Negocios
Precios en alza y humo negro: la industria del tabaco vive su peor crisis desde 1990
06-07-2017 Al incremento anunciado por Massalin Particulares se le debe agregar el "peaje" que cobran muchos kioscos por vender los productos de las principales tabacaleras. El escenario de encarecimiento permanente empuja a los consumidores a las marcas más baratas o a comprar en el mercado negro
Por Andrés Sanguinetti
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A contramano del manual del "buen vendedor", que aconseja bajar los precios ante una crisis de consumo para poder recuperar mercado, los fabricantes de cigarrillos siguen con la estrategia de subir los valores de los atados a pesar de que en la Argentina cada día se fuma menos, por lo menos en el mercado formal.

De hecho, entre mayo de 2016 y mayo pasado, el consumo de atados se retrajo 12%, marcando el peor escenario desde 1990 para las fabricantes de marcas legales como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, ahora rebautizada British American Tobacco Argentina (BAT).

Ambas vienen perdiendo espacio entre los consumidores debido a una política de ajuste iniciada precisamente hace un año, luego de que el Gobierno decidió incrementar la presión fiscal al sector del 70% al 80% a través del llamado "impuesto interno".

El objetivo era favorecer a las provincias productoras de tabaco con mayores ingresos provenientes de las ventas de cigarrillos, idea impulsada por el Ministerio de Producción a cargo de Francisco Cabrera, y tenía como objetivo sumar otros $1.000 millones al denominado Fondo Especial del Tabaco (FET) que se distribuye entre las siete provincias norteñas dedicadas al cultivo del tabaco: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Catamarca y Chaco.

Sin embargo, ese fondo redujo su nivel de incremento anual de un 52% que logró entre 2014 y 2015, a 30% en 2016.

Y, en paralelo, se generaron otros dos fenómenos que afectaron el negocio de las fabricantes de cigarrillos y cambiaron el foco de los consumidores. Por un lado, la reacción de los consumidores, que implicó una pérdida de ventas de las marcas más caras frente a las más económicas. Y, por otro lado, el traslado de un mayor consumo hacia el comercio ilegal y el contrabando.

Precio internacional, peaje del kiosko argentino
Son hechos que, con los números a la vista, no pueden resultar sorprendentes: en tan solo un año, en el comercio legal se acumulan subas de precios en los atados de 79% -si se considera que entre mayo y diciembre de 2016 la suba fue de 55%, y en lo que va de este año ya lleva otro 15,5%, incluyendo el último retoque del 4% anunciado por Massalin-.

De esta forma, hoy el atado más económico no baja de los $22 (Chesterfield 10 unidades), y el más caro roza los $60 (Virginia Slim, Benson & Hedges o Parliament). En el medio, otra marca con fuerte demanda como el Marlboro Box ya llega a los $54, mientras que el Philips Morris se ubicó en los $51 para su versión Box, y $50 para la King Size.

Pero a estos valores de lista de las tabacaleras hay que sumarles el "peaje" que cobran los kioscos a los consumidores, que puede representar el 20% del precio real del atado pero que, según las marcas y el lugar, también varían en sumas fijas de entre $4 y hasta $10.

Para aplicar estos sobreprecios, los comerciantes argumentan que la mayor presión impositiva al sector también les redujo los márgenes de rentabilidad y que deben "enterrar" una gran cantidad de dinero en efectivo para llenar las cigarreras de sus kioscos sin que el rendimiento en las ventas sea atractivo.

Esto hace que un fumador pueda verse obligado a pagar hasta $70 por un atado de las marcas más caras, como el Virginia Slim, en algunas zonas del país, al sumarse el precio de referencia aplicado por las tabacaleras y el adicional que cobran casi todos los kiosqueros. Dolarizado, se puede decir que un atado ya casi llega a los u$s4 al tipo de cambio de ayer.

Es decir, cada vez más cerca de los valores internacionales como los de Estados Unidos, donde un paquete de Marlboro se paga u$s6,5. En 2014, la misma marca costaba $15,50 o u$s1,90 al valor oficial de aquel momento de la divisa norteamericana, mostrando que se trataba de uno de los países más baratos del mundo para comprar esta marca, teniendo en cuenta los datos que publica el Atlas del Tabaco que todos los años elabora la World Lung Foundation para comparar los valores en dólares.

