El Gobierno avanza en su plan de modificar los convenios colectivos para bajar los costos y ganar competitividad. En medio del cierre de plantas en Sancor y un clima de tensión larvada con el gremio lechero, el Ministerio de Trabajo inició el martes la apertura formal de la negociación para introducir cambios en el régimen laboral de los trabajadores de esa actividad.

Se trata del puntapie inicial luego del acuerdo alcanzado el 5 de mayo pasado, en que las autoridades se comprometieron a otorgar un crédito de $450 millones a la cooperativa, a cambio de una reducción de los aportes patronales al gremio, la condonación de deudas a las empresas por dicho concepto, y la revisión en un plazo de 30 días hábiles del convenio que data de 1988.

En una reunión expeditiva, la mesa convocada por el equipo del subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, acordó este martes acelerar los pasos con el intercambio de documentos de cara a un encuentro la semana próxima, en cuya agenda figuran las licencias, horas extras, accidentes y enfermedades, presentismo, reemplazos, el régimen de renuncias, categorías y polifuncionalidad o multitareas.

De la convocatoria participó el titular de la Cámara de la Industria Lechera (CIL), Miguel Paulón; Ruben Ema y Carlos Marcelo Beldi en representación de Sancor, Rubén Bonagino y Pablo Villano por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Lácteos (Apymel), y el titular de Atilra, Hector "Etin" Ponce.

Desde el Gobierno destacaron la "buena predisposición" del gremio y el clima ameno de la audiencia. "No es un dato menor que se hayan sentado a integrar la comisión, era una de las condiciones para salvar a Sancor", reconocieron a iProfesional.com fuentes de la cartera laboral. Pero la discusión promete nuevos cortocircuitos.

Es que cerca de Ponce perciben una ofensiva en marcha contra el gremio para "flexibilizar" las condiciones de trabajo más allá de Sancor, en línea con la negociación desarrollada en Vaca Muerta, donde el petrolero Guillermo Pereyra aceptó la resignación de beneficios laborales como condición para mejorar la competitividad y atraer inversiones al yacimiento en Neuquén.

En el caso de los lecheros, el convenio quedó en la mira por los aportes extraordinarios que el sindicato recibía de las empresas desde 2009 con destino a la obra social. El 3 de mayo pasado, en horas previas a un paro inédito de Atilra que paralizó 11 plantas, el Presidente cargó contra la entidad por "un enorme desmanejo interno en su conducción con serios problemas de gestión; y un pésimo convenio laboral, inviable".

Fruto de las presiones, Atilra aceptó derogar el aporte mensual de $3.300 por trabajador y reducirlo a una suma de $1.500 para las empresas de más de 70 empleados y de $750 para las más chicas, a la vez que perdonó deudas por $200 millones a las Pyme. En el caso de Sancor, ya había aceptado el diferimiento por seis meses del pago del 15% de los sueldos a los empleados de Sancor y se hizo cargo del 50% de los salarios caídos desde septiembre.

Con todo, la discusión sobre los costos laborales volvió al centro de la escena en las últimas semanas. En un spot, el gremio salió a rechazar que el valor de la mano de obra y los aportes sindicales afectaran la competitividad de la industria. Según datos citados del Instituto Argentino de Profesores de Costos (IAPUCO), de una canasta de productos lácteos valuados en marzo a 18,06$, el trabajador se llevó $0,83, un 4% de lo que el consumidor paga en la góndola.

El sindicato difundió el video luego de un informe del programa La Cornisa conducido por Luis Majul, titulado la "Guerra de la leche", que apuntó contra Ponce por mantener sus "ingresos millonarios" y un sindicato "rico" en una "industria quebrada". En Atilra sospechan que detrás de esa investigación está el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El otro frente de conflicto son las paritarias de la actividad, que siguen en suspenso. A fines de enero pasado, el sector acordó una suba del 13,9% por tres meses para completar el último tramo pendiente y llevar el aumento total al 40,9%. En abril del año pasado ya habían convenido una suba del 26,1% que llevó el mínimo a $15.700 en mayo y $19.330 en octubre. Con suba del primer trimestre de 2017, el piso iba a llegar a $22.000, pero Trabajo nunca lo homologó.

En paralelo a la revisión del convenio, Sancor avanzó en los últimos días en su plan de reestructuración exigido por el Gobierno. Luego de recibir el viernes pasado $250 millones del préstamo oficial, la cooperativa empezó a saldar deudas con productores y empleados, y convocó a una asamblea extraordinaria el 30 de mayo. Allí se pondrá a votación su conversión en Sociedad Anónima -paso necesario para su venta-, y el despido de más de 1.000 de sus 4.400 empleados.

El denominado "Plan Sancor" contempla además el cierre definitivo de cuatro de sus 16 plantas. La intendencia de Brinkman confirmó el martes la liquidación de la planta situada en esa localidad de Córdoba y el despidos de 120 empleados, mientras que la quesera La Tarantela, especializada en la elaboración de ricota y muzarella, dio a conocer gestiones para comprar la filial ubicada en el pueblo santafesino de Centeno.

Las otras dos en la mira serían la de Moldes (Córdoba) y Gobernador Galvez (Santa Fé).