El juez federal Sebastián Casanello entregó este miércoles el yate del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, al Ministerio de Seguridad a fin de que sea utilizado en el combate al delito complejo y el crimen organizado.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado dispuso que la cartera de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, sea depositaria judicial de la embarcación que fuera traída desde Uruguay semanas atrás.

La embarcación es un Altamar 64 secuestrada en el marco de la causa seguida contra Jaime por enriquecimiento ilícito, actualmente en etapa de juicio oral.

En su fallo, el juez tuvo en cuenta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción así como la normativa interna, y tuvo la intención de darle una finalidad "pública, social y reparadora" a uno de los bienes que está sospechado de haberse adquirido de manera ilícita.

Incluso, el juez citó como antecedente una medida similar que se dispuso sobre los bienes del empresario detenido por lavado de dinero Lázaro Báez: la maquinaria de sus empresas también fueron cedidas al Estado Nacional.

La cartera ministerial indicó que dicho aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará "el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia del Estado Nacional".

En su fallo, Casanello señaló que el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, había solicitado que se hiciera entrega a dicha cartera y en carácter de depositario judicial de la embarcación que se encuentra secuestrada y bajo custodia de Prefectura Naval Argentina.

El funcionario indicó al respecto que su uso "sería de suma utilidad para la cartera porque contará con una nave de avanzada tecnología", mientras que dicho Ministerio se haría cargo mediante la Prefectura Naval Argentina "del mantenimiento integral de la nave como así también de los costos administrativos, seguros y reparaciones que demande su uso".

"Es conveniente permitir que la embarcación en cuestión, que se encuentra en buen estado sea utilizada para evitar su degradación y mantenerla operativa y en valor. Si además cumple un fin social, los beneficios se cumplen en partida doble. Así se adelanta y concreta la finalidad pública, social y reparadora", señaló Casanello en su resolución.