La palabra mágica que encontró el macrismo para contrarrestar los fríos números de la economía es "competitividad". 

Bajo este concepto se lanzó a una intensa carrera para firmar numerosos acuerdos con un amplio abanico de ramas de actividad, con el objetivo de marcar la agenda económica.  

El pacto con el sector motos es el último de muchos otros que se fueron cerrando durante la primera parte del año, como el que alcanzó con automotrices, empresas textiles, fabricantes de calzados, así como también con firmas constructoras y las petroleras que operan en Vaca Muerta. 

Y así como los sectores resultan variados, los objetivos también lo son: en algunos casos, el Gobierno intenta potenciar la producción y las exportaciones; en paralelo, a otros busca hacerlos más atractivos para captar inversiones o ayudarlos, aunque más no sea, a sostener los empleos. 

Así, los acuerdos de competitividad sectoriales se están convirtiendo en la respuesta oficial a cifras que todavía lucen muy flojas: 

-La producción industrial, por ejemplo, retrocedió en abril un 2,3% y acumuló así una racha negativa de 15 meses consecutivos. 

-En marzo -último dato disponible-, se crearon apenas 1.300 empleos más que en febrero, con una suba interanual de apenas 0,9%. Hay un agravante: la obra pública es la rama más dinámica, mientras que la industria está corriendo por debajo.  

-En cuatro meses, las exportaciones acumulan una caída de casi 4% en volúmenes y el saldo de la balanza comercial, que en ese lapso de 2016 era positivo, ahora arroja un déficit de más de u$s1.200 millones. 

En paralelo, si se traza una mirada al interior de algunos de los sectores con los que el Gobierno firmó algún tipo de acuerdo, la situación puede lucir incluso peor. 

Así, en momentos en que los principales "termómetros" de la economía no juegan a favor del macrismo, los ministerios de Producción, Trabajo y Hacienda, continúan abocados al cierre de nuevos pactos. 

Industria metalúrgica, biotecnología son algunas de las ramas de actividad que están en "lista de espera" y que buscan ser anunciados en las próximas semanas, a las que se podrían sumar electrónica de consumo y línea blanca. 

En su exposición ante Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dejó en claro que el Gobierno profundizará esta estrategia. 

El funcionario instó a "seguir avanzando en las mesas sectoriales de competitividad" y puso como ejemplo lo logrado con Vaca Muerta. 

Se trata del pacto que, hasta ahora, más resultados le permite mostrar al macrismo. 

Firmado a comienzos de enero, el mismo dio vía libre a una flexibilización laboral para dotar de más competitividad a la explotación de los llamados yacimientos no convencionales. 

"Tenemos anuncios de inversión concretos y ya hay señales claras de un aumento de la productividad por pozo", señala una fuente del Ministerio de Energía. 

Techint, a través de Tecpetrol, prevé desembolsar u$s2.300 millones hasta 2019 en el yacimiento. En tanto, la alemana Wintershall dio a conocer un plan por u$s120 millones para habilitar cuatro pozos. 

A estos anuncios se suma el plan de YPF que, según el Gobierno, ya permite hablar de proyectos por un total de u$s6.000 millones sólo para 2017, con el objetivo a dos años de superar los u$s20.000 millones. 

¿Son suficientes? Más allá del caso Vaca Muerta, ningún experto objeta las metas trazadas.  

Para empezar, hay un consenso generalizado de que muchas de las pautas explicitadas en cada una de las mesas de competitividad son relativamente cumplibles, a diferencia del plan 20-20 elaborado en 2013 por el gobierno kirchnerista, que trazó una agenda poco creíble. 

Pero, independientemente de las buenas intenciones, hay voces que marcan dos problemas principales: la lentitud de su implementación, en un contexto en el que hay sectores que están apremiados por la coyuntura, y el efecto acotado que pueden tener frente a problemas de competitividad crónicos y estructurales, los cuales requieren un abordaje más amplio.

José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, sintetiza este último punto con una frase: "Lo micro a veces no alcanza para arreglar los problemas macro". 

"El esfuerzo es positivo, suma. Pero los planes no reemplazan todo lo que debe hacerse a nivel general, como bajar la tasa de interés para financiamiento, reducir la presión tributaria, desacelerar la suba de precios, achicar urgentemente los costos logísticos y, sobre todo, reactivar el consumo", apunta el legislador, en diálogo con iProfesional. 

