"Sería bueno bajarle las expectativas a la reforma tributaria, porque la verdad es que no se puede hacer algo abrupto", admitía la semana pasada una fuente del Gobierno, que participa del debate sobre el proyecto.

Con un déficit fiscal que bajará de manera muy gradual -el objetivo es bajarlo un punto por año, hasta llevarlo al 2,2% del PBI en 2019- la reforma tributaria no va a poder ir a una velocidad mayor.

De hecho, en Hacienda ya se está hablando que podría llevar hasta 5 años implementar los cambios que se propondrán al Congreso una vez que pasen las elecciones de octubre.

La presión tributaria en estos días se ubica en torno al 33% del PBI, según estimaciones privadas que contemplan tanto el peso de los impuestos nacionales, como municipales y provinciales.

El objetivo oficial, de acuerdo con las fuentes del Gobierno, sería bajarla al menos medio punto por año, en los próximos cinco. Quedaría así en torno a los 30,5% del PBI, un nivel levemente inferior al que registran economías como la uruguaya o la brasileña, pero superior a la de Chile, Colombia y México.

Hoy, la presión tributaria está en línea con la que se registra en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero también la mayoría de ellos tienen un nivel de desarrollo mucho mayor al de la Argentina.

La reforma fiscal apuntaría sobre todo a ir acotando la participación de los impuestos distorsivos, como el tributo al Cheque e Ingresos Brutos, y buscar la manera de ampliar la base imponible.

También podría incorporar algunos impuestos específicos, como al negocio de las gaseosas. Pese a las especulaciones, estaría excluido al menos del proyecto que Hacienda le presentó recientemente al presidente Mauricio Macri la incorporación de un impuesto nacional a la herencia.

En gran medida, no obstante, el éxito de la reforma dependerá de la negociación que desde hace algunos meses inició el Ministerio del Interior con los gobernadores.

Y es que Ingresos Brutos representa hoy el 75% de la carga provincial, según explica Nadin Argañaraz, economista de Iaraf. Las provincias exigen que cualquier reemplazo del impuesto no represente en sus arcas un ajuste en los ingresos. Los impuestos provinciales, dice Argañaraz, suman seis puntos y medio a la presión fiscal total, mientras que los municipios son responsables de otro punto.

"La negociación todavía está verde", admitía anteyer el ministro de Hacienda de una de las provincias más fuertes a La Nación. Los tiempos podrían acelerarse -o no- después de los resultados de octubre.