Economía

Motivado por las encuestas, el Gobierno introduce la "represión selectiva" a los piquetes

06-07-2017 El Gobierno convirtió la "tolerancia reducida" a los piquetes en un nuevo slogan de campaña. La interna dentro de Cambiemos y la estrategia oficial para fogonear un ala piquetera "friendly"                                              
Por Juan Manuel Barca
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Como parte de su estrategia de polarización, el Gobierno avanza en su política de reforzar el control de la calle mediante fuertes operativos antipiquete de carácter selectivo y una mayor confrontación con el kirchnerismo. La jugada apunta además a profundizar la grieta dentro del universo piquetero.

"Tenemos que ir gradualmente respetando el espacio público, con una reducida tolerancia ante encapuchados, palos y violencia", respondió el martes pasado en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña. De ese modo el funcionario confirmó de manera pública las nuevas directivas para combatir los cortes y encausar el tránsito.

Los sucesos recientes en la 9 de julio, que terminaron con la persecución de manifestantes en pleno centro, escenas de violencia y al menos 8 detenidos -incluidos menores-, reflejan el giro delineado por el Ejecutivo para contener la protesta. En cuestión de segundos, el miércoles de la semana pasada, el Gobierno desalojó a los manifestantes de la emblemática avenida.

Las imágenes de la televisión mostraron palazos, piedras y rostros de manifestantes ensangrentados, en el marco de un importante operativo aunque las autoridades evitaron confirmar la cantidad de efectivos utilizados. La represión recayó sobre los integrantes del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, una organización que nuclea cerca de 20 grupos en su mayoría afines a Cristina Kirchner.

La Ciudad había evitado adoptar semejante procedimiento en el centro porteño y frente a las cámaras, incluso en el conflicto por la carpa docente. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Larreta, trataba de marcar cierta distancia ante la política de endurecimiento propugnada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero la cuestión se convirtió en una preocupación del Presidente en la previa a las elecciones y en un contexto social delicado, con una economía que demora en recuperarse, pérdida de empleo en el sector privado y un tercio de la población en la pobreza. En el oficialismo admiten que el nuevo modus operandi servirá para disuadir futuros cortes.

"Siempre se intenta dialogar, en los casos anteriores se hizo eso aún cuando decían que iban a cortar la 9 de Julio cuatro días, pero cuando no se puede dialogar, no se puede permitir", explicaron a iProfesional fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. "Ahora ya saben que si prendés gomas, vas con la cara tapada y tirás piedras, te pueden hacer cesar la protesta", agregaron.

La bajada de línea no solo apunta a las organizaciones. También tiene como destinatario a la propia tropa. Es que si bien la ejecución del operativo quedó a cargo de la Policía de la Ciudad, la decisión se tomó en la cúspide. "Fue una apretada de Macri", reconocieron en el gobierno porteño.

Encuestas
La menor tolerancia frente a la protesta tiene un trasfondo político. Las encuestas que manejan en Casa de Gobierno ubican a la seguridad en el ranking de la agenda política. En esa bolsa entrarían la "liberación" del tránsito y la cruzada contra los piqueteros "duros". Atacar los dos frentes -según la creencia oficial- consolida el núcleo de votantes amarillos.

El último informe de la consultora Diagnóstico Político registró en junio 491 bloqueos, lo que representa una suba del 5% interanual. La mayor parte se concentró en Buenos Aires (120) y Capital (78). Las protestas fueron protagonizadas por empleados estatales (24%), grupos piqueteros (17%), vecinos (16%), agrupaciones (13%), desocupados y despedidos (12%) y trabajadores privados (11%).

Macri decidió a fines del año pasado salir a combatir los cortes. En noviembre, se creó la Policía de la Ciudad, que unifica a la Federal traspasada al distrito porteño con la Metropolitana. Larreta acompañó su nacimiento con la promesa de sacar a la calle 25.000 efectivos. Y en febrero Bullrich aprobó el protocolo antipiquetes, que estableció mayores requisitos y penas más duras para los cortes.

Los cambios incluyeron concesiones. En plena ebullición de los reclamos por la carestía y el rumor de posibles saqueos antes de las fiestas, el Gobierno negoció a fin de año la Ley de Emergencia Social impulsada por el "triunvirato piquetero". La norma prevé el desembolso de entre $25.000 y $30.000 millones, hasta 2019, para el pago de un salario complementario, entre otros beneficios, que alcanzan a los grupos firmantes.

