En medio del escándalo por las coimas pagadas por la empresa constructora Odebrecht, el Gobierno creó un equipo de trabajo para auditar el contrato de obra del soterramiento de la línea de ferrocarril ex Sarmiento, para detectar posibles irregularidades.

La decisión fue comunicada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 413-E/2017 del Ministerio de Transporte, que lleva la firma de Guillermo Dietrich, y se da en medio de la investigación judicial por el supuesto pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

Según se estableció, del equipo de trabajo participarán además la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, según señala el artículo 1º de la norma.

Entre otras cosas, el objetivo será el de "verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten" y "la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales".

"El presente equipo de trabajo, en el marco de las competencias asignadas, podrá requerir la colaboración de todas las entidades del sector público, a fin de obtener los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con la obra", agrega la resolución.

El equipo de trabajo estará integrado por representantes de la Secretaría de Obras de Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, la Unidad Ejecutora de la obra, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Transporte, además de dos representantes de la Procuración del Tesoro y la SIGEN.

El jueves, el gobierno había oficializado la modificación de la estructura de la Unidad Ejecutora de la obra, que había sido creada en 2013 por la gestión de Cristina de Kirchner.

Los cambios se dan en medio de la investigación por el supuesto pago de coimas de la empresa Odebrecht, que tiene el 33% del consorcio encargado de la obra, aunque en las últimas horas se conoció la intención de desprenderse de esas acciones, para lo que se aguarda la autorización del Ministerio de Transporte.