El lanzamiento de Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE) es el hecho judicial del año.

Es lo más importante en ese terreno desde se lanzó a agrupación Justicia Legítima, brazo del kirchnerismo que nació para defender al anterior gobierno y para atacar a los creadores de este nuevo sello, que emula a la brasileña Associação dos Juízes Federais do Brasil, también AJUFE.

El sello recorta la gravitación de la Asociación de Magistrados y nace por inspiración de una línea que une a Ricardo Lorenzetti, Ariel Lijo y Martín Irurzun.

La agrupación se desentiende del traspaso de los jueces nacionales de la Capital a la jurisdicción local, un debate que inquieta a algunos.

El gobierno porteño festeja porque facilita ese traspaso al aligerar las cargas. Los federales crecerán en poder después del traspaso porque se quedarán con la representación plena en el Consejo de la Magistratura nacional.

El gobierno toma nota con inquietud de este movimiento político porque es la respuesta a las señales que los sucesivos gobiernos han lanzado en las dos últimas décadas contra los jueces federales de la Capital.

Desde Fernando De La Rúa a Mauricio Macri, pasando por Eduardo Duhalde y los Kirchner, todos los presidentes dijeron que harían purgas en ese lote de magistrados atribuyéndoles las peores conductas.

Ha pasado un año y medio de gobierno de Cambiemos y los jueces ya le han tomado el tiempo. Desde diciembre de 2015 el oficialismo construyó una mayoría en el Consejo de la Magistratura para emprender el ataque.

Ahora los federales le responden con una muestra de fuerza ante los proyectos de revisión que ya están marcha en el Consejo. El primero es el caso del Camarista B, cuyo expediente está a punto de cerrarse en su contra.

Se trata de un reconocimiento formal del compromiso de los jueces con la jefatura de Lorenzetti, acosado por Elisa Carrió.

Este liderazgo lo había mostrado ante el anterior gobierno cuando se debatió la Ley de Medios Audiovisuales y la Reforma de la Justicia que fracasó en la Corte.

El envión del gobierno macrista contra Lorenzetti fue un desafío a ese liderazgo cuando advirtieron sus propósitos al fallar en favor de las provincias en el tema coparticipación y contra la Nación en el tema tarifas.

Ahora Lorenzetti hace un desfile de armas y muestra los dientes con el fallo sobre el 2×1 en causa de delitos atroces.

El tribunal tiene en sus manos expedientes por reclamos de provincias que montan cifras impagables por reclamos de coparticipación.

Uno es el llamado caso “SanCor”, por el que San Luis, Santa Fe y Córdoba lograron la inconstitucionalidad del recorte del 15% de la coparticipación con destino al Anses.

El gobierno hizo un arreglo para que todas las provincias recuperasen ese 15%, pero ahora hay que pagar la deuda de esas tres provincias por el stock de lo descontado, que a diciembre de 2015 eran $45.000 millones.

La ejecución de esa sentencia se tramita en la Corte. Nadie cree que haya vuelta atrás, por los argumentos de aquel fallo, que defendió el federalismo como nunca se había hecho en el tribunal.

Tampoco espera el gobierno que la Corte lance un cañonazo que desfinancie a la tesorería. Sugerirá en todo caso un bono, un bonazo en realidad.

Para quien tiene que pagarlo alguna vez, el gobierno, es una minucia. Pero quienes esperan condiciones para invertir se fijan en esas cosas. Como se fijan en que la reposición del 15% empieza a traer problemas al Anses.

De ahí salen las especulaciones sobre cambios en la edad jubilatoria o la venta de acciones de ese organismo en empresas privadas.

Ni qué decir si prosperan las normas para que los pasivos no paguen ganancias. Ya hay un fallo judicial a favor de eso. Carrió sumó un proyecto de ley, firmado junto a Fernando Sánchez, que el gobierno mismo dice que, de ser aprobado, le costará a la tesorería un déficit de $12.000 millones.

La otra causa la inició María Eugenia Vidal para que le actualicen a Buenos Aires el llamado Fondo del Conurbano.

En octubre del año pasado la Corte admitió la competencia en el caso y ahora debe resolver. Si el fallo declarase la invalidez del congelamiento, la Nación y el resto de las provincias recibirían un cañonazo financiero.

Si es retroactivo la deuda sería de $300.000 millones. Dispararía de manera traumática el debate de una nueva norma de coparticipación, algo que se demora desde la reforma constitucional de 1994.

El nuevo Partido Judicial refuerza a la justicia frente al Ejecutivo y la peor noticia que le espera a Macri en su regreso al país.

Es además la principal preocupación de la mesa judicial del gobierno, que tiene varias patas. Una de ellas es el ministerio de Justicia de Germán Garavano que lleva lentamente el plan Justicia 2020 que administra Ricardo Gil Lavedra.

Otro es Ernesto Sanz, nonato ministro de Justicia en el primer gabinete de Macri, pero que tiene como encargo la vigilancia sobre el poder judicial,

Otra son los asesores de Olivos, Fabián Rodríguez Simón, José Torello y Pablo Clusellas. Los dos primeros son los padrinos de Carrió cerca del corazón de Macri y no se les escapa que es una respuesta a los ataques contra Lorenzetti de la diputada que, además, ya está en zona de campaña.

Rodríguez Simón volvió de Nueva York, adonde acompañó al nuevo procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías en un viaje de urgencia para enfrentar incidencias de dos juicios contra YPF.

Saravia reemplazó al camarista de la Ciudad Carlos Balbín, que se hizo con reproches de exagerado ritualismo en la defensa de los intereses del Estado. “Es poco abogado y más juez”, dicen de él en el gobierno.

Ahora ser juez vale otra cosa, porque tienen un partido que los defiende. A Balbín también le reprocharon haber mantenido en sus cargos a una decena de abogados que ingresaron en la última etapa del kirchnerismo y que eran la usina de las filtraciones a la prensa de casos como Correos y otras lindezas.

Balbín estuvo en la semana por el Congreso, adonde fue asesor durante años de las bancadas radicales, y logró contención.

El mensaje que salió hacia la Casa de Gobierno es que este ex funcionario está dispuesto a olvidarse de ellos si ellos se olvidan de que fue Procurador.

Un mandato para Saravia Fría, que tiene crédito del radical Sanz, como lo tiene Balbín de otros sectores del partido. Los padrinos de Saravia se quejan de la parsimonia de Balbín, y lo ilustran en el hecho de que el nuevo Procurador, estando ya en el cargo se enteró por los diarios de la sentencia que obliga a la Argentina a pagar u$s380 millones por la estatización de Obras Sanitarias.

Pidió cuentas y le dijeron que le habían mandado un memorándum. Un memorándum es de la edad de piedra, se quejó; ante una cosa así me tiene que venir a patear la puerta para informarme, según afirma el blog de Ignacio Zuleta.