López iba a ser procesado por defraudación a la administración pública por la deuda impositiva.

Este lunes diversos medios divulgaron la información que López sí se había acogido a la moratoria. Sin embargo, en la tarde el mismo día la AFIP emitió un comunicado donde lo niega y aclara que continuará con acciones judiciales contra el empresario.

Recién cuando se homologue el concurso de acreedores de Oil, el empresario comenzaría a pagar la deuda millonaria que tiene con el Estado esa compañía petrolera. La idea de López es reducir gran parte de la deuda en un solo pago: planea vender activos de la empresa por 280 millones de dólares a un trader suizo.

En noviembre pasado, la AFIP le había denegado el ingreso a la moratoria porque creía que el juez Julián Ercolini iba a procesar al empresario K por “defraudación contra la administración pública", por la deuda de $8.000 millones generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y financiar sus empresas con ese dinero.

Pero la causa finalmente pasó al fuero Penal Económico después que Ercolini se declaró incompetente porque consideraba que estaba frente a un fraude fiscal.

Lo que López y su socio Fabián de Sousa buscaban con el régimen fiscal para Oil, generadora de la deuda millonaria con el Estado, es en dos años cancelar todo.

En este plan, la ayuda principal sería proporcionada por el trader Suizo Gunvor, interesado en adquirir parte de los activos de Oil Combustibles correspondientes al puerto de San Lorenzo, donde pretenden realizar una operatoria multi propósito que incluiría desde combustible hasta cereales.

La venta se cerraría en 280 millones de dólares (unos $7.000 millones) destinados a saldar la deuda con la AFIP. Se esperaba que $1.000 millones restantes ingresarían al plan de 60 cuotas que contemplaba la moratoria.

En marzo se venció el primer plazo impuesto por la firma suiza para cerrar el acuerdo con la empresa de López, pero como todo está en manos de la Justicia, se amplió el período hasta septiembre. “Se pidió permiso para poner fin al concurso y que se autorice la venta de parte de Oil”, dijo una fuente de Indalo a Clarín.

Con las cuentas embargadas y una inhibición general de bienes, el empresario K igual no tuvo impedimento para seguir obteniendo ingresos.

La constructora CPC es una de sus principales apuestas, obtuvo del actual Gobierno un contrato por $1.600 millones que fue rescindido a Lázaro Báez. Además, ganaron la licitación de una línea eléctrica que va desde Caleta Olivia a Pico Truncado (Santa Cruz), por $300 millones. La empresa tiene 14 obras en todo el país para ejecutar durante los próximos cuatro años que demandarán unos $20.000 millones.

"No es como Lázaro, CPC es una empresa que trabaja desde hace muchos años, antes que la comprara López y las obras que hoy por hoy gana, lo hace siguiendo las reglas. Se hicieron todos los estudios correspondientes y los pedidos a AFIP", consignaron fuentes oficiales.

En este toma y daca, CPC es dueña de Esluvial SA concesionaria de la Autopista Riccheri Ezeiza - Cañuelas, contrato que la DNV está pronto a rescindir por una deuda de $500 millones y diversos incumplimientos. El Grupo Indalo exigirá una indemnización de $4.100 millones.

Un situación similar corre para los medios de comunicación. Pese a que De Sousa quedó procesado por retención indebida de aportes previsionales de los trabajadores de Ámbito Financiero, perciben un promedio mensual de pauta oficial de $8 millones. "No podemos no cumplir la ley", señalan desde el gobierno.