De Mendiguren pone el caso de la industria textil: "Se otorgaron algunos beneficios puntuales, pero venimos de sufrir una inflación anual en dólares de más del 25%. Por más esfuerzo que haga el Gobierno por darle competitividad al sector, esto no se compensa". 

En cuanto a los tiempos, el diputado remarca que "en algunos casos, las medidas anunciadas requieren de una ley o una resolución. Y estamos viendo con preocupación que la parte normativa corre por detrás de las urgencias de algunos sectores". 

Alberto Schuster, director de la Unidad de Competitividad de Abeceb, es categórico al afirmar que, si bien la estrategia es positiva, la suma de pactos no es suficiente para resolver problemas estructurales.

Un reciente informe de Abeceb reveló que el costo laboral unitario de la industria nacional, en promedio, es casi cinco veces más altos que los de EE.UU.

Si se toma otro ítem, como la productividad, la Argentina ocupa los últimos puestos. 

"La experiencia internacional indica que hay países que requirieron diez años de trabajo para duplicar esta variable. Esto hay que pensarlo a largo plazo y requiere de una planificación muy bien pensada", afirma el experto. 

Igualmente, considera que estas negociaciones sí están resultando positivas para "aggiornar" algunos acuerdos laborales, como sucedió con Vaca Muerta. 

"Veníamos con contratos totalmente inflexibles, firmados hace décadas. Era necesario hacer una readecuación", apunta Schuster en referencia a uno de los puntos más resistidos por los gremios. 

Demoras en la puesta en marcha

Uno de los pactos más ambiciosos es el que el Gobierno alcanzó con sindicatos y terminales automotrices. A grandes rasgos, los objetivos son: 

-Elevar la producción de los 493.000 vehículos logrados en 2016 a 1 millón en 2023. 

-Crear 30.000 nuevos puestos de trabajo. 

-Llevar el nivel de integración con autopartes nacionales de un 20% a un 40% para ese mismo año. 

-Lograr que más del 35% de la producción se exporte a terceros países, para reducir la dependencia de Brasil. 

El "corazón" de plan descansa en la ley autopartista, sancionada en 2016 y que prevé beneficios impositivos para quien incorpore componentes fabricados localmente.

Además, el Gobierno eliminó retenciones a las ventas al exterior y está tratando de cerrar acuerdos con nuevos mercados, como el que alcanzó con Colombia, para acceder con bajos aranceles. 

"La meta no es descabellada. El problema es que el plan se firmó hace más de dos meses y recién fuimos convocados a la primera mesa de trabajo para este jueves. Está faltando celeridad en la gestión", se queja un empresario Pyme de Rosario que provee a terminales. 

En tanto, el CEO de una automotriz de primera línea, que también prefirió mantener su nombre en reserva, coincide en que hay lentitud en implementar los beneficios y que esto está demorando la posibilidad de incluir más componentes nacionales. 

La incorporación de una mayor proporción de autopartes con sello "Made in Argentina" es un viejo anhelo que viene de la época del kirchnerismo. Sin embargo, el amperímetro nunca logró moverse.

Un dato que preocupa es que la ecuación, en lo que va del año, no sólo no mejoró sino que empeoró: la producción de autos -pese al repuntede mayo- acumula una caída de casi 5%, mientras que las importaciones de piezas crecieron casi 5%. 

"Esto significa que los autos están fabricándose con más componentes chinos y brasileños que argentinos", se queja el referente Pyme. 

"Se suponía que el 2016 era un año de reacomodamiento y que el 2017 la industria iba a despegar. Pero no: las ventas de 0Km crecen más del 30% pero casi el 80% de los autos que se venden son importados", acota. 

En tanto, desde la terminal, el directivo siembra algunas dudas respecto de la posibilidad de lograr un salto en la proporción de partes nacionales, tal como plantea el macrismo.

"Mientras Brasil siga en crisis y tengan tanta capacidad ociosa, la brecha de precios seguirá siendo grande. En algunos componentes, las cotizaciones pueden ser 35% o 40% más bajas que las que nos ofrecen algunas autopartistas nacionales", se sincera. 

"Si esto no cambia, los incentivos que puedan dar para comprarle a empresas argentinas van a quedar cortos", se ataja. 

