El juez federal Sebastián Casanello ordenó una "inspección y auditoría" para relevar el flujo de dinero y determinar la "posible existencia de cuentas no registradas" o una "doble contabilidad" en la filial argentina de la constructora Odebrecht y otras empresas investigadas en el marco del escándalo del "lava jato".

La medida se dispuso para las empresas que conformaron una unión transitoria, que estuvo a cargo de la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AYSA, desde 2008, según la resolución a la que accedió Télam.

El juez lo dispuso en una de las causas penales abiertas en los tribunales federales de Retiro, con relación al escándalo del "lava jato" brasileño y abarca a las empresas Odebrecht SA sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Casanello ordenó que durante diez días se inspeccione y audite a la UTE conformada y a cada empresa en particular.

La medida se ordenó "con la finalidad de relevar el flujo de dinero; diseñar una estructura de costos y gastos; determinar la posible existencia de cuentas no registradas o de doble contabilidad, asientos simulados, transacciones incorrectamente identificadas o registros incorrectos", según la resolución.

En la causa que investiga si hubo sobreprecios o pago de sobornos en la construcción de plantas potabilizadoras se dispuso también "determinar la existencia de facturación sin prestación efectiva de servicios; verificar la existencia de maniobras que tengan por objeto el fraude fiscal; identificar variaciones del capital, cambios accionarios y de dirección" desde 2008 a la actualidad.