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La ley se votó a principio de mes y busca combatir los robos protagonizados por motochorros                                       
19/06/2017 - 12:35hs

La ley que obliga a que los acompañantes que viajen en moto lleven un chaleco con el número de patente del vehículo entraría en vigencia en la primera semana de julio. Quienes no la cumplan recibirían multas de $2.080 y una inhabilitación para conducir de entre 5 y 10 días.

La norma fue sancionada el 1 de junio. Según explicaron en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, el Ejecutivo tiene plazo para publicarla en el Boletín Oficial hasta el 26 de junio. Luego de ocho días corridos, la ley entraría en vigencia. De cumplirse estos plazos, sería a partir del martes 4 de julio.

Además de la obligatoriedad del chaleco, la norma autoriza al Ejecutivo porteño a definir zonas y horarios de exclusión donde quede prohibido circular de a dos en moto.

La ley fue sancionada con 43 de los 60 votos de la Legislatura. El objetivo, dicen en el oficialismo, es identificar mejor a quienes viajan en moto para así evitar robos de parte de los motochorros.

Pero la norma provocó un fuerte rechazo de los motociclistas. Bajo el lema "Las personas no se patentan", realizaron protestas frente a la Legislatura y sobre todo en el Obelisco, la última el miércoles pasado. Es que consideran que la norma los discrimina porque los pone en el lugar de supuestos delincuentes, y agregan que lo que hace falta son controles efectivos y no este tipo de medidas.

El texto votado fue bastante más suave que el proyecto original, que también planteaba que tanto conductores como acompañantes llevaran en sus cascos un sticker con el número de las patentes.

El PRO ya había impulsado este tema en 2010. El proyecto incluía los chalecos y stickers pero también prohibir que se viajara de a dos los días hábiles de 10 a 16 en el Microcentro. La oposición sólo consensuó que se hiciera una prueba piloto por 180 días, y ante ese cambio el Ejecutivo descartó la medida.

Una norma similar fue impulsada hace poco más de tres años en la provincia de Buenos Aires, con un decreto firmado por el entonces gobernador Daniel Scioli. Pero por falta de controles la iniciativa se diluyó.

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