El interbloque Cambiemos negocia con los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados para cerrar este miércoles el primer capítulo en el debate de la ley de responsabilidad penal empresaria.

El proyecto fue aprobado el miércoles pasado en general, pero la discusión en particular se empantanó por falta de acuerdos y el oficialismo intenta por estas horas definir la letra final.

El Gobierno tiene especial interés en el avance de la iniciativa, que fue requerida a nuestro país por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Sin embargo, Cambiemos llegó a la sesión con numerosas trabas, primero para reunir el quórum y luego, para aprobar un articulado que terminó fracasando, dando lugar a un cuarto intermedio.

En líneas generales, el proyecto apunta a sancionar a las personas jurídicas que cometan delitos de cohecho trasnacional, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública. 

El oficialismo aceptaría incorporar los delitos de trata de personas (a propuesta del bloque socialista) y aquellos que dañan al medioambiente.

Otro de los puntos en discusión es el artículo 5, que establece que si la empresa que delinque logra un acuerdo de “colaboración eficaz”, conseguiría la extinción de la acción penal. En la oposición no acompañan esta “amnistía” y, por el contrario, bloques como el Frente Renovador proponen la reducción de la sanción.

Los acuerdos de “colaboración eficaz”, incorporados en el artículo 20, consisten en que la persona jurídica -hasta el momento de la elevación a juicio- pueda comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a proveer información útil para la investigación, a cambio de “la suspensión de la persecución”.

Cambiemos también evalúa extirpar el polémico artículo 37, que indica que las empresas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a esos acuerdos “por hechos anteriores a la sanción de la ley” y sin la intervención del Ministerio Público Fiscal, indicó Parlamentario.com.

Es que, según el dictamen de comisiones, en estos supuestos intervendría únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación, con aval de la Sindicatura General de la Nación.

Según advirtieron desde el Frente para la Victoria en la sesión del último miércoles, este artículo fue redactado para “beneficiar” a Odebrecht, al empresa brasilera investigada por el pago de coimas en países de todo el mundo, con un capítulo en Argentina.

El proyecto fue aprobado en general con 131 votos a favor, 64 en contra y ocho abstenciones, en una sesión accidentada, con fuertes cruces protagonizados por Graciela Camaño (Frente Renovador), Eduardo Amadeo (Pro) y Elisa Carrió (Coalición Cívica).

El interbloque presidido por Mario Negri alcanzó el quórum de 129 pasados 45 minutos del horario de convocatoria. Por eso, trabaja para evitar nuevas complicaciones este miércoles.