La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia penal contra el ex titular de la Anses y diputado justicialista Diego Bossio, y los ministros de economía del kirchnerismo, Axel Kicillof y Hernán Lorenzino, por el manejo del Fondo de Sustentabilidad de Garantías de la Anses.

De acuerdo con la estimación realizada por Carrió, la conducción del organismo-que manejaba los títulos y acciones en empresas privadas a cargo del Estado desde la estatización del sistema jubilatorio-, habría perdido en cinco años unos u$S1.000 millones.

Carrió, junto a su par de bancada Fernando Sánchez y la ex legisladora Fernanda Reyes, pidió que se investigue una eventual "administración fraudulenta" del Comité Ejecutivo de ese fondo en el período 2010-2015, cuando fue creado para administrar las acciones que quedaron en poder del Estado al estatizar las AFJP.

La denuncia penal que se encuentra a cargo de juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, está presentada contra Bossio, Kicillof, Lorenzino y los ex funcionarios Santiago López Alfaro; Adrián Consentino; Emmanuel Antonio Álvarez Agis; Pablo Julio López; Juan Carlos Pessoa; y Roberto Feletti.

Los argumentos de la denuncia de la diputada es que durante esos años "existieron depósitos a la vista en diversos bancos, principalmente en entidades públicas, que no generaron ningún rendimiento para el FGS, en el segundo cuatrimestre de 2015 se descubre un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco Macro".

"Esta preferencia arbitraria hacia esta entidad adquiere un evidente carácter delictivo que llega a su punto máximo en noviembre de ese año cuando en la asignación de los depósitos a la vista del FGS, el Banco Macro superó incluso al Banco Nación con una participación del 34% en el total de las disponibilidades del FGS en cuenta corriente” señala la denuncia.

En su presentación, Carrió afirma que “esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos”.

En escrito señaló que “esta maniobra implica que se ha generado un costo de oportunidad al FGS, en el segundo semestre del 2015, de aproximadamente $280 millones, si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas".

En ese sentido, los dirigentes de la Coalición "estiman que se perdieron alrededor de u$s1.000 millones entre 2010-2015, tomando en cuenta todas las disponibilidades en diversas cuentas a la vista”.

Agrega que la cuenta corriente del Banco Macro "mantuvo entre enero de 2012 hasta el primer semestre del 2015 un saldo promedio de $780 millones sin grandes alteraciones (lo cual insistimos que ya era en sí una decisión muy cuestionable)”.

Y agrega: “A partir del segundo semestre se triplicó este promedio con un pico máximo en noviembre del 2015 casi cinco veces superior al de años anteriores ($3.764 millones)”.

Subrayó que “esta maniobra tuvo como consecuencia que el Banco Macro se vio favorecido en su operación habitual por el mismo monto en que se vio perjudicado el FGS y en consecuencias los jubilados, por lo que es importante que se investigue la connivencia entre las autoridades del Banco y los funcionarios públicos”.

Finalmente, los dirigentes de la Coalición Cívica señalan que "si algo acaso faltase para confirmar la maniobra delictiva que aquí venimos a denunciar, es que con el cambio de gestión los niveles de disponibilidad se redujeron sin perder liquidez desde el año 2016”.