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El diputado nacional goza de fueros parlamentarios pero está cada vez más arrinconado por la Justicia. Conozca las acusaciones más polémicas
05/07/2017 - 13:34hs

Julio De Vido dirigió el Ministerio de Planificación Federal desde el primer día de la presidencia de Néstor Kirchner (25 de mayo de 2003) hasta el último de Cristina (10 de diciembre de 2015).

Hoy ocupa una banca de diputado nacional del Frente Para la Victoria pero mantiene un amplio número de causas judiciales en su contra.

El fiscal Carlos Stornelli pidió su desafuero y solicitó la detención de su exsegundo, Roberto Baratta. El pedido del funcionario judicial se basó en el desvío de fondos en el proyecto de la minera Río Turbio. 

La Oficina Anticorrupción (OA) tiene 21 causas donde querella o monitorea y que vinculan a De Vido con hechos de corrupción. La lista sorprende, ya que va desde la causa Skanska (evasión impositiva y pagos ilícitos), pasando por Belgrano Cargas (causa de oficio, donde también está denunciado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime), hasta la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal (también denunciados Juan Pablo Schiavi y Manuel Vázquez, entre otros) y la ruta del dinero K (acusación con Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre otros). 

La causa por enriquecimiento ilícito que investiga el juez Luis Rodríguez apunta al exministro y a su esposa Alessandra Minnicelli. Allí, De Vido está imputado, lo mismo que en la ruta del Dinero K, donde la orden la pidió el fiscal Guillermo Marijuán

La tragedia de Once, en la que ya fue condenado Ricardo Jaime, lo tiene contra las cuerdas. Está procesado por orden del juez Claudio Bonadio quien lo procesó por "supuesto coautor del delito". 

De Vido también está denunciado en una causa contra Milagro Sala que comenzó la fiscalía de Estado de Jujuy, por supuesta entrega de fondos para obras que ya estaban terminadas. Y está imputado por el fiscal Patricio Evers por la sospecha de sobreprecios en la obra pública de Santiago del Estero a partir del 2005.

Por último, una de las causas más difíciles que afronta el diputado es por la renegociación de contratos ferroviarios entre 2003 y 2012. La investigación tramita bajo el juzgado de Sebastián Ramos.

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