El próximo objetivo de Europa para el mercado de la electrónica de consumo es acabar con la obsolescencia programada.

El Parlamento Europeo pidió a la Comisión que trabaje junto a las diferentes marcas de electrónica e informática para asegurar que los consumidores europeos puedan reparar sus dispositivos de forma sencilla en cualquier proveedor y no solo en los elegidos por las diferentes empresas.

Aunque se trata por el momento de una petición para explorar la situación, esta nueva estrategia podría tener consecuencias importantes en el mercado.

Entre las recomendaciones del Parlamento figuran, por ejemplo, exigir a los fabricantes que permitan extraer y cambiar de forma sencilla las baterías de los productos de electrónica, la creación de una etiqueta europea que identifique productos de fácil reparación o ampliar los periodos de garantía si los productos pasan más de un mes en el taller.

Los consumidores, según el Parlamento, también deberían poder acudir a cualquier tienda de reparación para cualquier producto y, en general, esperar que la vida útil de los dispositivos sea muy superior a la actual.

La medida afectaría a móviles y computadoras, aunque el Parlamento quiere también proteger con ella a los compradores de grandes electrodomésticos con nuevas leyes que impidan a los fabricantes vender productos cuyo rendimiento se vea afectado al poco tiempo de caducar la garantía.

"Tenemos que recuperar la reparabilidad de los productos. Asegurarnos de que componentes como las baterías no estén pegados al teléfono, sino atornillados, de forma que puedan cambiarse en caso de que fallen en lugar de tener que tirar el producto", aseguró el parlamentario Pascal Durand.

Este nuevo esfuerzo, que busca también reducir la cantidad de basura electrónica que se genera en el continente, choca con la tendencia de diseño de los fabricantes de electrónica de consumo, que en los últimos años optaron por diseños cada vez más difíciles de reparar sin herramientas especializadas en un intento de crear productos más ligeros y delgados.

Muchos fabricantes redujeron también recientemente el número de servicios técnicos certificados donde pueden repararse los productos.

Es una medida que no siempre persigue obtener mayores beneficios, sino mayor protección legal -aseguran las marcas- ante posibles futuras averías.

Aún así, los efectos de estas prácticas pueden ser nocivos para los consumidores. En EE.UU. varios estados están estudiando la creación de leyes que protejan estos mismos derechos.

En el estado de Nebraska, por ejemplo, muchos agricultores se quejaron por la imposibilidad de reparar sus tractores debido a limitaciones de software instaladas de forma artificial en los vehículos de última generación.

Son programas que obligan a realizar cualquier cambio de piezas en talleres certificados especializados, muchas veces situados a varias horas de trayecto de las granjas y con una carga de trabajo elevada que obliga a que los vehículos estén inactivos durante mucho tiempo.

La desesperación ha llevado a muchos agricultores a hackear sus propios vehículos, instalando versiones de software que permiten saltarse estos controles.

La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto.

Así, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante, este se torne obsoleto, inservible o no funcione adecuadamente por diversos procedimientos.

El objetivo de esta táctica, que el consumidor vuelva a comprar otro producto, algo que promueve el consumismo irresponsable y que tiene un impacto crítico en el medio ambiente.