De acuerdo a la Constitución Nacional, la defensa de la competencia es uno de los cimientos del sistema económico. Pero a pesar de que existe una ley vigente, no fue del todo eficaz ya que, durante los últimos años, hubo pocas sanciones y por montos irrelevantes para las empresas castigadas.

Desde que asumió, el macrismo incluyó a este tema como uno de sus pilares del plan productivo nacional. No solo designó a su autoridad de aplicación sino que además buscó que avance el tratamiento legislativo para modificar la norma actual. 

Aunque la iniciativa no pudo ser tratada en la Comisión de Comercio de la cámara baja, que preside la kirchnerista Liliana Mazure, el Gobierno confía en lograr la aprobación de un dictamen unificado de las propuestas presentadas por dos referentes de Cambiemos, los diputados Mario Negri y Elisa Carrió antes de fin de mes.

Le semana pasada se había reunido la Comisión de Defensa del Consumidor. Si bien desde parte de la oposición cuestionaron que haya habido pocas denuncias resueltas en el último año y medio (solo una en 2016 y cuatro en 2017), prometieron buscar consenso para sancionar una nueva ley.

El presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, remarcó que hoy “el nivel de las sanciones es tan bajo para las grandes cadenas que es casi una invitación a infringir la ley”.

El funcionario destacó "la importancia del programa de clemencia para detectar carteles" y de la necesidad de reforzar los elementos de disuasión porque "hoy las multas son muy bajas y en muchos casos a las empresas les conviene pagarlas" y continúan con las conductas ilícitas. 

El Gobierno apunta a que esta iniciativa permita evitar distintas conductas que provocan aumento en los precios como la formación de carteles. En concreto, apunta a los mercados de alimentos como lácteos, carnes y aceite y otros indispensables como jabón de ropa, acero, petroquímica, transporte interurbano y medicamentos.

Además de Comercio y Defensa del Consumidor, la iniciativa debe ser analizada además por Legislación Penal y Presupuesto. De esta manera, lo más probable es que haya un plenario de ellas para definir un texto que se eleve al recinto en el corto plazo. El macrismo confía en tener la aprobación de la cámara baja en el corto plazo.

El Frente Renovador también presentó su propuesta por este tema, a través del diputado Alejandro Grandinetti, que propone la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tendiente a “verificar a las grandes empresas formadoras de precios para evitar que constituyan abuso de posición dominante”. Prevén severas sanciones y multas que van desde cien mil hasta doscientos cincuenta millones de pesos.

Uno de los puntos en que coincide la gran mayoría de los legisladores es que si bien el texto vigente habilita a la autoridad de aplicación a ordenar el cese de conductas que pueden ser consideradas lesivas, las empresas –apenas eran sancionadas- recurrían a los tribunales para apelar la decisión. Directamente, decidían no pagar o lo hacían si el monto era muy bajo y continuaban llevando adelante la conducta sancionada.

Y en los estrados judiciales, los distintos criterios de los magistrados lograron que la norma perdiera la razón de ser ya que la gran mayoría de las sanciones terminaron siendo anuladas.

Aspectos centrales

En primer lugar, se prohíben todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado -posición dominante, concentración y fusión de empresas-.

Se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estaría conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.

A su vez, se prevén dos tipos de sanciones disuasivas: el cese de los actos o conductas que impliquen acuerdos prohibidos o abuso de posición dominante; y multas, según tres criterios “objetivos y estrictos”, en palabras de Greco.

El primer criterio es el de beneficio ilícito, con multas de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva.

El segundo es un criterio porcentual: hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto; y hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio.

El último criterio es monetario, con multas de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalentes a tres mil millones de pesos ajustables por IPC). Según Greco, las penas pecuniarias con la ley actual son de hasta apenas 150 millones de pesos.

Según el proyecto, quienes realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa de cien mil pesos ($ 100.000) hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000), monto que se actualizará por las cifras de inflación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán.

Por su parte, se detalla que "la Comisión podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, embargadas o inhibidas".

También propone crear un "sistema de clemencia", una especie de ley del arrepentido para los carterizadores de precios, que podrían reducir sus sanciones si admiten posiciones dominantes y aportan información para destruirla.

Exime de sanción para el primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional. Este tipo de programas ya existe en países como Estados Unidos, Brasil, Chile y México.

"Funcionará sólo para los carteles, porque es la única manera de desbaratarlos", anticipó Greco. Contó que las multas deben alcanzar al menos un 30% de la facturación y que sólo si se inspecciona la adquisición de empresas se impiden monopolios, "porque una vez que funcionan es muy difícil".

El proyecto de Cambiemos también crea una Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación, que tendría a cargo la administración de un fondo específico para cumplir con los objetivos de la ley.

“La legislación actual obstaculiza las inversiones, genera trámites muy largos y el nivel de las sanciones es tan bajo para las grandes cadenas que es casi una invitación a infringir la ley”, argumentó Esteban Greco al momento de defender el proyecto.

Además, indica que el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá decidir "la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta 5 años", en tanto que "si la infracción fue realizada en licitaciones públicas, la exclusión podrá ser de hasta 8 años.

Se analiza tanto la existencia de una posición dominante en el mercado, dando su propia definición, así como también las concentraciones y fusiones de empresas, ya que se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.