La denuncia por corrupción presentada contra el presidente Michel Temer abrió una nueva fase de la crisis en Brasil.

Es la primera vez en la historia de Brasil que un mandatario en funciones es inculpado formalmente.

Para añadir condimentos al proceso de inestabilidad política, esto ocurre poco más de un año después del impeachment a Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas.

Uno de los mayores interrogantes de la actualidad gira en torno a la respuesta que dará el debilitado mandatario para evitar perder el apoyo de su base política y el respaldo de los mercados.

Para robustecer su posición, Temer deberá abordar a la Cámara de Diputados, su aliada desde que asumió el poder en 2016, para evitar que prospere el proceso en su contra. ¿Por qué?

Dos tercios de los diputados (342 de 513) deben validar la denuncia de la fiscalía. Es un paso necesario para que el Supremo Tribunal Federal (STF) pueda evaluarla.

Dado la distribución del poder en la cámara Baja, resulta improbable que avance el proceso en el Congreso, dado la amplia mayoría que tiene el oficialismo. 

A esto se suma un dato nada menor: decenas de legisladores están mencionados o investigados en casos de corrupción. Difícilmente pretendan que avance un proceso que después puede afectarlos.

Pero la crisis en Brasil es tan grande que es imposible adelantarse a los hechos.

Temer ha logrado habilidad política para, hasta ahora, mantener a su lado a su principal socio de gobierno, el PSDB (ubicado en el ala centroderecha del espectro político brasileño). No obstante, el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), figura emblemática de ese partido, dijo el lunes que Temer realizaría un acto de "grandeza" si diera un paso atrás y convocara elecciones anticipadas. 

El expresidente Luis Inacio "Lula" Da Silva se manifestó en el mismo sentido.

Por su parte, Temer se defendió con vehemencia de la acusación por corrupción pasiva presentada en su contra por el fiscal general brasileño, argumentando que es una farsa sin fundamentos que ataca a su gobierno y a todo el país.

"Fui acusado de corrupción pasiva sin jamás haber recibido valores. Nunca vi ese dinero y no participé de acuerdos para cometer actos ilícitos", declaró el presidente, acusado por el fiscal Rodrigo Janot de aceptar millones de dólares en sobornos.

Además, remarcó que la denuncia en su contra tendrá un impacto negativo en la recuperación económica de Brasil, paralizando los esfuerzos por llevar adelante una reforma.

El líder conservador afirmó además que los ejecutivos de la mayor procesadora mundial de carne, JBS, que lo acusaron de corrupción en un acuerdo de delación compensada con la justicia, sólo lo hicieron para escapar de la cárcel por sus crímenes.

PosibilidadesSi el denuncia por corrupción llegara hasta el Supremo Tribunal Federal (la Corte brasileña) y ésta lo elevara a juicio, Temer quedaría suspendido de su cargo por hasta un máximo de 180 días mientras el STF lo juzga. Si es declarado culpable, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente en un plazo de 30 días para completar el mandato, hasta fines de 2018.

Otro escenario posible -además de que no prospere el proceso- es que el Presidente, asediado por diversas causas, convoque a elecciones anticipadas.

La denunciaLa denuncia fue presentada por el fiscal general, Rodrigo Janot, dentro de las investigaciones por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia contra el mandatario, que arrancaron en mayo tras la delación premiada de ejecutivos del imperio cárnico JBS. 

Janot consideró que Temer incurrió en el delito de corrupción pasiva cuando "recibió para sí y por intermedio" de su cercano asesor Rodrigo Rocha Loures, ahora detenido, una "ventaja indebida" de 500.000 reales (unos u$s150.000) de uno de los dueños de JBS, Joesley Batista.

La denuncia deberá recorrer una larga travesía antes de desembocar en un eventual juicio en la Corte.

El 26 de junio, Janot denunció a Temer por recibir un soborno de u$s150.000 de parte de la mayor procesadora de carne del mundo.

La acusación fue entregada al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, que tramita las causas de funcionarios federales con fueros englobadas en la Operación Lava Jato, que comenzó en la estatal Petrobras.

Fachin deberá pedir autorización al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, para que el STF evalúe si la denuncia es procedente.

Antes de remitir la solicitud a la cámara, el juez podría optar por escuchar a la defensa de Temer y la respuesta de Janot, lo que podría insumir hasta 20 días. 

Maia, al recibir el pedido, notificará a Temer y enviará el caso a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara (CCJ), de 66 miembros.

