El juez federal Daniel Rafecas resolvió este lunes desestimar las dos denuncias presentadas contra la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito.

Una de ellas fue rechazada tras detectar que el denunciante particular admitió ante la Justicia que presentó la acusación  luego de recibir un dinero a cambio.

La otra, elevada por el abogado Mariano Valdez, fue desestimada  por considerar que se trataba de una copia de la primera, hecha  por el hombre que reconoció haber cobrado 1.500 pesos.

El pedido de archivo de la denuncia lo había hecho la semana pasada la fiscal federal Paloma Ochoa, tras confesar Enrique Paz que le pagaron para instar la acusación ante la Justicia.

Paz fue llevado ante la Justicia por la fuerza pública al rehusar la citación dispuesta por el juez Rafecas, y en su  declaración el albañil dijo que cobró 1.500 pesos por acceder afirmar el escrito de denuncia, y que no sabía el contenido de la misma.

Según sostuvo, al ir a presentar la denuncia fue llevado por la persona que le prometió dinero, de nombre Alan González.

Por ello, Rafecas ordenó el archivo del expediente, pues consideró que las denuncias "no pueden ser consideradas como un instrumento legítimo".

"Se ha demostrado que no responden a alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien, a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública", agregó el juez en su fallo.

Se está ante "múltiples, alarmantes y graves circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas que –a criterio del suscripto– de ningún modo podrían habilitar una investigación penal como la que aquí se ha pretendido, si es que se procura mantener la altura ética de un proceso penal desde el mismo momento de su génesis".

"Abrir una investigación penal (con lo que eso significa, esto es, la posibilidad de poner en peligro la tranquilidad, la imagen pública, la honorabilidad, la intimidad y demás derechos y garantías del justiciable), convertiría al Juez en un instrumento puesto al servicio de personas que actúan valiéndose de otros y que procuran fines  ajenos –posiblemente de tipo mediático o político– a la administración de Justicia, que en ningún caso se puede tolerar", agregó.