La Argentina viene haciendo cambios en materia de telecomunicaciones, después de más de diez años de inactividad, pero los está concretando con demasiada lentitud.

Esa es la visión que los expertos en telecomunicaciones reunidos desde este lunes en Cartagena de Indias dieron sobre lo que está ocurriendo en el país a partir de la asunción de Mauricio Macri y la decisión de crear el Ministerio de Comunicaciones.

Tal como ocurre en la mayoría de los países de la región, las leyes que regulan los servicios de telecomunicaciones se crearon hace 20 años. Y aunque pudieran parecer "adolescentes", ya quedaron viejas.

Cuando se diseñaron, las personas se comunicaban principalmente a través de llamadas que se medían en minutos, la mensajería prácticamente no existía tal como hoy se la conoce.

En tanto que ver una película por Internet, llamar a un auto de alquiler por una aplicación, comprar una entrada de cine por el teléfono o reservar dos noches de hotel por la misma vía, parecía imposible de imaginar. 

Todo lo que hoy hacen las personas por la vía digital es lo que debe ser observado para que las nuevas regulaciones respondan a esas necesidades antes que a las pretensiones de las empresas que, por lo general, se ven obligadas a adaptarse más por los cambios tecnológicos que por los designios de una ley.

Y así lo están haciendo saber los distintos organismos reguladores y expertos reunidos en el 5° Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que llegaron hasta "la capital del realismo mágico" para discutir sobre los modos en que se deben adaptar los nuevos marcos.

Hubo un principio que sobrevoló en todas las exposiciones de la primera jornada: la necesidad de proteger, en primer lugar, al usuario, es decir, al ciudadano que se sirve cotidianamente de las prestaciones digitales. Y, para ello, también se hizo referencia a la obligación de hacer transparentes todos los mecanismos de decisión encarados en cada una de las problemáticas.

"La Argentina tiene la legislación menos convergente de la región. Si bien está encarando un proceso de reforma, cabría esperar una mayor velocidad del mismo porque no se puede parar algo porque se aproximan elecciones", dijo a iProfesional, Andrés Sastre, director general cono sur de ASIET (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones), una de las organizadoras del encuentro que se realiza en Cartagena, junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la GSMA, una asociación que representa a los principales operadores de telecomunicaciones.

El especialista se refirió a la decisión tomada por el Ministerio de Comunicaciones, a cargo de Oscar Aguad, de frenar la discusión del anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes en la previa a las elecciones legislativas de octubre.

Si bien destacó que "lo bueno del cambio que inició la Argentina fue que hubo una comisión abierta para que todos los actores pudiéramos participar del proceso de consulta de esa ley, y esos fenómenos son positivos como concepto, ahora se necesita una ley consensuada".

Uno de los aspectos que más se cuestionan en relación a la futura norma que regirá el mercado en la Argentina se vincula con que, pese a que durante un año se lideró un proceso de consulta, nada se sabe sobre lo que arrojó. Las respuestas que se dan desde los organismos pertinentes suelen ser vergonzosas. Y las versiones sobre sus resultados van desde que no hubo consenso en la firma de un eventual documento final, hasta que se escribieron distintos textos que, tal vez, pudieran servir a futuro de esqueleto de la norma que, finalmente, se discutirá en el Congreso. Si es que esto ocurre.

La lentitud del proceso de cambio en materia de telecomunicaciones en el país fue también expuesta por Sonia Agnese, analista senior de Ovum Latinoamérica, quien apuntó que "en la Argentina se observa un cambio positivo, tal vez un poco desordenado, de poco tiempo, donde se advierte una restricción a la participación de todos los actores y a un ritmo más lento del que se esperaba".

La experta sostuvo que en la región se advierte una tendencia a que los países tengan reguladores de telecomunicaciones independientes del Gobierno de turno.

En ese sentido, puso como ejemplo, entre otros, al caso argentino, donde producto del decreto 267/2015, uno de los primeros de la gestión Macri, se tomó la decisión de fusionar dos entidades que abordaban de manera separada a las telecomunicaciones y los medios por un lado (AFSCA), y a Internet por el otro (AFTIC).

La lentitud de los cambios regulatorios de la Argentina aluden no sólo al freno que se puso a la ley de comunicaciones convergentes, sino también a otras decisiones que se vienen tomando desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Los conflictos por el espectro, el insumo básico para se mejoren las prestaciones, y el hecho de que a esta altura aún no hayan podido aparecer en escena operadores móviles virtuales (OMV) fue también otro de los puntos abordados. También se deslizaron comentarios sobre preferencias de la gestión actual hacia el mercado de cableoperadores. 

