Luego de la decisión de la jueza federal María Servini de Cubría, en la que procesó a Pablo, Facundo y Luis D'Elía (hijo) por la aceptación ilegal de un cargo público, el D'Elia también sostuvo que "en tiempos electorales, instrumentando la Justicia, sale este procesamiento que no va a tener ningún destino judicial sino propagandístico".

El piquetero aseguró que el procesamiento "es una berretada del macrismo que instrumenta la Justicia al servicio de sus podridos intereses", e insistió en que sus hijos "entraron hace 10 años a la ANSeS, concursaron, como está demostrado en el expediente, y entraron cuando para el Convenio Colectivo de Trabajo no era obligatorio tener el titulo secundario".

En este sentido, reconoció que actualmente la posesión de título es un requisito para ingresar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), pero aseguró que el convenio se modificó 60 días después que ingresaron sus hijos.

Además, aclaró que en estos años "todos terminaron el secundario" y hoy estudian "distintas carreras en la universidad".

"Utilizan esto para cambiar el eje de la discusión, para ensuciar a los compañeros de la oposición, ya sabemos cómo operan", aseguró D'Elía, en FM Patriada quien aseguró que en la ANSeS "hay cuatro mil empleados que no tienen título secundario".

La jueza Servini de Cubría aplicó también embargos por $12.500 a cada uno de los hijos, quienes fueron procesados "por la aceptación ilegal de un cargo público", una conducta que "quedara configurada con los correspondientes actos administrativos posteriores a la suscripción de sus contratos", señala la resolución de la magistrada.

El fallo de 80 páginas también ordenó el procesamiento de Julio César Casavelos y de Paula Sabrina Torres, gerentes generales de áreas administrativas y laborales del organismo previsional, por el presunto delito de proposición o nombramiento para un cargo público de quienes no cumplían los requisitos legales.

La investigación surgió a partir de una denuncia periodística contra los hijos del piquetero, en la que se puso de manifiesto los nombramientos irregulares en la ANSeS, según Infobae.

La causa había sido archivada inicialmente por la jueza Servini de Cubría, pero se reabrió a mediados de 2015 a partir de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal, tras un pedido de reapertura del fiscal federal Germán Moldes. Se investigan los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.