Falta muy poco tiempo para que los argentinos tengan que pasas, una vez más, por el cuarto oscuro. Y el balance de la gestión de gobierno de Macri tiene, hasta ahora, sus más y sus menos.

El Gobierno no pretendió llegar a esas elecciones en un clima de euforia económica. Sabía que superar la herencia recibida tendría un elevado costo político.

Desmantelar las distorsiones de precios relativos heredadas del kirchnerismo aumentaría en los primeros meses de su gestión la inflación, disminuiría el salario real y deprimiría la actividad productiva y el empleo.

Al mismo tiempo suponía que la salida exitosa del cepo cambiario y del default de la deuda pública ayudarían a crear un clima de credibilidad y de seguridad jurídica que favorecería la inversión privada interna y externa.

El objetivo era reemplazar al sector público por el sector privado como locomotora del crecimiento. Finalmente suponía que esa transición recesiva e inflacionaria hacia una economía más ordenada tomaría seis meses.

Por ello, anunció que en el segundo semestre del 2016 comenzarían a florecer los brotes verdes de la reactivación de la economía y nos acercaríamos a una meta de inflación del 17% en el 2017.

La reactivación de la economía y el control de la inflación se fueron dilatando en el tiempo y la inversión privada se mantuvo al margen del proceso esperando ver si la sociedad argentina ratificaba electoralmente en octubre el nuevo liderazgo de Cambiemos.

Crecimiento y menor inflación pasaron a ser objetivos postergados para el tercer y cuarto trimestre del 2017, sin tiempo suficiente para influir en las elecciones de agosto y de octubre.

Eso no quiere decir que el Gobierno se desentendió del manejo económico, sino que la reactivación productiva y el descenso de la inflación, que efectivamente se van a dar en los meses preelectorales, no tienen el tiempo suficiente ni la fuerza necesaria para incidir en las elecciones.

El Gobierno está tratando de cubrir el vacío que deja el desempeño de su programa económico con la polarización entre Cambiemos y el peronismo kirchnerista.

Se sostiene que faltando tan pocos meses para las elecciones, la mejor estrategia pre-electoral sería no descansar en la tesis inicial del éxito económico como plataforma electoral sino más bien obtener a lo sumo "un voto no positivo" en el manejo de la economía para descansar más en la estrategia de la polarización y esperar un peronismo dividido sobre todo en la Provincia de Buenos Aires.

Macri no tiene margen económico ni político para absorber las consecuencias de una derrota electoral. La experiencia histórica nos señala que un triunfo del peronismo como partido opositor llevaría a los operadores económicos a anticipar un futuro político ya transitado varias veces. Es una película que los argentinos han visto en repetidas oportunidades.

Se dice que cuando los presidentes tienen que tomar decisiones económicas conflictivas, los ministros les presentan dos opciones: una que termina siendo políticamente perversa y la otra también.

Si Macri triunfa en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires por un estrecho margen electoral, tendrá que elegir una de las dos opciones económicas para el 2018: gradualismo o shock fiscal.

El camino intermedio, esto es, empezar con gradualismo y terminar con shock, es la opción más riesgosa porque puede llevar a que sea el mercado el que se anticipa y toma la iniciativa para un shock no buscado. Por ello, se sostiene que en el gradualismo el factor limitante es el acceso al endeudamiento externo y en el shock el factor limitante es la tensión social.

La primera opción sería más de lo mismo. ¿Porque cambiar lo que dio un resultado electoral favorable? Si elige este camino gradualista, la economía en el 2018 volvería a depender como en el 2016/17 de un creciente acceso a los mercados financieros internacionales para financiar los crecientes desequilibrios fiscales y externos.

Por otro lado, ¿están dadas las condiciones económicas y políticas para volver a insistir en el 2018 con el enfoque gradual?

El gradualismo en el 2018 comenzaría debilitado por las consecuencias del gradualismo en el 2017 que lo llevo a utilizar el tipo de cambio y las tarifas públicas como ancla antiinflacionaria.

En efecto, a fines del 2017 el tipo de cambio real multilateral, habiendo devaluado un 40% al salir del cepo cambiario, sería un 10% más alto que el tipo de cambio real de diciembre del 2015, que a su vez era un 33% inferior al de fines del 2011 y el más atrasado en los 12 años de gestión kirchnerista.

La herencia fiscal para el 2018 tampoco es favorable. El gasto primario nacional en el 2017 se mantendría en el mismo y muy alto nivel que en el 2015 (24,5 % del PBI), que a su vez era 5 puntos del PBI más elevado que el del 2011. El déficit fiscal financiero (incluye intereses) sería superior en el 2017 (6,1 % del PBI) que en el 2015 (5,6%) a pesar de incluir el ingreso por única vez del blanqueo.

En sus comienzos, el gradualismo fue muy criticado aun por sectores económicos que veían con simpatía al Gobierno. Esas críticas partían del supuesto que los gobiernos tienen más poder al inicio de su gestión, que es cuando hay que tomar decisiones estructurales pensando más en el largo que en el corto plazo.

Por el contrario, para el Gobierno derrotar nuevamente al peronismo en octubre le daría más autoridad. Por ello, empezar con un shock de ajuste corría el riesgo de que Macri pierda en las elecciones. En cambio, un nuevo triunfo electoral sobre el peronismo le daría más fortaleza política y más credibilidad para plantear luego los cambios de fondo necesarios. Este es el "timing" económico y político de la estrategia gubernamental en el 2016.

La opción del shock en el 2018 parte del supuesto que el Gobierno cuenta con respaldo político para sostener las propuestas de cambios estructurales.

El Gobierno es y seguirá siendo minoría en ambas Cámaras. Las elecciones de octubre no cambian la realidad. El shock tiene como prerrequisito una coalición con otra/otras fuerzas políticas.

No se trata de convocar a un Consejo Económico y Social con la participación de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas al estilo del Pacto de la Moncloa ni de crear una comisión parlamentaria que disfrace la intención oficialista de gobernar por su cuenta.

El objetivo sería invitar a algunos partidos de la oposición a compartir las ventajas como también los costos políticos de ser parte en las decisiones del Gobierno, según analiza Mario Brodershon a Clarín.

Se trata de integrar un gobierno de cohabitación como lo fue en Francia en 1986-88 con Mitterrand (presidente socialista) y Chirac (primer ministro de derecha). O en Chile con la coalición gobernante de la Democracia Cristiana con el Partido Socialista. O como lo lleva adelante el Presidente de Francia, Macron, que fue electo Presidente siendo primera minoría y sin una estructura política que lo contenga.