Humo en crisis
En este escenario, se fuman 1.800 millones de cigarrillos por año, según el último dato del Ministerio de Agroindustria correspondiente a 2016, que representa una retracción de 12% con respecto a 2015.

Esta caída lleva a que la producción de tabaco también haya bajado 15% en la última campaña finalizada en febrero pasado, según un informe de la consultora Economía y Regiones.

Lo mismo ocurre con la elaboración de cigarrillos, que se contrajo un porcentaje similar entre mayo de 2016 y mayo pasado, de acuerdo a indicadores del EMI del Indec, mientras que en el acumulado de este año ya bajó 11,8%. Igual escenario sufrieron las áreas sembradas y cosechadas con una retracción de 20% también según Economía y Regiones.

Y si bien, se trata de un vicio en retracción desde hace ya varios años a partir de las campañas antitabaco que se impulsan desde el propio Estado, el componente de precios en constante alza aceleró la crisis que empezaron a transitar las tabacaleras.

Frente a esta realidad, las dos fabricantes de cigarrillos, Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, comenzaron a advertir que el negocio no se sostenía de la forma en la que se venía llevando a cabo hasta el cambio tributario y que los efectos de la mayor tributación podrían ser negativos para la industria, con posibles suspensiones y cierres de plantas.

En el caso de Massalin cerró una planta de Tucumán, despidiendo a 60 trabajadores, y redujo las operaciones de sus fábricas de Goya, Corrientes; y Merlo, en la provincia de Buenos Aires. En tanto, Nobleza pidió el procedimiento preventivo de crisis ante la necesidad de adecuar su estructura operativa a la nueva realidad del mercado, con despidos y reducción de sus operaciones.

Los procesos de achicamiento comenzaron luego de la profundización de la presión tributaria al sector, hace ya un año. En la actualidad, de un atado de 20 cigarrillos el Estado se lleva el valor de 16 unidades. El resto se distribuye entre los productores, los fabricantes y la cadena de comercialización.

Son cinco los impuestos que gravan la actividad: Fondo de Asistencia Social, Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos. Tres de ellos son específicos. Y en conjunto, en 2016 el Estado recaudó más de $46.000 millones.

El 11% de ese monto vuelve en beneficios a los productores tabacaleros a través del FET, que distribuyó en la última campaña un total de $5.180 millones, de los cuales el 80% se destina directamente a los productores y el 20% restante es retenido por el órgano de aplicación, que lo debe afectar a proyectos de inversión del sector.

El negocio ilegal, en alza
Como contrapartida a este escenario de crisis para las industrias del sector tabacalero, gran parte de la demanda perdida por Massalin y la ex Nobleza se comenzó a trasladar hacia el comercio en negro.

Así se desprende de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el cual se asegura que en el último año el comercio ilegal de cigarrillos creció cerca de 20%. De hecho, en lo que va del año se llevan incautados 21 millones de cigarrillos ilegales que se comercializan bajo marcas como Rodeo, Classic y Eight, entre otras.

Las mismas que en los años 90 también habían puesto en jaque a la industria hasta que las grandes tabacaleras decidieron lanzar sus propios atados de bajo precio como Viceroy o Next que todavía sobreviven, pero cuyos precios ya dejaron de ser económicos en comparación con los que se pueden obtener en el circuito ilegal o trucho.

De acuerdo con el documento de la CAME, el 90% del contrabando proviene de Paraguay. La región del Noreste Argentino (NEA) fue la más afectada. La mayor incidencia se dio en Posadas (Misiones) donde el 53% de los cigarrillos que se negocian allí son ilegales, seguida por Formosa con un 48%. Detrás aparecen Corrientes con un 15% y Resistencia, en Chaco, con un 14%.

También se asegura en el trabajo que hasta el mes pasado se detectaron casi 90.000 puestos irregulares entre saladitas y manteros en la vía pública que comercializan cigarrillos de contrabando en por lo menos 466 ciudades diferentes.

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