El otro punto tiene que ver con el ambicioso plan de reemplazar al mercado brasileño. El acuerdo que habilita exportaciones por un cupo promedio de 25.000 autos anuales a Colombia luce promisorio. 

Pero, para el CEO de la terminal, "por ahora son casos excepcionales. En mercados cercanos, totalmente liberados, como Chile, no tenemos chances de pelear. No somos competitivos". 

Plan para la electrónica, demorado

En tanto, la mesa sectorial para la industria electrónica, según pudo saber iProfesional, no arrancará al menos hasta julio. 

"Viene bastante demorada. Básicamente porque estamos en plena negociación por las paritarias con la UOM de Tierra del Fuego", afirma un empresario que pidió off the record. 

Fuentes muy cercanas a la negociación detallan a iProfesional que el acuerdo, en el que se viene trabajando desde hace más de tres meses, tiene como objetivos principales: 

-Reducir el elevado costo laboral

-Trabajar en una mejora de la productividad

-Disminuir los costos logísticos

-Facilitar los procesos aduaneros y de comercio exterior

-Implementar un plan para atacar el contrabando de electrónica

“En nuestro sector, lo que más afecta es el ausentismo y las horas improductivas. Venimos discutiendo formas de mejorar todas estas variables que hacen al costo laboral”, acota la fuente consultada. 

La tasa de ausentismo ocupa un lugar central en la agenda empresaria: en la isla, hoy llega al 12%, un nivel que las firmas consideran demasiado elevado. El objetivo es reducirlo a menos de la mitad. Concretamente, a un 5%. 

Pese al interés de los empresarios por activar la mesa de competitividad, en off reconocen que el acuerdo, si bien es fundamental para garantizar la viabilidad del polo el ectrónico, tendrá impacto sólo a mediano y largo plazo. 

"Ahora, lo que más nos preocupa es que no se recuperan los pedidos de las cadenas de retail. Estamos registrando caídas en las tres principales categorías, que son equipos de aire acondicionado, televisores y celulares", alerta el empresario. 

"Lo que propone el plan es bajar costos, mejorar la rentabilidad y bajar precios. Pero esto, claramente no lo vamos a lograr de un día para el otro. Por eso, lo urgente es que repunte la economía, se despejen las dudas en el mercado laboral y se active el consumo", completa el empresario. 

Textiles y calzado Son dos de los sectores que más dependen del acuerdo, pero -a la vez- los que más dudas generan. 

Desde Abeceb señalan que se trata de "ramas sensibles por su elevada participación en el empleo, ya que dan trabajo a 200.000 personas, equivalente al 11% del total de la industria". 

El Gobierno benefició a estas empresas con el Ahora 3 y Ahora 6 para incrementar ventas y, además, les elevó los reintegros a la exportación de un 6% a un 8%.

"Los planes de financiamiento ayudaron un poco, pero no son suficientes con una importación en alza", afirma a iProfesional Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC).

"El año pasado dejamos de producir 14 millones de pares y en este 2017 podemos quedar por debajo de los 100 millones", alerta el directivo, quien agrega que desde 2007 el sector no perfora ese piso. De confirmarse la caída, sería el peor registro en una década. 

Además, señala que esos dos puntos de reintegro no son suficientes para estimular las ventas al mundo: "Hace cinco años despachábamos al exterior 2 millones de pares. Ahora estamos en 800.000, porque no somos competitivos con los niveles de costos que tenemos". 

En tanto, Mariano Kestelboim, consultor especializado en la industria textil, coincide en señalar que "los reintegros son un paliativo pero no son determinantes".

"Lo que se exporta desde la Argentina son prendas con alto valor agregado, que no dependen de eso", señala. 

Si bien afirma que lo positivo del acuerdo está en la posibilidad de agilizar el acceso a los Repro para proteger empleos, Kestelboim señala que "la única vía para sostener al sector es el mercado interno" y, mientras esta variable no traccione, la mesa de trabajo no cambiará la suerte del sector.

En medio del debate por la eficacia de la estrategia de las mesas de competitividad, Dante Sica, director de la consultora Abeceb, considera que, ante todo, no habrá que esperar soluciones mágicas y que debe primar la paciencia. 

"Recién el año que viene se podrán ver los resultados para determinar si se permite una generalización al resto de los sectores", concluye.