La firma brasileña Odebrecht se deprenderá de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento con la intención de dejar de lado las críticas por su permanencia en la iniciativa pese al escándalo que surgió en torno al pago de coimas en distintos países de América latina, incluido unos u$s35 millones en la Argentina.

La empresa tiene hoy el 33% del consorcio que ganó la licitación de la obra ferroviaria y esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la compañía europea se quedará con el 70% del consorcio.

El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, que se quedó con los activos que pertenecían a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Ghella y Odebrecht presentaron la documentación con los cambios accionarios en la UTE al Ministerio de Transporte, que maneja Guillermo Dietrich.

Esa cartera tiene aproximadamente 25 días para dar su opinión con respecto a las modificaciones, dado que es la entidad a cargo de supervisar la obra.

La firma del acuerdo entre las compañías privadas, se hizo la semana pasada. 

Odebrecht no es la única firma que emprendió el éxodo del mayor proyecto local de infraestructura. A principios de año, la española Comsa pidió reducir su participación a un 1 por ciento. Además, pidió dejar de ser representante del consorcio y quedó sin cargos ejecutivos en el consorcio.

La salida de Odebrecht fue también celebrada por el Gobierno. Si bien se trató de una negociación entre privados, la administración de Mauricio Macri comenzó a gestar los argumentos para defenderse de las críticas de quienes cuestionaban la presencia de la empresa brasileña en la obra.

Aunque su sombra golpea la gestión actual, la mayor parte de esa historia se escribió durante el kirchnerismo. La apertura de ofertas para soterrar el Sarmiento se hizo el 24 de mayo de 2006. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto al consorcio integrado por Odebrecht.

Fuentes oficiales explicaron que la futura salida de Odebrecht no exime a la empresa de responsabilidades civiles o penales si se demuestra que pagó coimas para quedarse con la obra, según La Nación.

Si bien Odebrecht reconoció el pago de coimas por u$s35 millones, no especificó quién recibió esos fondos, algo que exigieron varios funcionarios del Gobierno.

Anteayer, la Corte Suprema autorizó a los jueces Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi a viajar a Estados Unidos para buscar información relacionada con las causas por presunta corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht con funcionarios argentinos.

Pese a la incomodidad por las denuncias de corrupción, el Gobierno sostiene que el consorcio a cargo del soterramiento trabaja a un ritmo acorde con los plazos de ejecución, algo que no ocurrió en el kirchnerismo, según sostiene. La Nación informó días atrás que en la administración anterior no se hizo ni un solo metro de túnel en ocho años, pero las empresas recibieron $ 865 millones. Y recibió otros $ 1086 millones desde octubre del año pasado, cuando Macri definió un nuevo presupuesto para la obra.

En el marco del Lava Jato, un ex ejecutivo de Odebrecht reveló que la empresa había pagado sobornos a funcionarios en el marco de la ampliación del sistema argentino de gasoductos, el sector del cual surgió el denominado caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo.

También se sospecha del pago de coimas para quedarse con la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, y la construcción de la Plante Depuradora del Bicentenario, en Berazategui, que realizó AySA.

En ambos casos, se coló el nombre del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que fue mencionado en el marco de la mega investigación brasileña.