Entidades empresarias salieron este jueves a manifestar su apoyo a la denuncia del presidente Mauricio Macri sobre una "mafia de los juicios" en el ámbito laboral, al considerarla responsable del aumento en los costos, el incremento del empleo informal y una traba a las inversiones.

En el marco de una reunión que mantuvieron con el mandatario en la Casa Rosada, los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que los juicios laborales no benefician al trabajador sino que aumentan el empleo no registrado.

"Estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día (cuando Macri habló de una "mafia de los juicios laborales"), porque esto aumenta terriblemente los costos y eso no es algo que vaya en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado", señaló al término del encuentro el presidente del comité Ejecutivo de la UIA, Miguel Acevedo.

El lunes pasado, Macri -al tomarle juramento al canciller Jorge Faurie- instó a "enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales, porque eso destruye la generación de empleo futuro", y señaló a "un grupo minoritario" de jueces y abogados laboralistas que "dejan a un montón de gente sin poder acceder a un trabajo".

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) denunció "una altísima litigiosidad, que desborda y excede la capacidad jurisdiccional del Estado generando así una excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de Justicia, repercute en la tasa de desempleo y en el incremento del empleo informal".

"También genera dudas a las empresas a la hora de decidir inversiones", aseguró la entidad.

Según IDEA, "el palpable y creciente desborde que se ha venido experimentando en la interpretación judicial dada a los alcances del principio protectorio que reconocemos como la razón de ser del Derecho del Trabajo, sumada a la sesgada designación de magistrados llevada a cabo durante la última década, se traduce en verdaderos excesos en mano de ciertos operadores del derecho que conjugan una inadmisible carga ideológica con una total ausencia de objetividad".

"Ciertamente, todo ello conspira contra la subsistencia de las unidades de producción y con ello, del empleo y la inversión, pilares en los que debe asentarse una sana economía y un mercado de trabajo dinámico", concluyó.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideró hoy que "el sistema laboral vigente, que dio lugar a la industria del juicio, atenta contra la generación de empleo y constituye una traba importante a la inversión".

Según la entidad, "muchas veces, el sistema permite el pago de indemnizaciones exageradas que exceden al espíritu de la norma y que ponen en riesgo el funcionamiento de un establecimiento productivo, y en consecuencia, de otros puestos de trabajo".

"Hay que tender hacia un modelo laboral basado en la competitividad y esto requiere de un debate profundo entre el gobierno, trabajadores y empleadores", concluyó la SRA.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) se pronunció hoy en línea con las críticas del presidente Mauricio Macri hacia la "industria de los juicios laborales" y sostuvo que esa situación "provoca injusticias y atenta contra la creación de puestos de trabajo".

"La CAC se ha venido oponiendo en los últimos diez años en el Congreso a un cúmulo de proyectos de leyes laborales que, lejos de proteger al trabajador, lo perjudican, ya que no buscan garantizar la integridad de su salud, el trabajo digno y el salario justo, sino que persiguen el mero resarcimiento económico vehiculizando su obtención mediante la facilitación del reclamo judicial", remarcó la entidad.

En un comunicado, la CAC planteó que con la denominada industria del juicio "el gran daño no sólo repercute en el trabajador como ser humano, al cual paradójicamente se pretendería proteger, sino también en el sector Pyme, destruyendo dichas empresas como fuente de trabajo y generando desocupación".

Ante eso, consideró que "las manifestaciones del señor Presidente no constituyen meras cuestiones de oportunismo político, sino que tienen, por el contrario, su origen en una patología de larga data".

"La entidad apoya las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo para eliminar estas condiciones abusivas que traban el crecimiento y el bienestar de nuestro país", finalizó la CAC.

En tal sentido, completó ABA, "existen decisiones judiciales que por sus excesos ponen en riesgo la viabilidad y supervivencia de las empresas en general, y de las pymes en particular, afectando la competitividad de la economía en su conjunto".

Desde la otra vereda, el jefe del bloque de Diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, -quien fue señalado por Macri como conducto de "un grupo minoritario" de jueces y abogados laboralistas que "dejan a un montón de gente sin poder acceder a un trabajo"- respondió que "no hay tal litigiosidad".

"Con 4 millones de trabajadores en negro ¿se imaginan si hacen juicio?", se preguntó, al tiempo que denunció la existencia de un "acoso a jueces laborales, una flexibilización indirecta".