La otra grieta
Desde la asunción del poder, el macrismo se dio la tarea de generar interlocutores en los sindicatos y los movimientos sociales, dos sectores en los que carece de inserción y el peronismo es mayoría. Esa debilidad congénita -paradójicamente- fue lo que le permitió a Cambiemos acercarse a la CGT y fogonear un ala "friendly" entre los piqueteros. Paso previo para debilitar a los grupos opositores.

La reacción oficial a la seguidilla de protestas de la semana pasada hizo más evidente la nueva dinámica de control de la protesta. Mientras el martes el "triunvirato piquetero" (el Evita, Barrios de Pie y CCC) desarrolló una importante movilización sin mayores inconvenientes, la marcha del día siguiente protagonizada por el Frente Milagro Sala fue objeto de una fuerte intervención policial.

El Gobierno se encargó de distinguir las dos movilizaciones: si en la primera primó la "sensatez", la segunda se destacó por una supuesta intencionalidad "política", la "violencia" (por los palos, caras tapadas y gomas quemadas) y la "falta de voluntad de diálogo". "Fue una protesta política motivada por el kirchnerismo", dijo a su turno Carolina Stanley, titular del Ministerio de Desarrollo Social.

Así se refirió la funcionaria al frente integrado por la Tupac Amaru (que lideraba Sala, hoy presa en Jujuy), Unidos y Organizados, Descamisados, Frente Transversal, Militancia Popular, Movimiento Villero, Federación de Trabajadores de la Economía Social, la Agrupación Villera Piquetera y Quebracho, entre otros grupos. Todos ellos figuran fuera del radar de organizaciones con las que el Ejecutivo mantiene un diálogo fluido.

La cartera de Stanley es sede habitual de negociaciones con piqueteros. Allí recibe con cierta frecuencia a dirigentes del Evita, Barrios de Pie y CCC. Los militantes del triunvirato integran Unidades Ejecutoras en la provincia de Buenos Aires, una suerte de organismos intermedios reconocidos por el Estado, y utilizan pecheras en los barrios con la insignia de Desarrollo durante relevamientos.

La relación con el Frente Milagro Sala es diferente. Sin cargos en el Estado, como en los tiempos K, los dirigentes ya no tienen la misma influencia. El pedido que elevaron la semana pasada incluía la reincorporación de 40.000 cooperativistas bonaerenses, la emergencia alimentaria y tarifaria en fábricas recuperadas, y el rechazo a la baja de pensiones. Pero las negociaciones nunca prosperaron.

- Son cuatro exfuncionarios del gobierno nacional y me vienen a pedir a mí lo que ustedes no se dieron, le echó en cara uno de los funcionarios presentes a los piqueteros.
- Ustedes negociaron con el Evita y nos dejaron afuera, necesitamos planes porque en Trabajo nos deben, retrucó un dirigente.
- No están pidiendo nada, respondió otro funcionario.

Pasadas las 16, cuando se iba a realizar una segunda reunión con cuatro de los dirigentes, estallaron los incidentes: infantería, carros hidrantes y policías motorizados junto a agentes de civil avanzaron sobre los manifestantes, los que respondieron con piedrazos y sufrieron impactos de balas de goma, por lo cual un menor debió ser atendido.

- ¡Están reprimiendo hijos de puta!, advirtió uno de los líderes barriales.

La intervención incluyó el accionar de la Justicia. La Ciudad denunció a 12 personas por intimidación pública y resistencia contra la autoridad en el juzgado N°12, a cargo de Sergio Torres.

"En vivo no fue tan grave, fueron 48 segundos. Lo más grave fue en Moreno y Salta, donde quemaron contenedores", afirman en Desarrollo.

Las organizaciones, en tanto, sostienen que la respuesta policial fue premeditada. "Movilizamos 3.000 personas, no era lo más, pero era respetable. Ya desde un principio, el clima olía a represión, había mucha policía de civil dando vuelta y sacándonos fotos", explicó un militante de Descamisados, que fue detenido y golpeado por efectivos motorizados.

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