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La "pista argentina" del "Lava Jato criollo": ¿se conocerán los nombres de funcionarios corruptos?

28-05-2017 El consultor especializado, Gustavo Segré, analizó, en exclusiva para la sección "Ahora Brasil" de iProfesional, el escenario que se abre en la investigación por supuestos pagos de coimas de la empresa que desde hace años participa de la obra pública en el país
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El caso Odebrecht continúa arrojando novedades en la Argentina

Días atrás, la Justicia Federal allanó oficinas de la constructora brasileña en Buenos Aires, luego de que se impusiera secreto de sumario en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de una planta potabilizadora. 

A través de un comunicado de prensa, directivos de Odebrecht aseguraron haberse presentado el 9 de mayo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello -donde tramita el expediente en el que fueron ordenados los allanamientos- y ofrecieron "colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones".

"La empresa reafirma su posición en colaborar con la Justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", expresó Odebrecht en el comunicado que difundió públicamente para confirmar los allanamientos en sus oficinas ubicadas en el piso 32 de la torre ubicada en la avenida Leandro N. Alem 855 del barrio porteño de Retiro.

En ese marco, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó que el Gobierno de Mauricio Macri pretende que la firma “diga quiénes fueron los funcionarios que recibieron los sobornos” en la Argentina. 

“Hicimos denuncias penales sobre todas las irregularidades que encontramos. Hubo una empresa que puso u$s35 millones en sobornos para obras públicas y eso pasó durante el kirchnerismo. Queremos saber qué pasó”, señaló el funcionario. 

El escenario que se abre
En un análisis realizado para la sección Ahora Brasil de iProfesional, el consultor especializado Gustavo Segré afirmó que “a fines de 2016, la empresa firmó un acuerdo de ´leniencia´ con el departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento que contiene 73 puntos donde los números 48, 49 y 50, hacen mención a los pagos de coimas a los funcionarios e intermediarios de la Argentina”. 

“En el número 48 menciona que entre el 2007 y 2014, Odebrecht realizó pagos de por lo menos u$s35 millones en tres proyectos, donde obtuvo una ganancia de u$s278 millones en función de los contratos obtenidos”, explicó el analista. 

Segré agregó que el caso de corrupción puede ser incluso más grande, dado que "está la duda de que haya sido solamente esta constructora la que realizó el pago de coimas, ya que estaba asociada a otras empresas".  

El CEO de la consultora Center Group afirmó que en el ítem 49, se hace mención al pago de u$s2,9 millones a un intermediario, mientras que en el 50 se refiere a una supuesta coima de u$s500.000. Este último soborno, según el documento, fue depositado en diferentes cuentas atribuidas a funcionarios del anterior gobierno argentino. 

“Esto es la base, la punta del iceberg”, completó Segré. 

¿Se conocerán los nombres? 
De acuerdo con el analista, el 1° de diciembre de 2016, los directivos de la compañía realizaron un acuerdo de “leniencia” con el Ministerio Público brasileño, que fue ratificado por todos los fiscales de primera instancia de todos los Estados de ese país.

“A grandes rasgos, lo que determina a partir de una cláusula, es que los que participan del acuerdo, renuncian al derecho constitucional de permanecer en silencio y de la autoincriminación. Es decir que ante un llamado del juez, no pueden quedarse sin responder”, detalló. 

Para Segré, este acuerdo fue muy importante, “porque a partir de la colaboración de 160 arrepentidos del sector privado se consiguió llegar a los corruptos del sector público, logrando penas que, sumadas, equivalen a 1.400 años de prisión”.

La otra cláusula estipula que el Ministerio Público brasileño se compromete a mantener silencio por seis meses y “por eso están todos esperando al 1° de junio de 2017, para conocer quiénes son los funcionarios implicados de la Argentina”, afirmó Segré, quien acto seguido afirmó: “Pero esto no ocurrirá”. 

“Una de las cláusulas determina que el país que solicite la información sólo podrá utilizar las pruebas contra terceros y no contra los representantes y arrepentidos de Odebrecht”, amplió. 

“Aquí está el punto central, porque si se puede solicitar la información a Brasil, con el compromiso de no involucrar a los arrepentidos de la compañía, la pregunta es por qué el Gobierno argentino no hace un pacto con la firma. Esto sería clave para tener su colaboración y conocer cuánto se pagó y a quién se le pagó”, afirmó. 

La otra cláusula, en tanto, exige el compromiso del país que pide la información (en este caso la Argentina) a custodiar y a no divulgar las pruebas

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