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Eliminan el artículo que permitía negociar con firma brasileña por casos de corrupción
29-06-2017 La oposición quitó del régimen penal empresario el párrafo del artículo 37 del proyecto que el Gobierno había pensado especialmente para Odebrecht
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El Gobierno sufrió un duro revés en la Cámara de Diputados porque la oposición mutiló un artículo clave del proyecto de régimen penal empresario: aquel que le hubiera permitido negociar un acuerdo con la empresa brasileña Odebrecht para que confiese qué funcionarios del kirchnerismo recibieron coimas a cambio de obras públicas.

Tras una sesión intensa, impregnada de acusaciones cruzadas, la votación en general finalizó en 131 votos afirmativos frente a 67 negativos y 7 abstenciones. Pero la media sanción quedó trunca debido a los profundos desacuerdos en el articulado del proyecto, que obligaron al oficialismo a pasar a cuarto intermedio hasta la semana próxima.

La iniciativa en cuestión establece duras sanciones -penales y económicas- para aquellas empresas que cometan delitos de corrupción.

Además, incluye la figura del colaborador eficaz, que prevé que aquellas empresas "arrepentidas" puedan celebrar un acuerdo de cooperación con la Justicia para que, a cambio de información detallada, sobre el delito cometido, cese la acción penal en su contra.

Si bien la oposición apoyó en términos generales la iniciativa, mantuvo hasta el final fuertes discrepancias con varios artículos, en especial el 37, al que bautizó como el "artículo Odebrecht", indicó el diario La Nación.

Fue incorporado a instancias del Gobierno y proponía que aquellas empresas "arrepentidas" que hubiesen cometido delitos de corrupción antes de la sanción de este régimen pudiesen suscribir un acuerdo de cooperación vía administrativa con la Procuración del Tesoro.

Por medio de ese acuerdo, la empresa podía beneficiarse con un alivio penal a cambio de suministrar información sobre los delitos.

La empresa Odebrecht confesó que pagó u$s35 millones a funcionarios argentinos durante la gestión kirchnerista.

El Gobierno pretendía, con el artículo 37, contar con una herramienta para llegar (sin pasar por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó) a un acuerdo con Odebrecht y conocer qué funcionarios recibieron los sobornos. 


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