La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, acordaron el viernes la creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por fiscales de ambos ministerios públicos, con el objetivo de trabajar "conjunta y coordinadamente los graves delitos relacionados con el caso Odebrecht/Lava Jato".

El acuerdo que da lugar a la conformación del ECI señala como finalidad del mismo "generar avances en la investigación para lograr la responsabilidad penal y patrimonial correspondiente a hechos ilícitos cometidos en relación con la tramitación de la contratación, la adjudicación y la ejecución de las obras públicamente" conocidas como soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, y Berazategui de AYSA, Gasoducto Sur.

Asimismo, el equipo investigará "toda otra cuestión vinculada a la investigación 'operación Lava Jato' de Brasil", que pueda tener "repercusión, vinculación o réplica" en la Argentina, se informó oficialmente.

En lo que respecta a su integración, cada país designará hasta seis miembros, definiendo entre ellos a un director de equipo para cada parte, quien tendrá como principal tarea coordinar a los demás integrantes.

El ECI actuará durante un año desde la entrada en vigencia del acuerdo, período que podrá prorrogarse de común acuerdo, indicó el Ministerio Público Fiscal.

En relación a la recopilación de la información, el acuerdo establece que "los documentos, las informaciones y cualquier otro medio de prueba obtenido en virtud de la actuación del ECI serán intercambiados entre aquellos fiscales que formen parte del ECI y podrán ser utilizados en las investigaciones, procedimientos y procesos relativos a los ilícitos que motivaron su creación".

Los integrantes de este equipo, a efectos de las investigaciones penales que esté realizando, "de conformidad con el derecho interno de su país y dentro de los límites de sus competencias, podrán facilitar al equipo información de la que disponga la parte que lo haya adscrito al mismo".

Asimismo, podrán solicitar que las diligencias tengan un tratamiento "confidencial" y que sean realizadas conforme las condiciones y requisitos exigidos por su legislación, "siempre que no colisionen con la legislación del Estado en donde deban realizarse", se indicó.

En cuanto a las informaciones o elementos de prueba obtenidos antes de la conformación del equipo conjunto, el documento expresa en su artículo 9 que aquellos que se encuentren disponibles "en el momento de la entrada en vigor del presente acuerdo podrán ser compartidos entre las partes".

La firma del acuerdo se produjo luego de que Gils Carbó se reuniera este jueves con su par Janot Monteiro de Barros, quien viajó a Buenos Aires para participar de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur.

Gils Carbó había señalado esta semana que el objetivo de su reunión con era "ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación" en torno al caso de las coimas de la constructora brasilera en el país para acceder a la obra pública.

"El objetivo es que la Justicia argentina pueda acceder a información a pesar de los convenios" de inmunidad, dijo la procuradora y rechazó las acusaciones del Gobierno sobre la supuesta "arbitrariedad" en el manejo de la información sobre Odebrecht, para proteger a exfuncionarios del kirchnerismo involucrados.

A comienzos de mes, un grupo de fiscales argentinos que investiga el pago de sobornos de Odebrecht había iniciado en Brasilia gestiones para obtener información acerca de esas maniobras, aunque la documentación continuó trabada en el vecino país.

Se trata del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y los fiscales Franco Picardi y Carlos Stornelli, quienes mantuvieron un encuentro en la capital de Brasil con el viceprocurador general José Bonifacio Borges de Andrada, con la intención de avanzar en un acuerdo para facilitar el flujo de información entre ambos Estados.

Los fiscales llegaron a Brasilia un día después del levantamiento de la cláusula de confidencialidad vigente desde el 1º de diciembre, por lo cual la Justicia de ese país quedó en condiciones de compartir información del "Lava Jato" con la Argentina, donde la empresa Odebrecht reconoció que pagó sobornos por u$s35 millones para obtener contratos de obra pública.

Con la intención de obtener la información sobre las coimas y que no vaya directamente a los fiscales, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también mantuvo varias reuniones con representantes de la empresa brasileña, aunque no logró alcanzar ningún acuerdo extrajudicial.

Odebrecht pretende en la Argentina condiciones similares a las que obtuvo en Brasil para brindar los datos, esto es que haya inmunidad contra las persecuciones penales, algo que el Gobierno no puede otorgar con las leyes actuales, por lo que la Casa Rosada pone en duda ahora la continuidad de la empresa en las obras en marcha en el país como el soterramiento del tren Sarmiento.