Horas antes de que la Cámara de Diputados debata en particular el proyecto de responsabilidad penal de empresas por casos de corrupción, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó el desafuero del exministro de Planificación y actual integrante de la cámara baja Julio de Vido para indagarlo y detenerlo por presunta defraudación a la administración pública en una causa que investiga el desvío de fondos en el proyecto truncado de Río Turbio.

Esta decisión le cayó como "anillo al dedo" al oficialismo, ya que deberá acordar con la oposición –en especial, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista– una ley que le permita avanzar en su denominada "cruzada por la transparencia" y combatir la corrupción entre funcionarios y empresarios.

En ese sentido, el presidente Mauricio Macri se metió en el medio de la polémica: destacó que apoyarán el pedido del fiscal y pidió el apoyo de los diputados de los otros bloques.

"Entre los cambios importantes que se dieron en la Argentina es que se acabó la impunidad, nadie está por encima de la ley, somos todos iguales ante la ley", afirmó el primer mandatario.

El escenario ideal para llevar a cabo este pedido será el recinto de la cámara baja, que recibirá a sus integrantes este miércoles para terminar de analizar la mencionada propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo.

"Todos protegían a De Vido, pero eso se está terminando. No saben la paz que me da que haya justicia sobre semejante saqueo", aseguró la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, en declaraciones al canal TN.

Hace unos días, durante la sesión en que se aprobó en general el mencionado proyecto, Carrió le solicitó a sus pares que le pidan al exministro de Planificación que "explique a todos la corrupción".

En su cuenta de Twitter, el exfuncionario, que se ausentó de ese encuentro, rechazó "en forma categórica haber acordado 'pago' alguno con Odebrecht", y remarcó: "El supuesto arrepentido admite que nunca habló de 'coimas' en mi presencia”. 

"Qué intereses debo haber tocado para sufrir tamaña persecución", se interrogó el legislador en referencia a una investigación del diario La Nación, en la que se lo vincula a sobornos por alrededor de u$s25 millones. 

Para finalizar, De Vido sostuvo que la denuncia responde a una "nueva embestida brutal política y mediática sin precedentes del Gobierno" y sentenció: "¿No será que lo de Meirelles fue un mensaje, y coimeador y coimeado son la misma persona?”.

El procedimiento del desafueroLa ley de fueros establece el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, y reglamenta el artículo 68 de la Constitución que establece: "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".

En el artículo siguiente agrega que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho".

El artículo 70 de la Carta Magna detalla que el acusado "podrá ser suspendido en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de votos".

Estas normas fueron reglamentadas por la ley 25.320. Allí se establece que en los casos en que haya abierta una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado, la Justicia debe continuar el procedimiento "hasta su total conclusión".

Según la norma, la solicitud de desafuero debe ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen. Mientras que la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, "aún cuando no exista dictamen de comisión".

Negociaciones contrarreloj

Mientras tanto, Cambiemos negocia con los bloques de la oposición la letra final del proyecto de responsabilidad penal empresaria, que fue aprobado el miércoles pasado en general, pero cuya discusión en particular se empantanó por falta de acuerdos.

El oficialismo sabe que no podrá salirse con la suya sin depender del resto de los bloques. Ya recibió un llamado de atención la semana pasada, cuando llegó a la sesión con numerosas trabas. Primero, para reunir el quórum y luego, para aprobar un articulado que terminó fracasando, dando lugar al cuarto intermedio.

Para lograr su objetivo, los legisladores oficialistas decidieron modificar el artículo 37 del proyecto, que indicaba que las empresas podrán solicitar el acogimiento voluntario a acuerdos de colaboración "por hechos anteriores a la sanción de la ley" y sin la intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó, con quien el Gobierno se encuentra enfrentado por su militancia kirchnerista. 

Este punto fue cuestionado por el Frente para la Victoria, que señalaba que dicho artículo fue redactado para "beneficiar" a Odebrecht, la empresa brasileña investigada por el pago de coimas en países de todo el mundo, incluyendo la Argentina.

El proyecto original pretendía que intervinieran únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación, con el aval de la Sindicatura General de la Nación, cuya designación de miembros está a cargo del Poder Ejecutivo.

En tanto, Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, afirmó que están dispuestos a modificarlo, estableciendo la obligatoriedad de hacer denuncia penal si en ese acuerdo confidencial la empresa asume la comisión de delitos.

En el centro del debate también estuvo el acuerdo de colaboración eficaz, una posibilidad que abre el artículo 20, donde la empresa –hasta el momento de la elevación a juicio– podría comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a proveer información útil para la investigación, a cambio de "la suspensión de la persecución".

Hasta ahora las leyes argentinas sólo se habían limitado a penalizar a las personas físicas que pudieran cometer delitos de corrupción. Mientras que las empresas estaban exentas de acarrear alguna sanción, pena o multa por estos actos ilícitos ejercidos por sus funcionarios al representarlas. Al mismo tiempo, la Justicia argentina tampoco había tenido injerencia en delitos de cohecho transnacionales que pudieran cometer empresas locales.

En términos generales, si se aprueba la ley, las empresas pasarán a ser responsables por los delitos de corrupción realizados en su nombre por sus dueños, gerentes o cualquier otro empleado. En cambio, no serán culpadas si el delito se realiza en beneficio exclusivo de una persona física.

Los delitos castigados serán el cohecho trasnacional, la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Además, por pedidos del Frente Renovador y el bloque socialista, el oficialismo aceptaría incorporar los delitos de trata de personas y aquellos que dañan al medioambiente.