La saga del impuesto extraordinario de 15% a las ganancias de las operaciones financieras de dólar futuro sumó un capítulo más: después de vencido el plazo establecido para presentar ante la AFIP el pago de dicho impuesto (28 de junio), algunos de los contribuyentes obligados a tributar decidieron avanzar con la presentación de acciones judiciales en contra de un impuesto que consideran confiscatorio, revelaron fuentes especializadas del sector.

La primera observación que realizan los privados es que la reglamentación reciente del impuesto extraordinario al dólar futuro (Resolución General 4078) contradice la Ley 27.346 sancionada en diciembre de 2016 que originó dicha norma, explica el titular del Consejo de Ciencias Económicas, Humberto Bertazza.

"Lejos de ayudar en la liquidación del impuesto especial que recayó sobre los contratos de dólar futuro, terminó generando serios problemas al momento de la liquidación", sostuvo.

La RG 4078 apareció el 14 de junio estableciendo un plazo para pagar el impuesto especial hasta el 28 de junio, al tiempo que "fijó un criterio distinto al de la ley, ya que la resolución alcanza a los contratos realizados en el 2015 y el 2016, mientras que desde nuestro punto de vista la ley sólo gravaba el período 2016", se explayó el directivo, quien reconoció que por esta diferencia de criterio existen casos próximos a presentarse a la Justicia.

Por su parte, Diego Fernández, gerente General del Rofex (mercado de futuros de dólar de Rosario) coincidió con que "desde el sector privado comenzaron a iniciarse procesos legales en contra de la reglamentación" y agregó: "Se iniciarán también las acciones judiciales producto de las inconsistencias o errores en el aplicativo proporcionado para cargar el pago del impuesto".

A modo de ejemplo, explicó que "el aplicativo sólo toma el cómputo de las operaciones realizadas con Ganancias, no resta las operaciones en donde hubo pérdidas, con lo cual el impuesto de 15% computado sólo a las ganancias hace que el pago total resulte mucho mayor y por lo tanto confiscatorio, porque supera con creces el 50% de la base imponible", entre otros problemas encontrados.

El abogado especializado en impuestos Nicolás Malumián reconoció que está ultimando presentaciones para realizar ante la AFIP y ante la Justicia de parte de "clientes particulares que filmaron ante la presencia de escribano que el aplicativo no funcionaba correctamente,".

Además, agregó que algunos demandantes "pedirán por la nulidad del impuesto; otros, que directamente optaron por no pagar el tributo, iniciarán una cautelar para no abonar hasta tanto se solucione la diferencia; y otros, que prefirieron abonar, realizarán una medida de repetición para recuperar lo que consideran que pagaron de más", según el criterio considerado en la ley.

Consultados desde la AFIP, en tanto, desconocieron la existencia de reclamos de particulares por fallas en el aplicativo.

Sí eran públicamente conocidas las posiciones del sector que sostienen la confiscatoriedad de la norma, pero desde la sanción de la ley y hasta el momento no se habían presentado casos ante la Justicia.

Es que, más allá de las diferencias encontradas entre la ley y la reglamentación, algunos letrados consideran que la ley en sí misma "resulta ya confiscatoria, pues las operaciones con derivados están alcanzadas por Ganancias, al 35%, a lo que debe agregarse el nuevo impuesto del 15%, totalizando un 50% de impuesto", agrega Malumián, en coincidencia con el resto de los consultados.

El punto es que los privados esperaron hasta la aparición de la mencionada resolución para observar cómo finalmente se aplicaba dicha norma, tras lo que resolvieron iniciar acciones legales que se materializarán en los próximos días, según prometen desde el sector.

El impuesto extraordinario de 15% a las ganancias por operaciones de dólar futuro por única vez fue una propuesta originada desde el massismo, que logró llegar al recinto y ser sancionada en diciembre de 2016 , al calor de las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición por la rebaja de Ganancias a los trabajadores.

Los cálculos del momento dieron que el Banco Central había perdido cerca de $54.000 millones por contratos de dólar futuro realizados durante el kirchnerismo con privados que apostaron por una devaluación, previo a las elecciones del 2015, y que finalmente se produjo con el recambio de Gobierno tras la salida del cepo cambiario, a fines de ese mismo año.

La magnitud de la pérdida llevó al plano judicial y político el tratamiento del tema, que se tradujo en la mencionada Ley 27436, aprobada en diciembre de 2016, y en la apertura de causas judiciales efectuadas por el kirchnerismo a miembros del actual Gobierno.

Por último, esta saga tiene un ribete adicional: Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires se mostraron públicamente dispuestas a aplicar el impuesto de Ingresos Brutos a la operaciones de dólar futuro, "de manera permanente y no por única vez", lo cual generó un malhumor en el sector que teme ahora que queden alcanzados otro tipo de contratos de futuros, como el de commodities.