Sastre consideró que los cambios que se deben contemplar en materia de regulación para este sector no resultan sólo por efecto del diálogo. Expresó que también es necesario que haya participación de la comunidad técnica para que quienes escriben los ordenamientos puedan comprenden los alcances que producen las nuevas tecnologías.

Sucede que, lo que hacen las personas con sus smartphones y demás dispositivos electrónicos, exige de un profundo conocimiento sobre lo que pasa detrás de lo que consumen: de cómo se interconectan las redes, cuál es el costo de cada actor en la cadena de valor para servir esa prestación, y de qué manera eso puede llegar al usuario con la mejor calidad y al mejor precio.

Por esa razón, Sebastián Cabello, director de la GSMA para América latina, enfatizó que "la modernización regulatoria debe apuntar a diseñar marcos que acompañen una explosión de los servicios. Se trata de crear una política pública a prueba de futuro que fomente la inversión y la innovación, que corrija asimetrías regulatorias y donde los usuarios no distingan entre las diferencias tecnológicas sino, por el contrario, promover su disfrute".

Consideró, en ese sentido, que las compañías de telecomunicaciones deben pedirle "coherencia interna a las administraciones porque los marcos tienen que impulsar incentivos más que multas y penalidades".

Las normas que se dictaron en la Argentina en los últimos años, básicamente la 26.522, conocida como ley de medios (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la 27.078, trataron de manera separada cuestiones que, ya desde entonces, se advertían que caminarían inexorablemente juntas.

Los condimentos políticos que rodearon a la primera norma -cuya aplicación se concentró, básicamente, en desguazar a Clarín y, con ello, se perdieron todos los frutos que había arrojado el debate previo- y la falta de precisiones de la segunda fueron, en definitiva, lo que impidió que se tuvieran mejores regulaciones en la materia y que, lejos de ponerla a la vanguardia, no ayudaron a modernizar la legislación del sector tal como lo ameritaba.

"Es necesario que los reguladores se abran para entender el funcionamiento de las tecnologías", insistió Cabello.

El experto insistió con que las normas permitan ya no sólo ofrecer mejores servicios a los consumidores sino también promover y atraer nuevas inversiones, absolutamente necesarias en un mercado que se mueve con los niveles de dinamismo más altos de cualquier otra actividad económica.

El guante sobre una legislación a prueba de futuro fue tomado por el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Héctor Huici, quien durante su exposición apuntó que "en un mundo tan cambiante una norma de este tipo debería tener un elevado consenso político y social, sobre todo en países como los nuestros que se caracterizan por cambios abruptos".

Consideró que "con el consenso no alcanza" para lograr que los servicios se brinden con mejor calidad y a mejor precio. Y refirió a que "el problema principal es que el mundo es tan dinámico que, a veces, hay divergencias sobre esos principios que se buscan preservar".

En ese punto, subrayó que esto lleva a algo importante: a diseñar marcos flexibes, sin tener tanta regulación "ex ante" y que, ante situaciones de conflicto debe aparecer el regulador que debe contar con "gente con sentido común y, si conoce de la industria, tanto mejor".

Representantes de empresas establecidas en la Argentina como Telefónica, Telecom, DirecTV y CABASE (la cámara que agrupa a las compañías de Internet) llegaron hasta esta ciudad colombiana, donde las temperaturas máximas se esmeran por superar los 30 grados.

Entre los funcionarios de Gobierno, se encuentran el presidente del Enacom, Miguel de Godoy, y el secretario Héctor Huici. También está participando en el Congreso, Raúl Katz, un experto en telecomunicaciones que, desde hace unos meses, está asesorando al Gobierno en materia de política digital.

La transformación que soporta el mercado de las telecomunicaciones es tan rápido y tan profundo que la problemática se está abordando de una manera mucho más integradora. Si en un principio se hablaba de telecomunicaciones y tecnologías de la información de manera separada para, luego, ir ambas de la mano, hoy el paraguas se abrió más y la discusión se concentra en la economía digital.

Es lo que se trató, con mayor profundidad, este miércoles y que permitirá continuar abriendo el debate sobre el papel que deben cumplir los reguladores en los países de América latina, todos necesitados de inversiones para mejorar sus infraestructuras y, con ella, la calidad de vida de sus habitantes.