A partir de ese momento, los abogados del presidente tendrán hasta 10 sesiones para manifestarse. Después, la CCJ emitirá un parecer en las cinco sesiones siguientes, de acuerdo con el reglamento interno de la Cámara.

Cualquiera sea la conclusión, el pedido de autorización deberá ser enviado al pleno de 513 diputados. La instalación de un proceso en el STF dependerá de que la solicitud obtenga el apoyo de 342 diputados (dos tercios de los escaños). De lo contrario, será archivada.

La votación será nominal y cada legislador será llamado por su nombre.

Si llega a la Corte, la denuncia será tratada por el plenario de 11 jueces, quienes definirán si abre un juicio o si la descartan. En caso de que se pronuncien a favor de un juicio, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días.

Durante una eventual suspensión de Temer, Maia asumiría la presidencia.

Si fuera hallado inocente, Temer retomaría su mandato. Pero si es declarado culpable, perderá definitivamente su cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después, para completar el mandato hasta fines de 2018.

Sería la segunda sucesión desde mayo de 2016, cuando el  conservador Temer, vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, la reemplazó tras un juicio de destitución en el Congreso por manipular las cuentas públicas.

En este escenario, Janot podría presentar nuevas denuncias contra el presidente en breve, una táctica que podría debilitarlo por fascículos en la Cámara. 

El momento en que sean ofrecidas al STF dependerá de los plazos que fije el juez de esa Corte Edson Fachin, a cargo del proceso.

En un informe entregado al STF, la Policía Federal ya señaló a Temer como sospechoso de obstruir a la justicia en el marco de un probable esquema de organización criminal.

La amenaza de perder aliadosCaminando en la cuerda floja, Temer ya superó una primera prueba de fuego a mediados de mes cuando logró ganar por un estrecho margen de 4 votos a 3 un juicio en el Tribunal Superior Electoral que podía haber anulado su mandato por abusos y financiación ilegal.

Hasta ahora ha logrado que su principal socio de gobierno, el PSDB, no haya desembarcado, asestándole un golpe mortal.  

El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), figura emblemática de ese partido, dijo el lunes que Temer realizaría un acto de "grandeza" si hiciera un paso atrás y convocara elecciones anticipadas, al considerar que está teniendo dificultades para capitanear la prometida recuperación económica del país, hundido en la peor recesión de su historia.

El mandatario lleva semanas esforzándose en salvar su piel, mientras sus esperadas y polémicas reformas del mercado laboral y del sistema de jubilaciones siguen estancadas en el Congreso.

Una debilidad que podría amenazar el apoyo que le brindan los mercados.

Si Temer cayera, la Constitución prevé que el Congreso elija a un nuevo presidente en un plazo de 30 días para completar el mandato.

Reformas en jaque Por ahora, los mercados brasileños se muestra estables. 

La Bolsa de Sao Paulo subía un 0,33% a las 12H00 locales (15H00 GMT) y el real perdía un 0,6% frente al dólar.

Los empresarios y el mundo financiero apostaron fuertemente por Temer para llevar a cabo ajustes que puedan devolver la confianza a los inversores a fin de sacar a la principal economía latinoamericana de la peor recesión de su historia.

Pero la crisis política pone esa perspectiva en veremos. La denuncia contra Temer “hace improbable la aprobación de la reforma de las jubilaciones, la más importante. Es un impasse: Temer no se va, pero tampoco consigue aprobarla", pronosticó Ribeiro.

La reforma que busca endurecer las condiciones de jubilación requiere una enmienda constitucional y precisa el voto de tres quintos de los legisladores de ambas cámaras (60%). 

Más factible, en cambio, parece la aprobación de la reforma del régimen laboral, pues ya está avanzada y precisa solo de una mayoría simple, apuntó Ribero.

La que quizás esté ya más desgastada es la paciencia de los brasileños, ante una crisis sin fin que tiene al país ralentizado y con 14 millones de desempleados (13,6%).

Varias centrales sindicales convocaron a huelgas y movilizaciones en los próximos días, para denunciar los proyectos de reformas en curso, después de la huelga general el pasado 28 de abril.

"Vivimos una crisis de representatividad. Los partidos políticos se apartaron de sus bases populares, de los anhelos de la sociedad y están distantes de la realidad, de las demandas sociales", dijo Nicolás Crapez, un funcionario de Rio de Janeiro, de 34 años.